Mariano González Aguirre empieza a perder el control del Congreso del estado y lo anterior quedó demostrado en la pasada sesión extraordinaria, donde el priísta tuvo que conceder una ilegalidad para sumar un voto más en la aprobación del Plan Estatal de Desarrollo, documento que apenas si fue avalado por 15 legisladores cuando se esperaba más respaldo.
Alguien debería decirles a los flamantes diputados locales de Tlaxcala que el exceso de protagonismo mezclado con ignorancia es la peor mezcla que pueden hacer para llevar a cabo su trabajo, tal y como sucedió en la última sesión extraordinaria donde avalaron el Plan Estatal de Desarrollo (PED).
Sin considerar la exhibida que hace unos días Televisa le puso a los diputados tlaxcaltecas de la pasada legislatura por su muy baja productividad, los actuales miembros del Congreso del Estado optaron soltar la lengua sin siquiera detenerse a comprobar si sus dichos y acciones tenían un sustento legal.
Según la norma vigente, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez tenía seis meses para entregar su Plan Estatal de Desarrollo, documento que fue presentado formalmente el pasado 21 de junio, por lo que de acuerdo con lo establecido en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios los diputados lo tendrían que avalar en el pleno, lo cual sucedió pero los legisladores se excedieron al adicionar un apartado delbpara obligar al gobierno del estado a rescatar, concluir y poner en funcionamiento La Plaza Bicentenario.
La propuesta realizada por el ex gobernador panista y hoy legislador del PAC Héctor Ortiz Ortiz aunque puede estar justificada, carece de legalidad porque no existe una ley reglamentaria que establezca que los diputados locales tienen facultados para adicionar o modificar el Plan Estatal de Desarrollo, de ahí que los legisladores violaron la ley.
Y lo que resulta grave, es que en el afán de obtener el voto de Héctor Ortiz para lograr la mayoría mínima que se requería para la aprobación del PED, el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, el priísta Mariano González Aguirre aceptó esa adición cuando fue el gobierno de su papá el que decidió y ordenó que La Plaza Bicentenario fuera marginada y olvidada.
No quiero imaginarme cual fue la reacción del hacendado Mariano González Aguirre cuando se enteró que su hijo permitió y pactó desde el Congreso del Estado una adición ilegal al Plan Estatal de Desarrollo para obligar al actual gobernador a rescatar el mencionado inmueble que hoy luce en ruinas.
Lo que también me parece lamentable, es que los diputados del PRI hayan aceptado la anterior ilegalidad y la diarrea verbal que padecieron en la pasada sesión extraordinaria algunos diputados como Alberto Amaro Corona, Guadalupe Sánchez Santiago, Carlos Morales Badillo y Jesús Portillo Herrera.
Todos lanzaron críticas al plan en el sentido de que es un documento limitado, de buenas intenciones y con múltiples contradicciones que no detalla inversión ni plazos para que las acciones de la actual administración se concreten.
Sin embargo, habría que recordarles que un Plan Estatal de Desarrollo tiene la característica de ser un documento conceptual que incluye las ideas generales de lo que se pretende hacer y son los programas los que detallan los tiempos, la inversión y las metas específicas que se pretenden lograr.
No estoy defendiendo el PED del actual gobernador ni diciendo que es un documento que cumple con las expectativas de los tlaxcaltecas, sino simplemente menciono que el plan se ajusta a los requisitos legales.
Un plan debe entenderse como un modelo sistemático de ideas que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla.
Pero es obvio que para el perredista Alberto Amaro este concepto no aplica para el Plan Estatal de Desarrollo del gobierno de Mena Rodríguez, ni para los legisladores panistas Guadalupe Sánchez y Carlos Morales, quienes en su papel de opositores destrozaron el documento con la clara intención de promoverse rumbo al 2018.
La hija del ex gobernador Emilio Sánchez Piedra, la ex priísta Guadalupe Sánchez se quejó que el mandatario violó los artículos 252 y 253 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala, lo cual no sucedió porque hasta donde se sabe el PED no ha sido publicado en el Periódico Oficial y omitió decir que el documento si se recibió en tiempo según el artículo 251 de ese mismo código.
La panista se quejó de que el PED fue presentado con retraso a casi seis meses de iniciada la actual administración, pero alguien no le avisó que dos gobernadores de su partido el de Tamaulipas y Chihuahua, los mandatarios Francisco García Cabeza de Vaca y Javier Corral Jurado, respectivamente, hicieron lo propio pero a siete meses de arrancadas sus gestiones, lo cual quiere decir que en Tlaxcala se cumplió con el plazo legal y no hubo una violación.
Si un ex gobernador hoy metido a diputado local alentó la violación a la ley al proponer una adición al PED, no quiero imaginar que habría pasado si esa grandiosa idea se habría compartido con otros legisladores antes de la sesión extraordinaria. Lo más seguro es que algún otro diputado hubiera propuesto agregar una portería más al estado Tlahuicole para verse más modernos ahora que ya tenemos un equipo en la liga de ascenso del futbol mexicano. O no.