Mientras Elsa Cordero Martínez siga solapando la corrupción en el Tribunal Superior de Justicia del Estado difícilmente los tlaxcaltecas podremos tener derecho a la justicia, porque hay muchos elementos que demuestran que en Tlaxcala lo que prevalece es la impunidad que tanto lastima a los ciudadanos.
Al enorme rezago que existe en la ejecución de órdenes de aprehensión y la inoperancia de la Policía de Investigación, hay que sumar el ineficiente trabajo que realizan algunos jueces penales para entender por qué en Tlaxcala prevalece la impunidad.
Nadie sabe las razones por las cuales el gobernador Marco Mena aún no designa al nuevo subprocurador de Justicia, pues aunque el poblano Víctor Pérez Dorantes ya presentó su renuncia a ese cargo, éste sigue operando junto con el nefasto César Maza, jefe de la Policia de Investigación, para entorpecer el trabajo al interior de la Procuraduría General de Justicia en el Estado.
Esa dupla en complicidad con algunos jueces penales recurren a su conveniencia para agilizar o entorpecer la impartición de justicia.
Los flamantes y bien pagados miembros del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado deberían darse una vuelta por el Juzgado Primero Judicial de Sánchez Piedras donde despacha la influyente juez Olivia Mendieta, para que comprueben las inconsistencias jurídicas que existen en algunas de sus actuaciones.
Resulta que un número importante de consignaciones o determinaciones realizadas por agentes del Ministerio Público con base en el pasado sistema penal son obstaculizadas por Olivia Mendieta al negar las órdenes de aprehensión basándose en un razonamiento del Juzgado Tercero de Distrito, que se refiere a un asuntos específico y no representa una Tesis o Jurisprudencia para que se pueda hacer válido a otros casos.
Por esa azón, es sorprendente que unas órdenes de aprehensión si las autorice y otras las deseche con el mencionado argumento. Dicen que para lograr el visto bueno de esa juez es necesario entregar un estímulo económico, porque de lo contrario regresa los expedientes al Ministerio Público al señalar que ya no es competente para conocer del asunto, pese a que las actuaciones demuestran que la denuncia fue presentada en cuando se encontraba en vigor el sistema de justicia penal pasado.
El número de ligitantes que se queja por el proceder de la juez Olivia Mendieta crece cada semana, de ahí que la impartidora de justicia asume actitudes prepotentes al tratar de intimidar a abogados que se encuentran en el juzgado sólo por el simple hecho de haber promovido un amparo para frenar sus presuntos abusos.
En más de una ocasión la juez ha optado por correr a litigantes que están presentes en alguna diligencia pública con el propósito de exhibirlos ante las personas que estan en las instalaciones.
Además, el personal de ese juzgado ha sido intimidado para que haga lo que ella ordena, porque de lo contrario asegura que los puede despedir sin ningún problema, pues presume ser amiga íntima de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Elsa Cordero Martínez.
Este amalgama de corupción, complicidad, negligencia e ineficiencia hacen imposible la imparticición de justicia en Tlaxcala.
Y me explico, la Policía de investigación perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Estado al mando de César Maza sigue sin dar resultados. Es conocido que hasta hoy sólo se ejecutan órdenes de aprehensión solicitadas por los juzgados penales del sistema tradicional si éstas son autorizadas por el mencionado comandante.
Si este personaje no da su aval la orden de aprehensión simplemente no se puede llevar a cabo aún teniendo ubicado al probable responsable. César Maza y los miembros de La hermadad son los únicos encargados de ejecutar ese tipo de ordenamientos legales, porque según cuentan obtienen un beneficio económico.
Usted puede preguntar si otro comandante de la Policia de Investigación ajeno a la influencia de La Hermandad puede detener a un probable culpable y verá que la respuesta es no.
Se tiene conocimiento que desde diciembre a la fecha el número de órdenes de aprehensión ejecutadas y puestos a disposición ante el juez penal ha sido escaso, pues son entre seis a ocho personas por juzgado dando un total de 32 probables detenidos.
De esos detenidos, un número importante logró su libertad porque prescribió el delito por el cual fue acusado, situación que hizo imposible la impartición de justicia porque en Tlaxcala lo que gana es la impunidad.
Con esos jueces y policía investigadores para que queremos enemigos, o no.