Se trata de una cadena de errores que llevaron al gobierno estatal a cometer una agresión, valioso material para los no pocos enemigos de un gobernador que debería deslidarse de la falta cometida.

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Ninguna de las atribuciones del Oficial Mayor de Gobierno tiene que ver con la aplicación de la violencia, y menos para intervenir en un asunto de carácter netamente municipal, como lo es la la remoción de Marco Antonio Velasco, como director de la Comisión de Agua del muinicipio capitalino.

Sobresalta la cadena de errores que ha hecho popular a la Capam, como no lo han conseguido sus directivos, sobre todo cuando han intentado la instalación de medidores en las casas y comercios (una de las acciones más criticadas a Marco Antonio Velasco).

1.- Torpemente, el ayuntamiento al mando del panista Adolfo Escobar Jardínez, utilizó a la policía municipal para sacar de las oficinas de dicho organismo público descentralizado al hijo del oficial mayor del gobierno estatal. Esto llevó a los Velasco a urdir cuanta artimaña fuese posible, posiblemente para no salir con las manos vacías, o ¿acaso para tapar una pésima administración?

2.- Fue tan precipitada la acción de la comuna que una juez federal dejó sin efectos la decisión del Consejo Directivo de la Capam, presidido por el alcalde Adolfo Escobar, de sacar a Velasco y colocar al ex diputado federal Juan Bárcenas González, por cierto, sobrino del gobernador Mariano González Zarur.

3.- Si los movimientos del ayuntamiento rayaron en la estupidez, los del oficial mayor, ahora apersonado en el pleito de su hijo, son una verdadera atrocidad que, ha llevado al gobierno estatal a vulnerar la autonomía municipal, ni más ni menos que de la capital del estado. Si la justicia federal dejó sin efectos el nombramiento de Bárcenas, en ningún momento ordena a la Oficialía Mayor del gobierno del estado de Tlaxcala, a hacerla de ministerio público que utilice la violencia para recuperar una instalación municipal.

4.- Pero el peor de los errores fue la asintonía de ambos bandos para esperar pacientemente el arreglo que, se supone ya había sido pactado mucho antes del desalojo de Velasco. Los interesados se sentarían a negociar la salida de Marco Antonio, bajo la condición de no sancionar posibles deficiencias en su administración.

Como los días pasaban, el edil capitalino sintió que su autoridad estaba en duda, y se animó a proceder con la ingenuidad que lo hizo.

Su contraparte, actuando como miembros del crimen organizado, simplemente le respondieron.

Y si Velasco Velasco, asegura que papeles importantes fueron sustraídos de su escritorio, he ahí el meollo del problema: lo que menos le conviene es ser auditado; bueno, ya habrían acordado no hacerlo, pero ya ve usted el proceder de las instituciones que hoy comenzaron a dibujar el primero pelito entre priístas y panistas.

¿Hasta dónde puede llegar?

Creo que el gobernador Mariano González Zarur, tiene la obligación de deslindar a su administración de este atentado contra la autonomía de la capital. No hacerlo, ser solidario con el oficial mayor en su arbitraria y prepotente decisión de usar los recursos del gobierno para golpear a un municipio, engloba una serie de delitos en los que incurre el ejecutivo tlaxcalteca.

Vulnerar la autonomía de un municipio. Nada más. ¿Le parece suficiente para que los no pocos enemigos de González Zarur, recurran a todas las instancias con las pruebas que tan gentilmente les ha facilitado el oficial mayor?

Los Velasco no pudieron cometer un peor error que este. Les debería costar el puesto del oficial mayor, para enfrentar como simple ciudadano el pleito que se avecina.

Si el gobernador Mariano González, deja correr las cosas, quedará comprobado: grandes errores como perder dos elecciones y dañar a los presupuestos con litigios carísimos ante causas perdidas, han tenido la misma ruta: pésimas decisiones tomadas por segundones, apoyadas por el ejecutivo estatal, y en el peor de los casos, ocultadas pese a los daños que ocasionarán.