Resulta por lo menos extraordinario ver que la figura de un candidato a gobernador de Michoacán tenga que ver con la frágil economía tlaxcalteca.
Que alguien nos explique qué hacía una bola de grandulones, muy de bota picuda y barba de candado, en un conocido restaurante localizado en Acuitlapilco, revisando cómo habían quedado unas playeras con la figura del candidato del PRI, Asunción Orihuela, al gobierno del estado de Michoacán.
Todos somos libres de andar viendo lo que se nos venga en gana pero, playeras de Chon Orihuela, en Tlaxcala… por lo menos está raro; y me obliga a formular algunas dudas:
¿Qué haría en ese mismo restaurante –donde los grandulones aquellos con la playera de Chon- personal de la Oficialía Mayor de Gobierno, sí de Tlaxcala?
Insisto, todos somos libres de meternos a comer donde se nos antoje. Pero, ¿por qué el servidor público que le comento lo tendría que hacer donde al mismo tiempo había llegado la horda aquella de presuntos miembros del equipo de Chon Orihuela?
¿Qué tanto estará metido en este asunto de lo que llamaremos el Chongate, el ex asesor michoacano del gobierno tlaxcalteca, Mario Armando Mendoza Guzmán, (por cierto un asesor bastante malo porque perdió todas las elecciones en las que se metió)?
¿Se tratará acaso de uno o varios proveedores, agradecidos con el gobierno de Tlaxcala, devolviendo favores mediante la confección de miles… millones de playeras con la imagen de Chon Orihuela, amigo personal con derecho a nómina, del gobernador Mariano González Zarur?
Pues los subordinados de Mariano, señalados en este que podría ser un escándalo –uno más del tricolor en vísperas de la elección de gobernador en Michoacán- deberían dar su versión respecto a la presencia de, ¿miembros de la familia michoacana, revisando las comentadas playeras promocionales del candidato tricolor?
El gobierno federal ha sido implacable con aquellos gobiernos, particularmente los perredistas, donde se han descubierto maniobras para reforzar la imagen de personajes a los que el PRI considera sus enemigos políticos.
¿No debería actuar de igual forma con un gobierno, un poco priísta, un poco perredista, pero sobre todo de culto mariano, del que existe la presunción de cuantiosos desvíos para apoyar una campaña política?
La PGR en temas de orden religioso
Hay cosas que uno se explica con relativa facilidad… como la soberbia de la Mitra con los feligreses de Ayometla, a quienes les guste o no quieren enjaretarles a un cura, digamos bueno para el sermón, y mejor para las contribuciones y las limosnas.
Estamos en vísperas de la Semana Mayor, y seguramente la expectativa de monseñor Francisco Moreno Barrón, va más allá de cualquier complacencia a un pueblo al que no debería limitar en su derecho a palomear a quien ha de dirigir el rebaño.
Y decide pedir el apoyo a la Procuraduría General de la República (PGR) porque los inconformes tienen en su poder el templo de ese lugar.
Creo que es un error. Las cosas de Dios deberían dirimirse con los buenos ejemplos y no con la violencia institucional. Y aquí está clara la lucha de poder: un pueblo que ya no quiere a un sacerdote, y un obispo que les ha de demostrar hasta dónde es capaz de llegar para imponerlo.
A estas alturas de descontento social, no nada más en Ayometla, sino en el estado entero, en el país, que un pastor de almas de la talla de Moreno Barrón, tenga semejante resbalón, me lleva a recomendarle –con el debido respeto- ver una, dos o más veces el concepto social del Papa Francisco, y los porqués rechaza lujo y ostentación.
Aquí, en cambio, la Mitra ha sido capaz de confrontarse con una parte importante de sus ovejas.
Eso es incomprensible. Pero sí es una oportunidad para fiscalizar los ingresos generados por la fe.
No hay duda que el meollo de este desencuentro son las brutales cantidades de dinero generadas durante festividades que traen consigo una importante derrama económica.
Si ambas partes no ceden pues se tienen desconfianza mutua, no veo la inconveniencia para extender recibos autorizados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), en un marco legal sin margen de error, donde las reglas, diáfanas, no permitan ventajas ni a los sacerdotes, ni a los feligreses.
El obispo de Tlaxcala ha recurrido a la PGR, reconociendo al templo en cuestión como propiedad federal. Hombre, pues la riqueza generada en esa propiedad federal no tiene por qué no ser de conocimiento de la Secretaría de Hacienda.
Queman documentación comprometedora
Vaya escándalo en el Sistema Colegio de Bachilleres de Tlaxcala. Fueron destruidas evidencias del reparto arbitrario e ilegal de horas, de favores hechos al sindicato y otras faltas. Ello tiene toda la forma de ser orquestada por la anterior administración. Y para conseguirlo, según la Comisión de Acceso a la Información, se valdría de la contraloría interna.
Sin embargo, información del propio Cobat señalaría otros responsables.
Tal vez la más comprometida sería la directora de recursos humanos, María Lorenza Reza Arellano, a instancias del director administrativo, Guillermo Hernández Alonso.
En pocas palabras, la torre de irregularidades erigida por Josefina Espinoza Cuéllar, trata de ser oculta bajo un manto de impunidad. Oigan, qué grave situación. Sobre todo porque poco a poco se descubre que habría sido usado el nombre del gobernador Mariano González Zarur, para hacer movimientos, quitar gente con derechos, premiar a otros sin mérito, en fin, una asquerosa pachanga con consecuencias administrativas.
Y los responsables tienen que enfrentar un proceso.
Nadie lo podrá evitar.