Para el anecdotario negro el caso de una candidata obligada a la intimidad con el político que dice haberla hecho, en la misma camioneta usada para traslado en la campaña
Una cara, de equidad y avanzada, intenta dar a los ciudadanos la mayoría de partidos políticos, y otra, la real, de exclusión de género, de la insistencia en las candidaturas machistas o en el peor de los casos en el condicionamiento de posiciones, a la sumisión y aceptación de intimidad como parte de esas cuotas ignominiosas e injustas, características de políticos viles, más o menos como el hacendado… okey, lo que queda del hacendado mandamás.
La realidad hoy es que los institutos políticos son incapaces de cumplir con la equidad exigida por el árbitro electoral. Salvo casos muy contados –no por ello justos- hay una incipiente tendencia a aceptar las nuevas reglas del juego político, donde las mujeres tienen derecho a las mismas oportunidades que los hombres.
Hay casos de escándalo, por ejemplo de una candidata –su nombre, claro lo reservamos- obligada al servicio carnal con el energúmeno que dice haberla hecho; ¿dónde?, en la misma camioneta de los traslados de cierta campaña proselitista. El caso es que a estas alturas, ella, con resultado positivo en la urna, también debió ausentarse por la delicadeza de su salud, que en realidad fue la maternidad en medio de la más ruin circunstancia.
Episodios así abundan. Seguramente en la prehistoria de la política tlaxcalteca se puso muy de moda. Hoy las cosas son distintas. Por eso los partidos han de cumplir con una cuota legal de género basada en la equidad. No se trata que a los líderes o mecenas les cuadre. Es su obligación. Tanto como también lo es el respeto a las mujeres que lleguen a ser candidatas.
Ellas deben estar seguras que surgen como factores, primero de competencia y si el voto popular las favorece de poder, mirando siempre al futuro promisorio que tienen derecho. Creo que su única preocupación debe ser una administración pulcra, ejemplar y, a salvo del acoso de género de aquellos a quienes la cárcel es su única alternativa, por aprovechados y abusones.
Por lo pronto, PAN y PRD se las ven negras para cumplir con la equidad.
No pasa lo mismo con el PRI, donde la cuestión de género cuenta con entidades del nivel del ONMPRI (Organización Nacional de Mujeres) atentas en velar los derechos de sus compañeras militantes. Tampoco en Alianza Ciudadana o Morena, donde la actividad de género tiene rato de buscar la equidad.
No nos salvamos de la nueva espiral violenta
Tlaxcala está inmerso en la creciente de violencia que al día de hoy nos coloca, con ocho secuestros, entre los estados más afectados por este fenómeno.
Reforma publica hoy datos duros que retratan un país donde los delitos crecen como una bola de nieve. En 2015 se registraron 17 mil 13 averiguaciones previas por homicidio, lo que significa un incremento de ocho por ciento en relación a 2014, cuando esa penosa cifra llegó a 15 mil 653 asesinatos.
Tan presentes estamos en esa cruel dinámica que cada vez con mayor frecuencia aparecen personas muertas, incluso con huellas de tortura, o decapitadas y desmembradas, en casos extremos.
El Estado de México es el estado con mayor número de asesinatos; el año pasado fueron muertas con violencia dos mil 70 personas. En Guerrero, 2016. La lista incluye a Sinaloa con 993; en Chihuahua 945; en Jalisco mil 17; en el Distrito Federal 854; y en Baja California 830.
En 2015, las procuradurías y fiscalías estatales reportaron mil 53 secuestros en todo el País, 24 por ciento menos casos que en 2014, aunque sin contar las indagatorias de la PGR. Entre las entidades donde aumentó el secuestro están Coahuila, de 16 a 25; Hidalgo, de 18 a 19; Nayarit, de 5 a 10; Querétaro, de 8 a 19; Tlaxcala, de 7 a 8; y Zacatecas, de 16 a 18.
Lo peor es que Tlaxcala también entra en el penoso grupo de entidades sorprendidas por la Auditoría Superior de la Federación, triangulando programas cuyos recursos finalmente no se utilizaron para el fin que fueron liberados. Dos procesos de este tipo se vivieron en los sexenios de Mariano González y Héctor Ortiz, de acuerdo con datos de la ASF.
Ocho estados, simularon haber devuelto los recursos desviados, que originalmente pertenecían a los fondos de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), entre otros.
Se trata de Veracruz, Michoacán, Guerrero, Colima, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Tlaxcala. Ese desvío superó los 8 mil millones de pesos.
Con razón, secuestros, asesinatos y robos nos asuelan. Pero nos llenamos la boca asegurando que somos de las entidades más seguras del país.