Mientras en Tlaxcala y a nivel nacional no exista un sistema anticorrupción que sea efectivo, seguiremos viendo casos de gobenadores, alcaldes y familiares de políticos que de la noche a la mañana dejan la medianía para mostrase como prósperos hombres de negocios.

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La corrupción nos guste o no es el sello característico que han tenido en los últimos años los gobiernos tanto estatales y municipales, situación que resulta preocupante porque la simulación que existe para castigar esa práctica es más que evidente en Tlaxcala.

Ejemplos de esa práctica tan arraigada en nuestro estado hay varios, pues bastaría ver como los ex alcaldes dejaron a los ayuntamientos que gobernaron y la forma en que hoy viven los ex funcionarios marianistas.

Hoy que en Tlaxcala hay nuevas administraciones tanto en el ámbito estatal como municipal, urge que las autoridades hagan públicas sus declaraciones patrimoniales, de conflicto de intereses y la fiscal, porque al menos sería un avance que generaría cierta confianza entre los ciudadanos que están cansados de ver como los gobernadores y alcaldes dejan sus cargos después de acumular una riqueza inexplicable.

En la actualidad hay evidencias de que la clase política simula sobre el combate a la corrupción. Los tres senadores y los tres diputados federales con que cuenta Tlaxcala en este momento han informado de manera parcial su situación patrimonial y esconden sus declaraciones de conflicto de intereses porque algunos saben que imponen a la empresa constructora que se encagará de ejecutar las obras que «gestionan».

Hay pruebas claras de que una senadora y una diputada federal se han beneficiado con los recursos públicos que tramitan ante el gobierno federal para llevar a cabo ciertas obras, para lo cual sólo imponen al constructor de su absoluta confianza. A ambas les encanta presumir que son honestas y que están dispuestas a combatir la corupción.

Un caso emblemático de esa doble moral, es el de la senadora perredista Lorena Cuéllar Cisneros, frustrada ex candidata al gobierno del estado. Para nadie es un secreto que su yerno Fernando Lucio Celis se ha convertido en el empresario constructor de la impoluta expriísta.

El mencionado personaje laboraba como chofer en el ayuntamiento de Tlaxcala cuando Cuéllar Cisneros era la alcaldesa de la capital. Su único mérito para dejar ese puesto fue enamorar a la hija mayor de la hoy senadora, porque con el paso de los años su situación económica limitada cambio a una de bonanza y prosperidad.

Fernando Lucio Celis fue el constructor que realizó la mayor parte de la obra pública que se ejecutó en los últimos tres años en el municipio de Amaxac. Voraz y hoy acostumbrado a vivir entre lujos, el yerno de la influyente senadora se quedaba con todo el pastel y dicen que no regalaba ni una migaja porque su protectora así lo ordenaba.

Vaya, era tanta la ambición del yerno incómodo que en la pasada campaña para gobernador fue encargado de contratar algunos servicios de publicidad y tuvo el descaro de pedir mochada por la inversión que realizaría su suegra. Así vamos a trabajar una vez que Lorena Cuéllar despache en el Palacio de Gobierno, por lo que es mejor que se vayan acostumbrando, habría dicho ese personaje al proveedor que sólo encogió los hombros.

Un caso similar es el de la diputada federal panista Minerva Henández Ramos, quien sin el menor recato condiciona la empresa constructora que hará la obra etiquetada en los municipios donde decidió bajar recursos.

El encargado de esa empesa es Saúl Gutiérrez, hombre de todas las confianzas de la ex perredista que hoy busca ser candidata del blanquiazul al Senado de la República.

Senadores y diputados gozan de impunidad y forman parte de esta novela de complicidades, donde el ciudadano siempre es el que termina jodido porque al final es al que se chingan.