Ha tocado al sistema marianista estar en el banquillo de los acusados por afectar dos zonas boscosas, y sin una cruel acusación, como lo ha hecho este sistema desde sus inicios.

HELLOMOTOIDEN

Algunos dirán: no es lo mismo ver a los toros desde la zona de barrera, a tirarse al ruedo. El asunto es que a inicios de sexenio, la administración de Mariano González Zarur, la emprendió contra Adalberto Campuzano Rivero, quien fue titular de obra pública en el gobierno orticista.

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Por derribar seis árboles frente a la Universidad Autónoma de Tlaxcala –donde se colocó el monumento conocido como El Faro de la Sabiduría- dicho funcionario estuvo a punto de ir a la cárcel. Fue intensa su defensa ante un gobierno con el sable desenvainado.

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Hoy, cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha detenido la construcción de las Ciudades Judicial, y de la Salud –en Apizaco-Yauhquehmecan, y Antonio Carvajal, respectivamente- es distinta la percepción del sistema… es cierto, el jurídico reconoce la carencia de las autorizaciones para afectar sendas zonas boscosas, pero el daño detectado por la Profepa es considerablemente serio.

Ha sido parte de la colección de frentazos legales de la actual administración. Y no importa que periódicamente salgan cheques de este tamaño para satisfacer las necesidades de bola de asesores legales –al grado que ya no hay dinero para pagar laudos- el asunto aquí es la terrible falla de un equipo sobre estimado por él mismo y con la creencia que nunca se vería en esta situación tan incómoda.

Hoy dice el director jurídico, Héctor Maldonado Bonilla, han detenido precautoriamente dichas obras, mas existe la posibilidad de elaborar un convenio con la Profepa… y todos felices y contentos, aquí no pasó nada.

No es tan sencillo, aunque es un buen intento por minimizar la tolerancia cero del gobierno federal a las embestidas sin razón de un ejecutivo local cuya abundante adrenalina en estos casi cuatro años al frente le han provocado una mengua que lo lleva inexorablemente al aprendizaje de lo más sencillo mas no por eso menos importante: ofrecer disculpas.

¿Pedir perdón?, pero esa palabra no existe en el manchi diccionario. No, pero van a tener que incluirla pues a este grupo empoderado se le agota el tiempo, y muchos tienen razones de sobra  para buscar la humillación de quien se creyó invulnerable, aunque el tiempo le demostró: no hay mal de más de seis años… ni estado que lo soporte…

¿Y la catástrofe ecológica de Pensiones?

En las mismas. Ha comenzado la temporada de lluvias y la Unidad Cuarto Señorío, sigue arrojando el agua negra de cuatrocientas y tantas viviendas en una laguna a cielo abierto donde se comprueba la hipocresía de un gobierno con medidas extremas para atender ciertas enfermedades, pero desinteresado por frenar el foco de infección de, ¿cólera, influenza, paludismo?, a espaldas de uno de los desarrollos habitacionales más importantes de Tlaxcala.

Cuando en Pensiones Civiles de Tlaxcala (PCT) se enteraron que les aguarda una indemnización superior a sesenta millones de pesos al dueño de las hectáreas donde se formó su asequerosa laguna de aguas negras, quedaron petrificados.

¿Pagar sesenta millones?, ¿de dónde, por qué, si no somos un ente ecológico como en cambio sí la entidad encargada de administrar un patrimonio para pagar a quienes han dado la vida al estado, laboralmente hablando?

Por el comodato de la planta de tratamiento, dentro de su patrimonio denominado Cuarto Señorío, y la inoperancia del mismo, pues durante años los burócratas de PCT, ni encargaron por ejemplo a la Coordinación Estatal de Ecología la operación de esta planta, y mucho menos a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala (Capam).

Y no es que quiera yo apuntar que en PCT sean unos buenos para nada, pero a ver, denme razones para dejar esa idea.

El trámite no era cosa de otro mundo, pero implicaba puntualidad y claridad legal. Dejaron correr el tiempo, colocaron a su director más movido en la Secretaría de Gobierno, y hoy tienen que ver de dónde sacan una fortuna para remediar su parálisis.

Como ya comenzó a llover, no tarda en hacer crisis este asunto. Pero como en PCT se toman su tiempo, habrá que aguardar pacientemente a que desborden las aguas, negras por cierto, llenas de bacterias y virus, como pasa con todas las descargas residuales.

No sé por qué pero le encuentro un cierto parecido con la torpeza legal de Secoduvi, gracias a la cual las dos obras cumbres del marianismo se encuentran paralizadas.

Xochitécatl, el desánimo

Miren que la Zona Arqueológica Cacaxtla-Xochitécatl, es sin duda uno de los atractivos más impresionantes no nada más nuestro, sino de todo el orbe.

La visitan cientos de personas, ávidas de nutrirse con los turquezas y dorados del legado maya que corona al Palacio. Y ni qué decir de la energía del Xochitécatl, donde pulula la fertilidad y se enraiza la grandeza.

Mas al ver el deterioro de la señalética, la falta de mantenimiento a los sanitarios, la hierba crecida y lo peor, el desánimo del personal bajo la batuta del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), uno se pregunta si pagar 57 pesos por visitar ambos portentos, tiene en realidad el cometido de mostrar este abandono.

He visto una familia guanajuatense pasar las de Caín, cuando pretendieron utilizar el sanitario de el Xochitécatl. He visto la ausencia total de vigilancia, al grado que si alguna fechoría se cometiese no habría ni siquiera testigos. Y también he visto los pequeños bosques en medio de edificios, de las piletas antiquísimas de expulsión, sobreviviendo hermosos aunque sucios.

Me ha apenado ver a ese personal del INAH, echado a la vera del andador al Palacio, como si se tratara de miembros del escuadrón de la muerte, decepcionados porque no ha llegado algún grupo con el dinero listo en la mano, para ofrecérselos por la explicación, seguramente inmejorable de su versión de Cacaxtla.

Me apena reconocer que en Cacaxtla-Xochitecatl dan muestras de una araganería que lastima, que no mueven un dedo si no hay dinero de por medio, y que todo esto ocurra con maldiciones del sindicato del INAH a lo que llaman y condenan, “privatización de las zonas arqueolígicas en el país”.

Ser del sindicato no quiere decir ser un holgazán. Y pertenecer a Cacaxtla-Xochitecatl como trabajador, no es para avergonzarse ni para echarse como mamarracho saturado de güin.