El nuevos sistema estatal anticorrupción se sumará a las leyes que existen pero que son letra muerta. Los diputados aprobarán ese marco legal para cumplir con el plazo legal, pero difícilmente se logrará la aplicación de esa norma. Hoy hay claros ejemplos de corrupción y simplemente nadie hace nada.
Se puede tener una ley que sancione la corrupción, pero si no existe voluntad de aplicarla las cosas seguirán igual o peor.
Aunque Tlaxcala forma parte de los 16 estados que registran un atraso en la implementación de un Sistema Local Anticorrupción, lo más seguro es que antes del 18 de julio cumpla con esa obligación legal.
En el Congreso del estado se llevan a cabo los foros para obtener propuestas que permitan conformar una ley anticorrupción, mismos que han sido desairados por la sociedad que desde ahora desconfia de los alcances y resultados de una norma que ya aprobada se convertirá en una quimera en Tlaxcala.
Resulta tonto que el Poder Legislativo convoque a la participación para hablar de corrupción y que sea en una sesión pública del Congreso local donde el diputado perredista Alberto Amaro Corona acuse a sus compañeros de corruptos al ceder a tentaciones monetarias para legislar.
Si los que van aprobar la ley son corruptos, entonces el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala tendrá múltiples deficiencias e incosistencias.
Hay diputados locales que hoy pretenden mostrarse como honestos y transparentes, pero que cuando se desempeñaron como servidores públicos cometieron excesos y violaron la ley.
Hace un par de dias, el diputado priista Ignacio Ramírez Sánchez declaró que «La gente está cansada de los Padrés y los Duartes, la sociedad cada vez menos cree en los políticos, ya no cree en la clase política y tampoco cree en las instituciones”.
«Los que no cumplan con la rendición de cuentas y la transparencia tendrán que recibir un castigo severo y ejemplar ese es el reto del Sistema Estatal Anticorrupción que debe tener dientes”.
Pero se le olvida que cuando en el 2015 se desempeña como titular de Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala fue captado en Huamantla colocando en horario laboral propaganda de la candidata del PRI a la diputación federal por el distrito uno, Rosalinda Muñoz Sánchez.
Un caso más patético es el de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Elsa Cordero Martínez, quien ayer participó en un foro en el Congreso del estado y luego aprovechó la presencia de los medios de comunicación para quejarse nuevamente de la falta de recursos en el Poder Judicial.
La caquetona magistrada mencionó que al no recibir los fondos de los excedentes petroleros el TSJE dejará de captar 20 por ciento del total de recursos que tenía previsto administrar, sin embargo lo que no dice es que cuando ese dinero llegaba a sus manos lo utiliza para financiar excesos de los funcionarios que le son fieles.
Si es tan honesta ojalá ponga a disposición de la opinión pública los gastos médicos que ha pagado el TSJE desde que asumió la presidencia, pues se comprobará que hay inconsistencias como la cobertua de ciertos arreglos estéticos que una ex integrante del Consejo de la Judicatura se realizó en una clínica poblana que pronto documentaremos.
Así de coruptas están las cosas en Tlaxcala, pero eso sí, en julio tendremos nuestro sistema estatal anticorrupción que podremos presumir que es de avanzada.