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El combate a la corrupción es un asunto mediático

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No existe ninguna acción o elemento que haga pensar que en Tlaxcala se empezará a castigar la corrupción, pues hay claros ejemplos de que en el estado prevalece la impunidad. Hay ex alcaldes que enfrentan serias denuncias por presuntos malos manejos, pero el procurador Tito Cervantes Zepada no sólo se muestra lento, sino desinteresado para integrar esos expedientes.

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El combate y castigo a la corrupción en Tlaxcala es un asunto mediático.

A las autoridades y diputados tanto locales como federales les encanta hablar sobre posibles casos de corrupción, pero es obvio que no hacen nada para llevar a la cárcel a los probables responsables de esas conductas ilícitas.

De que sirve que el diputado local Enrique Padilla Sánchez informe sobre las investigaciones que inició el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado en torno a comprobar malos manejos en la Secretaría de Salud y en la Universidad Politécnica de Tlaxcala, cuando de antemano se sabe que esas indagatorias no llegarán a ningún lado.

Isabel Maldonado Textle, auditora general del OFS forma parte del sistema que simula el combate a la corrupción en Tlaxcala, pues antes de asumir -1 de noviembre del 2016- la titularidad de ese órgano se desempeñó por unos meses como encargada de despacho, tiempo en que avaló los dictámenes de las cuentas públicas de la Secretaría de Salud y de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, por lo que dudo que hoy vaya encontrar anomalías financieras o administrativas.

No quiero decir que  la denuncia de la empresa Mavi de Occidente S.A de C.V. contra servidores públicos de la Secretaría de Salud y del gobierno estatal carezca de elementos, ya que nadie puede negar el favoritismo que existió en la administración de Mariano González Zarur para asignar contratos a empresas ligadas a sus intereses o de ciertos funcionarios consentidos.

Los representantes de la mencionada empresa entregaron el pasado 4 de junio al Congreso del estado una queja donde detallan la operación de una red de corrupción que estaría ligada al ex contralor del Ejecutivo, Hugo René Temoltzin Carreto.

Usando su cargo y con la complicidad de Stefano Pierluigi Capasso Gamboa, contralor interno de la Secretaría de Salud, favorecieron a la empresa Proveedora de Artículos de Curación y Laboratorio S.A. de C.V. con contratos que alcanzaron casi los 160 millones de pesos, misma que se presume tiene nexos con los familiares de la esposa de Hugo René Temoltzin.

Quizá Temoltzin Carreto obtuvo la idea de hacer este tipo de negocios millonarios de Roberto Romano Montealegre, quien como titular de la Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda entregaba obras a su hija Leticia Romano.

La empresa de Leticia Romano Torsal S.A. de C.V fue encargada de varias obras, entre ellas de la remodelación de la Casa de Gobierno y de otras más que le implicaron un negocio redondo durante la pasada administración.

Lo grave de este caso es que tanto el Órgano de Fiscalización Superior como la Auditoría Superior de la Federación se percataron de esa irregularidad, pero al final no hicieron nada y permitieron que esa red de negocios y complicidades siguiera operando bajo las órdenes del hacendado Mariano González.

Con estos antecedentes usted cree que Isabel Maldonado encontrará algún culpable de la supuesta investigación que realiza en la Secretaría de Salud, honestamente creo que no y al final el caso se quedará en los medios de comunicación como sucede siempre.

El combate a la corrupción en Tlaxcala es un mito.