Tendrán que devolver ese dinero a los trabajadores cuyo patrón es el Estado, no el gobernante o grupo empoderado. ** Culpar al obispo por la barbarie de San Pablo del Monte
Procedió una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en contra del Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, debido al descuento sistemático de diversos porcentajes de las percepciones de los trabajadores, para engrosar las cuentas bancarias del PRI estatal.
En el INE llegaron a la conclusión de que trabajadores y empleados de gobierno, sirven al Estado, no al sujeto o grupo que temporalmente detenta un puesto superior y lo aprovecha para financiar a un partido político.
Así que las gracias por tener un empleo en el gobierno, se las deben a su capacidad laboral no a la voluntad del gobernador, o del alcalde o, de su superior.
En consecuencia, las cuentas a nombre de la Fundación Colosio Coahuila, a las que iba a parar el dinero de dichos burócratas serán intervenidas por la autoridad federal, como parte del seguimiento dado por la Procuraduría General de la República, para meter a la cárcel a los responsables y para devolver el dinero arbitrariamente retenido a dichos trabajadores.
Los descuentos iban desde 3.5 por ciento de las percepciones de aquellos considerados de mayor nivel, hasta 31 por ciento de los más humildes, como barrenderos y afanadoras, con sueldos no superiores a 3 mil quinientos pesos quincenales.
Una trabajadora del Sistema Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Torreón, dijo que a los trabajadores se les obligaba a solicitar préstamos ante la dirección de Pensiones, pero ese dinero jamás lo recibía el trabajador. Iba a parar a las cuentas de la Fundación Colosio de Coahuila.
¿Alguna similitud?
Comenzaremos por una diferencia de fondo. En Torreón Coahuila, los propios trabajadores denunciaron al gobierno municipal ante el INE. Seguramente se dieron cuenta que, como en Tlaxala, la oposición les servía de poco.
Allá, las quejas llegaron a manos del consejero Ciro Murayama. Y motivaron denuncias ante la PGR.
¿Qué pasa aquí?, ¿El terrorismo laboral va a quedar impune?, ¿A qué grado llegan las amenazas superiores en contra de los trabajadores obligados a ceder parte del producto de su trabajo para apoyar a un partido en el que fueron forzados a registrarse, pero del cual siempre han estado desligados?
Bueno, aquí en Tlaxcala también se ha dado la existencia de un titular del Instituto Nacional de Elecciones, Marcos Rodríguez del Castillo, con una tolerancia increíble a este tipo de actos, casi entusiasmado a formar parte de la opacidad con la cual nadie sabe a cuánto ascendieron los descuentos a los sueldos de los trabajadores, del Estado, no del PRI ni de Mariano González.
Trabajadores en constante angustia y frustración, conscientes que oponerse a compartir el producto de su esfuerzo significa quedar desempleados, como a muchos les ocurrió en distintas áreas.
Responsables
Supongo que uno de los primeros nombres involucrados que tendrá mucho que explicar al INE –todo depende que exista denuncia- es el oficial mayor, Ubaldo Velasco Hernández, cuya iniciativa para hacer esos descuentos quedó de manifiesto en diversas declaraciones, en las cuales por cierto siempre habló del carácter voluntario de las aportaciones al PRI.
Y al contralor del Ejecutivo, Hugo René Temoltzin Carreto, le corresponde dar un informe respecto a cuánto ascendieron los descuentos a los trabajadores de confianza del gobierno –y por lo tanto del Estado- no de Mariano González Zarur, ni del PRI, pues ninguno de los dos asumió las obligaciones legales de un patrón. ¿Dotaron ellos de seguro social a los trabajadores afectados, pagaron de su bolsa vacaciones y demás prestaciones de Ley?, no, las pagó el Estado, con dinero del Presupuesto.
El primero que debería ir a la cárcel es Rodríguez del Castillo, por su callado servicio a un PRI que en la elección del siete de junio logró carro completo.
Otro en las mismas condiciones, pues es el presidente de ese partido, Marco Antonio Mena Rodríguez, por permitir esta atrocidad laboral en un instituto cuyo lema es Democracia y Justicia Social. Meterse con el sueldo de los trabajadores en este contexto de opacidad no es un acto de Justicia Social. Y menos de democracia.
Pero sobre quien se cierne la una responsabilidad mayúscula es el gobernador Mariano González Zarur, un político que prometió cambiar los estilos de gobernar mediante una caja de cristal, dejando para mejores momentos a amigos y parientes.
Según el INE, las sanciones por despojar a los trabajadores de parte de su sueldo para financiar a un partido político son bastante altas. Ya lo veremos.
Otro cafecito
Mariano, Adolfo y Víctor Briones, tomaron ayer café en el portal, bueno al menos ocuparon una mesa del Café Bunté, quién sabe si consumieron. Ver a un panista light y a un perredista light, platicando con el otoñal gobernante da de qué hablar. Mas Adolfo, con sus características pausas y sus miradas pa’dentro, aseguró que la reunión fue fortuita.
Cómo no. Si ignorásemos las ganas de uno por ser candidato a gobernador y del otro por llegar a la alcaldía de Tlaxcala, pues nos podrían dorar la píldora, pero en los hechos son unos hipócritas.
Y digo que otro cafecito porque, aquél de horas con Carlos Rojas, en la víspera de la elección, ya había sido la primera presencia incómoda de un cuate, sin ganas de socializar y con un mundo de molestos guaruras, ya sabe, de esos de ojo verde y finas formas para pedir las cosas a nosotros, los mortales.
Echan las cabras a Monseñor
El marianismo ha de encontrar culpable por el acto de barbarie que echó abajo al templo del siglo XVIII en San Pablo del Monte. Y parece haberse decidido por el Obispo, Francisco Moreno Barrón, quien por cierto fue uno de los más desagradablemente sorprendidos tras conocerse la noticia.
Hasta dónde llegará la incompetencia de la administración estatal, en el terreno de la inteligencia que, para abreviar se inclinan por raspar al jerarca de los católicos en el estado, cuyo respaldo social es abrumador.
Deberían comenzar a rodar cabezas. ¿La primera?, pues la de Ernesto Ordóñez, y su incapacidad para separar asuntos de naturaleza mapacheril con su papel de Responsable de la Política Interna de la Entidad. Y de ahí para abajo, hasta llegar al alcalde de San Pablo del Monte, un sujeto incapaz de dar la cara para reconocer su responsabilidad, ante un acto de salvajismo que debió detener en flagrancia.
La falta de sensibilidad de funcionarios de esta bajísima calidad, no da para reaccionar ante una vileza como fue echar abajo el templo del Santo Cristo, un monumento histórico. Sí en cambio para amedrentar dueños de antros, para extorsionar camioneros o levantar borrachitos.