Los magistrados marianistas que llegaron al Poder Judicial gracias a que el ex gobernador Mariano González Zarur los impuso en esa responsabilidad, están más que dispuestos a controlar el Tribunal Superior de Justicia y desde ahora trabajan para dejar en la presidencia a Héctor Maldonado Bonilla, quien podría ocupar esa posición que dejará en unos meses Elsa Cordero.
Cuando la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Elsa Cordero Martínez, suplicaba el respaldo de magistrados, jueces, periodistas, funcionarios y todo aquel que ella pensaba que la podía ayudar para lograr el cargo que hoy desempeña, siempre usaba el argumento de que ella terminaría con la corrupción que imperaba en el Poder Judicial, sin embargo los meses han pasado y las cosas siguen igual o peor.
Lo malo para la soberbia magistrada es que en su afán de controlar y comprar lealtades ha permitido abusos de ciertos personajes que en los últimos meses han dañado a los trabajadores de Poder Judicial, quienes han acumulado los expedientes que pronto se darán a conocer y que documentarán la corrupción y cómo la justicia en Tlaxcala se vende al mejor postor.
Y como la impoluta Elsa Cordero no aceptará la responsabilidad de los excesos que existe en el TSJE, lo más seguro es que buscará culpables para tratar de limpiar su nombre y su gris trayectoria como magistrada.
Para nadie es desconocido que los familiares de los magistrados y de la misma presidenta del Poder Judicial han maltratado a jueces, secretarios de acuerdo y a otros trabajadores, quienes han observado los excesos en que incurren sus jefes sin que nadie les ponga un freno.
Por ejemplo, Judith Márquez, encargada del reloj checador, le gusta tratar con la punta del pie al personal del TSJE, por el simple hecho de tener una relación cercana con Elsa Cordero. Otra que se siente influyente es un contadora de nombre Julieta, quien por ser cuñada de la magistrada Leticia Ramos le da por hacer lo que quiera sin el mínimo temor de recibir una represalia.
Esos malos tratos y las marcadas preferencias hacia ciertos funcionarios del TSJE, motivaron a crear los expedientes negros del Poder Judicial de Tlaxcala. Pronto le diremos quiénes son los jueces que por una lana pueden facilitar o complicar una custodia de un menor, o de aquellos juzgadores que tras recibir un buen estímulo pueden bajar la pena a unos menores de edad que estuvieron involucrados en un homicidio.
También documentaremos como Elsa Cordero ignora los lineamientos para el pago de servicios médicos siempre y cuando involucren a funcionarios consentidos, como es el caso de Emilio Treviño Andrade, quien aunque no lo crea a mediados de mayo ya había utilizado los 60 mil pesos a los que tiene derecho.
Sin embargo, en un escrito que Emilio Treviño presentó al Consejo de la Judicatura el pasado 24 de mayo, el abogado argumentó que un dependiente económico suyo tiene hipertensión, pre diabetes, hipertiroidismo, artritis, osteoporosis y otros padecimientos más que motivaron el gasto de los 60 mil pesos, de ahí que solicitó una ampliación a la mencionada prestación, misma que le fue autorizada hace un par de semanas sin ninguna complicación, lo cual no sucede con ningún otro trabajador de ese poder.
Otro que también logró una rápida autorización para disponer de casi 50 mil pesos fue el magistrado Héctor Maldonado Bonilla, quien según él necesita esos recursos para pagar una intervención quirúrgica de un familiar cercano.
Una más que ha contribuido al mal ambiente en el Poder Judicial es Georgette Pointelin González, Directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa, quien tras ser despedida como delegada de la PGR fue incrustada en el TSJE, desde donde se ha empeñado en mostrar su arrogancia y prepotencia.
Le gusta sentirse jefa y sin tener atribuciones legales le da por reunir a los jueces, a quienes pretende dar instrucciones sobre mediación, lo cual resulta absurdo porque ella es una abogada que no está certificada en esa materia.
No cabe duda que hoy el Poder Judicial de Tlaxcala vive uno de sus peores momentos.
Finalmente, le cuento que las constantes riñas que se han registrado en los últimos días en el Cereso de Tlaxcala están relacionadas a presuntos actos de corrupción que estarían siendo alentados por Jesús Herrera, director general de los Centros de Readaptación Social del estado.
Según los reclusos, al interior de la cárcel de Tlaxcala se ha multiplicado el pago de cuotas, como aquella que se cubre para que las autoridades de ese penal permitan el ingreso de televisores, situación que en las últimas semanas se incrementó sin ningún control, lo cual generó la protesta que terminó en una pelea campal de los internos.
Pese a esas anomalías, Jesús Herrera no sólo se muestra seguro de permanecer en el cargo, sino que dice que podría asumir un puesto de mayor relevancia en el gobierno del estado, pues según él la Comisión Estatal de Seguridad Pública que controla Hervé Hurtado Ruiz está de cabeza y es probable lo que nombren como titular de esa dependencia que requiere mano dura e inteligencia. Será.