El malestar hacia el liderazgo de Blanca Águila es real y nadie en su sano juicio puede apostar que su reelección como dirigente del sindicato de Sesa está garantizada, por lo que el secretario de Salud en Tlaxcala, Alberto Jongitud Falcón, debería ser más prudente porque su abierto respaldo a la ex líder del PRI le puede provocar problemas.
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Si alguien debe estar preocupada por la posibilidad de perder su último coto de poder es la actual dirigente de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Blanca Águila Lima, pues el malestar hacia su gestión es evidente así como los excesos en que incurrió durante su gestión para beneficiar a sus incondicionales, amigos y familiares.

La ex presidenta municipal de Zacatelco difícilmente puede negar que ha beneficiado a María del Carmen Cortés Águila, Daniel Cortés Águila, a su novio Abel Amparo Romero, a su hermana María del Carmen Águila Lima y a su sobrino Alfonso Águila, quien siendo menor de edad ya tiene una plaza federal.

Hoy la realidad de la ex líder estatal del PRI es otra y su desgastada figura ya no convence ni intimida como sucedía hace algunos meses cuando gozaba del manto protector del gobierno de Mariano González Zarur.

Ahora, Águila Lima recurre a la intimidación luego de que su estrategia de inflar el padrón de trabajadores fuera evidenciada y por lo tanto cancelada por ser ilegal.

Resulta que hace unos días ante los representantes nacionales del sindicato, la diminuta mujer operó para que se permitiera votar a personal directivo y administrativo de los hospitales, anomalía que fue detectada por su adversario Daniel Romero López, quien con documentos en mano demostró que era ilegal y que la actual dirigente pretendía cometer un fraude al tratar de obtener sufragios que no estaban permitidos.

La queja del ex colaborador y ex amigo de Blanca Águila fue aceptada y tras una revisión fueron dados de baja más de 300 personas que ya habían sido incorporadas al padrón cuando no tenían nada que ver con el sindicato, por lo que el próximo 24 de julio se espera que participen en las elecciones poco más de 5,400 trabajadores que ese día podrán mostrar su hartazgo.

Pero decir que la aún dirigente del sindicato que busca su reelección está sola sería falso, pues el actual secretario de Salud, Alberto Jongitud Falcón, le está facilitando las cosas para que Águila Lima realice sus actos de proselitismo, situación que le puede salir muy cara si es que Daniel Romero gana las elecciones.

Blanca Águila puede llegar a cualquier centro de trabajo de la Secretaría de Salud de Tlaxcala y frenar las actividades para que los miembros al sindicato puedan acudir voluntariamente a fuerza a escuchar sus propuestas, lo cual no se permite al ex director del Hospital Infantil de Tlaxcala que también anda en campaña.

Los mejores tiempos de esa regordeta mujer ya pasaron y sólo faltan doce días para comprobar si la era de los excesos en el sindicato de trabajadores de la Secretaría de Salud llega a su fin.

Y ya que hablamos de mujeres, resulta grotesco leer el informe del primer semestre que presentó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Elsa Cordero Martínez, quien avaló y aplaudió el revés que los diputados locales del PAN, PRD, PT y Morena le dieron al Poder Ejecutivo sobre el manejo de los ajustes trimestrales, pues la ambiciosa magistrada ya se frota las manos para disponer de otros 20 millones de pesos que podría recibir.

Aunque presume que cumple con los requerimientos de transparencia, Cordero Martínez debería informar el número de plazas que ha entregado a magistrados y a sus incondicionales para que la respalden, los gastos médicos que autoriza a sus consentidos y que no se ajustan a los lineamientos aprobados, así como las quejas sobre acoso sexual que existen sobre un miembro del Consejo de la Judicatura y sobre la presión que ejerció para que le pudieran comprar una camioneta digna de ella.

Si tanto presume de encabezar una administración transparente en el Poder Judicial, ojalá la magistrada se anime, junto con los demás miembros del pleno del TSJE y del Consejo de la Judicatura, a presentar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, porque es muy fácil presumir de algo cuando en realidad se hace todo lo posible por ocultar sus excesos.