El gobierno tiene todos los elementos para organizar una elección que no le represente mucho riesgo de perder.
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La oposición sigue en sus luchas intestinas e internas y está lejos de percibir la elección de Estado que enfrentará en el 2016.
El PRI logró seducir al PAN y sacó una reforma electoral con más inconsistencias que aciertos que todos los partidos aún no terminan de entender. Obtuvo a través de INE una nueva distritación que permitió fragmentar el voto opositor. Además para el 2016, año en que se llevarán a cabo las elecciones, el gobierno federal decidió aumentar en 8 por ciento el presupuesto del estado en relación con el ejercido este año.
A simple vista parecieran hechos que persiguen propósitos aislados, pero que cuando se analizan en conjunto se puede visualizar que el PRI prepara el terreno para mantener el gobierno de Tlaxcala, por lo que ahora se concentra en ubicar el mejor candidato para lograr sin problemas el triunfo el próximo 5 de junio.
A menos de 20 días que arranque el inicio formal de las elecciones, PAN y PRD se mantienen confrontados en Tlaxcala y aunque a nivel nacional se formalice una alianza, ésta provocará rechazo entre los militantes de ambas fuerzas políticas.
Al interior del PRD existe una corriente encabezada por Gelacio Montiel y Cristóbal Luna que se resiste a aceptar a Lorena Cuéllar como su candidata al gobierno, mientras que en el PAN hoy se podría concretar una comida a la que han sido invitados los representantes de la estructura de ese partido para firmar un escrito que será enviado a su líder nacional Ricardo Anaya, a quien le dejarán en claro que sólo avalarán la nominación de Adriana Dávila para el gobierno de Tlaxcala.
Nadie puede negar que el voto opositor se fragmentara si se confirma la participación de Serafín Ortiz por el PAC y de Martha Palafox en Morena, pues a ellos habrá que sumar el probable aspirante de la alianza PAN-PRD, así como el candidato del Partido Encuentro Social y el abanderado de Movimiento Ciudadano.
A los electores se le ofrecerán diferentes opciones a través de la oposición para canalizar su voto de castigo o de rechazo al PRI o al gobierno de Mariano González Zarur, lo que sin duda forma parte de una estrategia que se planeó desde hace semanas y no es producto de la casualidad.
Como tampoco lo es el presupuesto que la Cámara de Diputados autorizó para Tlaxcala en el 2016. En términos redondos Mariano González ejercerá más de 17 mil millones de pesos distribuidos en aportaciones y participaciones federales.
Pese a las medidas de austeridad aplicadas a nivel nacional, Tlaxcala fue de los diez estados del país que sufrió un incremento en sus recursos, lo cual llama la atención porque en los cinco años anteriores siempre dispuso en promedio de 16 mil millones de pesos.
El gobierno del estado y el federal ampliarán su presencia y cobertura de programas y acciones entre los ciudadanos, lo que sin duda es una forma fácil de captar su atención y su voto. Además con la cartera llena no se descarta que los candidatos del PRI al gobierno, a las diputaciones locales y alcaldías reciban alguna ayudadita económica.
Cárcel por impedir evaluación educativa
Tlaxcala formó parte de los estados donde a nivel nacional se registraron problemas para llevar a cabo Evaluación del Desempeño Docente, por lo que ayer el gobierno federal y estatal optaron por mostrar su lado represor y decidieron detener a cinco maestros que protestaron por dicha medida.
Según las autoridades, los cinco detenidos incurrieron en lesiones y obstruyeron las vías de comunicación federales en diferentes puntos del estado.
Me queda claro que nadie va a permitir que ese proceso sea manchado, pues hacerlo implicaría poner un tache al trabajo de Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública en el país y el delfín del presidente Enrique Peña Nieto en la sucesión presidencial del 2018.
Disponer de la fuerza de seguridad para garantizar la aplicación de la mencionada evaluación me parece exagerado, toda vez que demuestra la falta de capacidad de las autoridades para convencer sobre los beneficios de esa prueba.
Es obvio que el gobierno busca intimidar para desactivar las protestas y el rechazo a la evaluación educativa, lo que sin lugar a dudas lo logrará porque de ahora en adelante difícilmente se presentarán manifestaciones cuando ya se tiene como antecedente que te pueden detener.