Y comienzan a aparecer los probables responsables, como parece ocurrir con Enrique Zempoalteca Mejía, juez municipal que conseguiría una formalidad a medias
Desde inicios de año, un juzgado federal suspendió la construcción de una alberca y otras instalaciones deportivas, conocidas como Unidad Deportiva Carlos Castillo Peraza, con una inversión superior a 25 millones de pesos, ubicada en un predio de San Hipólito Chimalpa, a un costado del rastro municipal.
Pero el ayuntamiento de Tlaxcala no acató dicha orden. Al contrario, siguió con los trabajos, pasando por alto que al menos tres particulares reclaman ser los legítimos propietarios del terreno, uno de los cuales tendría incluso la autorización de demoler.
Dos de los reclamantes son el ex subprocurador de justicia, José Juan Temoltzin Durante, y el actual diputado local panista, José Gilberto Temoltzin Martínez.
Sabemos que ese terreno fue entregado entre otras propiedades a la familia Temoltzin a cambio de una vasta extensión en una zona suburbana de Santa Ana Chiautempan, donde hoy se asienta la Colonia El Alto. A esa propiedad le dieron un carácter social y con el tiempo se convirtió en uno de las principales concentraciones del municipio sarapero.
Respecto a la unidad deportiva Carlos Castillo Peraza, la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuenta ya con una detallada investigación.
De los primeros resultados, según nos enteramos, el responsable de haber presentado al ayuntamiento de Tlaxcala como legítimo propietario de dicho predio en Chimalpa, sería el actual juez municipal, Enrique Zempoalteca Mejía.
En un desordenado pero abundante expediente quedó de manifiesto la intervención del alcalde, Adolfo Escobar Jardínez, para adquirir el predio donde construiría la unidad deportiva. Pero la propiedad solo sería acreditada con un convenio entre particulares, pese a las formalidades que debía cumplir para poder recibir la cuantiosa inversión a través de la Comisión Nacional del Deporte (Conade).
Es ahí donde intervendrían los ¿buenos?, oficios de Zempoalteca Mejía, para fraguar un acto probablemente de carácter fraudulento. Eso depende de las investigaciones de la ASF.
Pero en este lío también salió a flote que en una ilógica decisión, el edil capitalino tendría la intención de remover a la síndica municipal, Katy Verónica Valenzuela Díaz, uno de los tantos factores en desacuerdo con la adquisición irregular del terreno que tantos problemas ha dado, y que forma parte de una interesante colección de temas susceptibles de hurgar.
¿No que no hay dinero para Huamantla?
Es que el gobierno estatal a veces gasta en temas de escándalo. No hubo voluntad siquiera de prestar las vallas de acero para proteger algunas zonas en la Noche que nadie duerme, pero qué tal le paga a horrible guarura dedicado a proteger la integridad del señor diputado electo por el décimo distrito (PRI-Panal) Ignacio Ramírez Sánchez.
A lo mejor no tiene tan limpia la conciencia que aun sin ser parte de una legislatura vigente ya ocasiona un gasto a la administración estatal.
Es probable que, siendo Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Cofeprist) haya cometido agravios en contra de decenas o tal vez cientos de particulares, con la pésima suerte de haber caído en sus manos.
Su amigocho y protector de entonces, junior, es hoy junto con él ni más ni menos que la nueva generación de representantes del Pueblo. O sea, ustedes se imaginan a estos remedos de pirrurris batiéndose a muerte en defensa de los intereses de los tlaxcaltecas. Bueno eso es parte de lo inexplicable.
Me parece un poco extraño que la contratación de custodios personales, por cierto recién cacareada aquí en Tlaxcala por el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia –en compañía del señor manchis- haya derivado una serie de recomendaciones a los funcionarios de este gobierno en agonía.
A mayor abundamiento (así dicen los abogados mamones) tras considerarse persona no localizada al director de adquisiciones del gobierno estatal, Jorge Capiz Jasso, la superioridad mandó el mensaje: “cuídense muchachos porque los peligros en contra nuestra son inminentes”.
Dos cosas
El aparatoso diputado electo –no en funciones- Ignacio Ramírez Sánchez, trae guarura desde antes que ocurriera tan desagradable evento, como fue la desaparición de Capis Jazzo.
Debe aclarar, antes de asumir, quién autorizó el recurso para pagarle su guarura. Y devolver el dinero porque en este momento no es justificable.
La otra; nos dicen que es probable que Capiz Jasso ya se encuentre en su casa. Ojalá la procuradora Alicia Fragoso Sánchez, emita un posicionamiento de la institución porque este terrible acontecimiento no solo tiene inquieta a la clase en el poder sino en general a todos los tlaxcaltecas, por el gravísimo nivel de inseguridad.