Al ex gobernador de Baja California, Narciso Agundez, lo encarcelaron por causar un quebranto de 27 millones al gobierno que encabezó. Aquí, nada más en el asunto de las chamarras son 67 mdp.
Al ex director del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat), Enrique Padilla Sánchez, le pasaron por enfrente las delegaciones federales a las que se sentía con el derecho que le otorga su tremendo oficio político (ajá) y nomás nada…
Está por verse si asume como representante de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pues como que no llena su expectativa. El quería algo así como la Sedesol, no sé… ¡ah!, la PGR ¿no? (oh yea). Mientras tanto ahí lo tiene usted, viviendo en tierra de zombies mientras no le llega la enésima recomendación de su tía e inventora, doña Bety, a quien por cierto, le choca que la distraigan de sus intensas ocupaciones como Embajadora de México en Brasil.
Qué curioso; el variopinto y convenenciero no cabe (aún), en la estructura paralela de poder, donde lleva mano el gobierno federal, determinado a contener las manchiacciones, erráticas pero siempre produciendo dividendos.
Protesta inútil por las manchichamarritas
Aquí, conviene hacer una reflexión respecto a las manchichamarritas, cuyo costo superior a los 67 millones de pesos ha querido disfrazarse de intención electorera, para tapar el uso de recursos públicos, en un acto al que cabe calificar de peculado.
El marianismo ha intentado disfrazar la maniobra como gesto solidario del mandatario, más allá de la obligación de proveer de útiles escolares a la porción beneficiada de escolares. Pero se pasó de listo. Y sin más preámbulos, encargaría a un pariente suyo (a su hermano Tonchis, que siempre ha vivido a sus sombra) la compra de las casi 290 mil prendas.
Entonces la protesta del legislador Jorge García Luna (PS), en el sentido que debe rechazarse la obligatoriedad para portar la abrigadora prenda, debiera -si la protesta es cosa seria- direccionarse al peculado.
¿Recuerda usted el caso del ex gobernador Narciso Agundez, de Baja California Sur, preso por causar un quebranto superior a los 27 millones de pesos, al disponer indebidamente de varios terrenos, propiedad del gobierno que encabezó?
Pues aquí es más del doble de esa cantidad. Entre el borlote de la reciente aprobación del presupuesto 2013, a penas se escucha la tímida voz del legislador García Luna, reclamando oiga usted, que las chamarras no se usen a la fuerza, cuando su intervención debería pedir cuentas al Ejecutivo local, pues el potencial quebranto a las arcas del gobierno, de casi 70 millones de pesos, no es para menos.
Lo del color verde, combinado con el logotipo del gobierno estatal, pues sí, sugiere tener presente un objeto propagandístico tricolor… pero, aquí entre nos, eso y la carabina de ambrosio. ¿Quién hizo las chamarras?. ¿Qué partida se afectó para pagarlas?, ¿Cual fue su costo real?. ¿Por qué chamarras y no útiles, tal como lo mandata la ley?, ¿no es, acaso una acción de peculado?
El señor legislador del Partido Socialista, Jorge Gacía Luna, peca de superficial, pero intenta vendernos la idea de una férrea oposición porque en el colmo, las autoridades educativas pretenden condicionar el acceso de los niños a sus escuelas, a la portación de la controvertida prenda.
Sin embargo, volvió a tocar un tema que parecía sepultado.
Veámoslo de esta manera: Mariano gastó por su gusto y conveniencia, recursos equivalentes al 67 por ciento del presupuesto previsto para Pensiones Civiles en 2013.
Hay que ser muy puntuales en esto: las chamarritas no han generado conflictos como la inconfmidad de pensionados y jubilados, y sobre todo la frecuenta expresión mariana: «somos un estado pobre». ¿De veras lo somos, si nos damos el lujo de gastar una fortuna en chamarritas, de muy mala calidad, por cierto.
Y eso no es todo, pronto saldrá a relucir las empresas proveedoras de la Secretaría de Educación Pública, donde un tal Saúl, responsable del área administtiva se ha dado a la tarea de crear empresas y robar lo que más pueda, pero esa es otra historia que en breve contaremos.
¿Pobres, con embutes de 360 mil pesos?
Comenzó a aflorar la podredumbre en la insana relación Ejecutivo-Legislativo, por cuanto al grupo afín a los arrebatos del mandatario estatal.
¿Ha visto la mirada de los legisladores del tricolor y sus convenencieros aliados?, o no la sostienen, o es de un cinismo que lastima.
Inseguros, conscientes de su actuación nefasta, pero eso sí, dispuestos a gastar puños de lana para seguir con sus robustas carreras políticas (cómo no) estos para… del Estado, ni son el contrapeso por el que juraron ser dignos representantes del pueblo, como tampoco se hallan en el ánimo de un electorado, harto de toda esta simulación.
El nuevo IET… sumisión actualizada
Testigos de esta infamia narran el calvario de la nueva presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala (IET), quien en su deseperación por lograr un poco más de dinero para el organismo, ha llegado al extremo de presentar a su principal promotor, el Ejecutivo local, las listas de nombramientos en los puestos directivos.
Oiga, ¿el IET es un organismo autónomo, verdad?
Entonces, cómo está eso de la facultad del gerente de Tlaxcala para palomear a quienes puedan conformar las nuevas nóminas.
Esa es la vergonzosa sumisión del instituto en cuyas manos se encuentra organizar las próximas elecciones.
Se nos va el señor Villanueva… ¡snif!
Tras dos años de brega a lado de Vega, el señor Carlitos Villanueva, ha decidido dejar trunco el gran proyecto en Tlaxcala e ir a Puebla, como vocero del nuevo PRI, bajo la presidencia del muy medianito Pablo Fernández del Campo.
Villanueva se va, y la imagen de su jefe el gobernador no atraviesa su mejor momento. Bueno, sería más honesto decir que atraviesa su peor momento.
Ni hablar, nuevos derroteros llaman al estratega (cof-cof). Oiga, donde sea, pero enhorabuena por salir del manchisistema, donde hay riesgo de enloquecer si no se asume una actitud al estilo de zombie Vega Crespo.