Los diputados locales optaron por aprobar sin ningún cambio la reforma constitucional que el gobernador Marco Mena envió para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, situación que confirma que ese nuevo esquema quedará bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo.

2

Muy caro pagará el PAN el tener diputados locales sin fuerza, sin oficio y sin presencia mediática, porque su oposición al Sistema Estatal de Anticorrupción resulta hipócrita y carente de un argumento que les permitiera desacreditar las reformas que ayer fueron aprobadas.

La presencia de los diputados panistas en los foros convocados por el Congreso local para analizar los alcances del mencionado sistema fue casi nula, pues si acaso sólo se vió a Juan Carlos Sánchez «El Saga», porque los demás brillaron por su ausencia.

Además, los legisladores del PAN tuvieron por lo menos 15 días para inconformarse mediáticamente contra la iniaciativa de reforma constitucional que envió el gobernador Marco Mena para integrar el Sistema Estatal de Anticorrupción, de ahí que resulta extraño su actitud de oponerse a los cambios porque según ellos no se otorga autonomía al Tribunal de Justicia Administrativa y porque los contralores internos de los organismos autónomos serán designados por el Congreso del estado.

El PAN bajo el mando del gris Carlos Morales Badillo dejó de tener fuerza en el Congreso y el PRI junto a sus aliados, donde también ya se incrustó el PRD con Alberto Amaro Corona a la cabeza, ha aprovechado esa circunstancia para sacar adelante nombramientos y reformas legales sin que le implique un mayor costo económico y político.

Ejemplos de lo anterior fue la designación del presidente de la Comisón Estatal de Derechos Humanos y el Sistema Estatal Anticorrupción, pues aunque el PAN pretendía quedarse con la primera posición simplemente no pudo ni dio ninguna pelea para lograrla, mientras que en el segundo tema la postura de los legisladores es hipócrita.

Los panistas están acostumbrados a mostrar un falso interés por combatir la corrupción, toda vez que en esta legislatura hay evidencias de que la diputada Guadalupe Sánchez Santiago ha tratado de intervenir para que varios ex alcaldes del PAN acusados de malversar recursos públicos obtengan facilidades para justificar las observaciones y pudieran entregar de forma extemporánea sus cuentas públicas.

A diferencia de las dos últimas legislaturas donde el PAN tenía fuerza y presencia que obligaba al PRI a negociar, en la actual los diputados de esa expresión política no sólo se ven inexpertos, sino timoratos, características que el PRI ha aprovecho al máximo.

Por lo que respecta al Sistema Estatal Aticorrupción, me parece que nace cuestionado y sin el respaldo social que se requiere para que los ciudadanos crean en el.

Incrustar el Tribunal de Justicia Administrativa al Poder Judicial me parece un grave error, porque si hay un lugar donde pulula la corrupción es en esa instancia que hoy está bajo el control de la magistrada Elsa Cordero Martínez.

Otro error es que a ese tribunal llegará el actual magistrado presidente de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Elías Cortés Roa, quien tampoco goza de un pasado ejemplar.

Tendrán que pasar unos días para saber quiénes serán las otras dos propuestas para integrarse a ese tribunal como magistrados, así como para saber el nombre de la persona que se convertirá en fiscal anticorupción y los miembros del Consejo Ciudadano que vigilará la aplicación de la norma y los integrantes del Consejo Coordinador que pondrán en marcha el sistema.

Veremos si los nombramientos son los correctos y los idóneos, porque sino el sistema no sirvirá de nada.