Suena más a un negocio cortoplacista que al verdadero deseo de figurar entre aquellos y aquellas con años acumulados de experiencia.
Si a los empleados de la Semarnat, de la Conagua y del INAH les hubiesen dado a escoger, seguro habrían preferido emplear su dinero en cosas menos improductivas que comprar boletos para la cena de recaudación de fondos de una campaña política.
Fueron mil boletos con un costo de mil pesos cada uno que irán a dar a la cuenta de una ex diputada federal quien por cierto, omitió enterar de esta hábil acción de financiamiento a las autoridades electorales.
A lo anterior hay que sumar la promoción de su imagen y la permanencia de fotografías espectaculares a lo largo y ancho de la entidad.
Según se aprecia, estas acciones se están dando con plena conciencia y siempre ubicadas en el filo de la navaja, pues para muchos esos actos son claras violaciones a la ley y para otros se encuentran dentro del estado de derecho.
Quienes suponen que en la política se avanza mediante el descontón impune y que las campañas pueden iniciarse anticipadamente, pueden llevarse una sorpresa si prosperan las quejas o denuncias que se presenten por esos hechos.
Por lo tanto, la cena de financiamiento con mil boletos de mil pesos, enjaretados a empleados federales, contiene tantas faltas jurídico-electorales que resulta ocioso abordar cada una de ellas.
Pero no es el único caso, pues nadie podrá negar que la alcaldesa de la ciudad capital, Lorena Cuéllar Cisneros, utilizó su informe para promover su candidatura al gobierno del Tlaxcala.
En fin, las acciones de los que aspiran a gobernar este estado ahí están y ahora corresponderá a los actores políticos decidir si presentan las denuncias correspondientes para ver si los nuevos consejeros electorales tienen los tamaños para garantizar unos comicios apegados a la legalidad.