Fueron enviados para realizar obras en el Zahuapan y para reforzar la infraestructura de tratamiento de aguas; nada se hizo, el dinero no se devolvió… ya hay presuntos responsables.
Información generada en la Contraloría del Ejecutivo de Tlaxcala, da cuenta de la auditoría practicada por su similar, pero dependiente del Gobierno Federal, a través de la cual se halló un presunto daño patrimonial por más de cincuenta y tres millones de pesos en el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
Dicha auditoría, TLAX/PTAR/SECODUVI/12, señala como presuntos responsables a José Roberto Romano Montealegre e Ivonne de los Ángeles Rocha, “toda vez que autorizaron para trámite de pago estimaciones por el importe total observado, no devengado y no reintegrado a la Tesorería de la Federación, por $53,174,931.34”.
De manera sorprendente, el gobierno federal envió los recursos para la construcción obras diversas que entre otras, consistirían en trabajos no efectuados en el Río Zahuapan.
Los detalles se hallan en el informe TIDSFCA/AOPS 13/013-125, de fecha 14 de marzo de 2013, emitido por el Contador Público Jorge López Márquez, director de Supervisión, Fiscalización y Auditoría, de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala –actualmente Contraloría del Ejecutivo.
Esta documentación fue recibida, según el expediente, el 13 de marzo de 2013.
Al inicio del informe se estipula que la queja, 223/2012/DJ/DRA sostiene que cuenta con elementos que le hacen presumir la existencia de responsabilidad administrativa por parte de los presuntos infractores José Roberto Romano Montealegre, secretario, Ivonne de los Ángeles Rocha, directora administrativa, Jorge Arturo Franco Montiel, ex director de Obras Públicas, Emiliano Hernández López, jefe del Departamento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
También encuentran presunta responsabilidad en: Hilario Antonio Texis Sánchez, residente de obra, Fernando Agustín Torrentera Romano, residente de obra, José Alfredo Flores Domínguez, residente de obra, Miguel Ángel Flores León, residente de obra, Iván Belmont Armenta, supervisor. Marcos Xancal Marino, residente de obra, todos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de acuerdo con el contenido de la documentación.
El río Zahuapan es el gran drenaje del estado; lo mismo oculta descargas contaminantes, sobre todo por las noches, cuando se supone que todos dormimos que funciona como mina de oro para hacer negocios mediante verdaderos montajes.
¿Se pueden comprobar?
Difícilmente en el terreno. Pero los auditores federales se preguntaron, bueno y ese dinero dónde está. Reunieron los elementos que los llevaron a concluir en que esas obras en el Zahuapan jamás se hicieron.
Así que el dinero tenía que devolverse a la tesorería de la Federación.
No fue así. Ya hay responsables, y seguramente las investigaciones van a seguir obteniendo material muy interesante, porque ya hay nombres, instituciones responsables y un daño bastante serio al presupuesto federal.
La agenda legislativa, ¿buenos propósitos?
El presidente de la junta de Coordinación del Congreso, diputado Marco Mena Rodríguez, tiene la cualidad de utilizar muchas palabras sin asumir compromisos.
Y por lo pronto ha quedado como un planteamiento de buena fe la conformación de la agenda que marque las actividades de la actual Legislatura.
De buena voluntad porque, “tomarán en cuenta las propuestas productivas de la oposición”.
¿Con el criterio de quién se concluye que tal o cual propuesta es o no productiva?
¿De la mayoría marianista, que incluye a PRI, PRD y los siempre dispuestos a cambiar dependiendo del monto con el cual los persuadan?
Pendientes serios
Como la reforma electoral, cuya esencia no ha podido concertarse. Los grupos palamentarios no ceden, pero con la expresividad tan productiva de Marco Mena, esto parecería una especie de acuerdo entre excelentes amigos, algo así como las reuniones de diputados federales panistas, donde se puede notar la doble moral de quienes se desgarran las vestiduras cuando se van en contra de la trata de personas, pero bien que son capaces de pagar 3 mil dólares para alquilar una casa donde se convierten en los mejores clientes de la trata.
La agenda legislativa del período actual no puede limitarse al ridículo discurso de Mena.
No debe ese autoritarismo latente seguir apartando al Legislativo de lo que deben ser decisiones colegiadas, no adquiridas mediante los cañonazos que ya esperan ansiosos los pseudo legisladores, dispuestos a todo siempre y cuando les lleguen al precio.