Un verdadero infierno vivieron trabajadores de intendencia y otras áreas, sospechosos de haber robado el saco que llevaba la cartera de un funcionario con demasiadas influencias.
Para nadie es un secreto que en las cárceles, a cada rato se viven violaciones a los derechos humanos de las y los internos, cuyos seres queridos de veras la pasan mal los días de visita.
Pero cuando uno se entera de que el mismísimo palacio de gobierno de Tlaxcala tuvo hace poco un parecido tan estrecho con esos centros de reclusión de algún país de Centroamérica… bueno para qué ir tan lejos, nada más en el estado de Veracruz ya ve usted como se las gastan, pues está de pensarse, verdad, porqué, quién da la cara por los empleados que sufrieron este infierno:
Le voy a contar una historia que puede creer o no.
El sábado pasado, el mandatario Mariano González Zarur, citó a sus funcionarios de primer nivel a una reunión de evaluación en Palacio de Gobierno, a la cual llegó, porque ya casi no es requerido, el encargado de la Contraloría, Hugo René Temoltzin. Quien hizo valer su poder.
Nos dicen que cerca de las 15 horas la reunión concluyó: los funcionarios comenzaron a retirarse, sin embargo a los pocos minutos se registró una intensa movilización policiaca y se giran órdenes para que nadie abandonara el inmueble.
El reporte que nos fue entregado sostiene que a las puertas del Palacio, la eficiente procuradora en compañía de sus ministeriales se dio a la exhaustiva tarea de encontrar un saco que contenía una valiosa cartera con siete mil pesos en efectivo y varias tarjetas de crédito.
Según la funcionaria, añade esta información, alguien había robado esa prenda de vestir y era indispensable encontrarla.
Pero no crea que el saco era del hacendado gobernador, no, el dueño era el Contralor.
Los datos que compartimos con ustedes nos dejaron fríos. La historia no termina ahí, personal de intendencia, logística y otras áreas fue trasladado en camionetas a la PGJE, donde fueron sometidos y tratados como delincuentes.
A las mujeres se les pidió que se desnudaran y sus partes íntimas fueron revisadas. A los hombres también se les hizo ese procedimiento. Todos fueron intimidados y amenazados.
Mientras eso sucedía, los funcionarios asistían a la cena de gala de La Feria de Tlaxcala.
El personal que fue detenido logró su libertad cerca de las 3 de la madrugada del domingo, cuando se supo que un mesero contratado para atender a los funcionarios había encontrado el saco, pero sin la cartera.
Imagínese el tremendo operativo que se montó para encontrar la cartera de los siete mil pesos del consentido funcionario. Ojalá así actuara siempre la procuradora.
Lo grave del asunto, aparte de las violaciones a los derechos humanos del personal que labora en el gobierno del hacendado, es que ninguno de los jefes de esos servidores públicos se presentó a la PGJE para defender a sus subordinados.
Óscar Amador, responsable de la logística y de eventos de Mariano González, nunca acudió a auxiliar y defender a su personal. Tampoco lo hizo el responsable del área de recursos humanos.
Y aquí cabe una pregunta, ¿por qué la procuradora no ejerce esa misma acción contra los responsables del robo de 11 computadoras que se llevaron de la oficina de Logística y Giras del gobernador?
Todos saben que en ese ilícito estuvo implicada la ex esposa de un funcionario estatal que en compañía de su novio Ricardo se llevó las computadoras.
Se trata de un acto escandaloso que está esperando la reacción de organismos de defensa de los derechos humanos y, desde luego del Poder Legislativo.
Mire que utilizar la fuerza del Estado para humillar a los mismos servidores públicos es un reprobable acto que debe ser castigado, primero con la renuncia de la procuradora y el contralor, quienes deben responder por ese abuso cometido en contra de múltiples trabajadores, quienes hoy tienen todo el derecho de denunciar a estos abusivos y exigir las indemnizaciones que por ley les corresponden.