Miles de millones se van a la bolsa de padrotes, madrotas , funcionarios chuecos y presidentes municipales impunes, como reyes de la prostitución.
Es tiempo que autoridades y ciudadanos analicen con seriedad su papel ante temas como prostitución, proxenetismo, trata de personas y trabajo sexual.
En vista de que somos el estado más golpeado a causa de un consistente proxenetismo en San Miguel Tenancingo, los señores diputados tienen la obligación de dirigir su mirada hacia sociedades donde el Estado asumió su responsabilidad en estos ámbitos y se dejó de ser un simple ente contemplativo.
Quien niegue el derecho a la sexualidad y a la práctica de esta como parte de un estado de bienestar de la persona, se ubica en la prehistoria y cubre sus ojos para evadirse ante una grave realidad que aprovecha una necesidad relativamente simple para convertirla en el negociazo, complejo y sórdido de la prostitución.
Para que esta se dé es necesaria la actuación de un intermediario que, medra haciendo generalmente producto de consumo a una mujer (desde luego que también a un hombre y en el peor de los casos a los niños)
Pero en Tlaxcala, las más afectadas son las mujeres.
Entonces, por qué no pensar en el Estado, realizando acciones regulatorias que acaben con la clandestinidad, combatan enfermedades y desestimulen el campo fértil para el proxenetismo.
Por qué dar oportunidad que tipos o tipas, con las peores intenciones se conviertan en aplicadores de criterios muy de ellos para ofrecer los servicios sexuales de personas que, sin haber más razones que la arbitrariedad han de compartir el producto de su trabajo, el trabajo sexual, con quienes les brindan una relativa protección.
¿Acaso el Estado no puede hacerlo, obligando a todos los actores a ceñirse a leyes realistas y actualizadas?
Por qué diputados y diputadas no se concentran en esta asignatura, de la cual puede surgir una legislación vanguardista, incluso superior a la operante en Querétaro, donde las autoridades acabaron por aceptar el papel que les corresponde en esto del trabajo sexual, el derecho al sexo en condiciones de legalidad y el combate a quienes hacen fortuna aprovechando el vacío ocasionado por una inexplicable moralidad que a lo mejor se interpreta como ausencia de voluntad para desquitar los exorbitantes salarios de nuestros representantes populares.
Que el Estado se asuma responsable significa que ciertos funcionarios dejen de operar como los reyes del proxenetismo, aplicando sus criterios para otorgar dar o negar permisos sanitarios a negocios que podrán existir dependiendo de la generosidad del dueño.
Y qué me dice usted de los alcaldes-monarcas, impunes en su territorio para licenciar este tipo de actividades cobrando cuotas desquiciantes, a las cuales alguien tiene que cubrir: los ciudadanos o ciudadanas conscientes que les hace falta una emoción más a su interminable soledad, a la cual no le urgen ni relaciones comprometedoras pero tampoco escenarios de riesgo.
Imagine que la práctica del sexo se puede traducir en ingresos justos para los gobiernos municipal y estatal. Que el dinero indebidamente en manos de padrotes y funcionarios corruptos se convierta en un recurso para obras y servicios, claro, manejados con pulcritud.
Acaso el Estado no puede eliminar a las madrotas y establecer criterios con base en reglamentos que se concentren en una ley de avanzada, capaz de acabar con la clandestinidad, principal foco de asesinatos, robos, tráfico de personas y demás barbaridades cometidas a la voz de “ante la incapacidad de la autoridad, tomemos esta actividad como propia…”