Le digo que con la nueva élite de polecías en Tlaxcala, los miembros del crimen organizado se van a andar con cuidado porque, ya sabe, estarán entrenados por super agente May Bond Zaragoza, casi casi les van a dar una formación de marines, los van a obligar a comer carne de perro, a matar ratones a cachetadas, a conducir bicicletas (pero de espaldas), y lo más importante: ¡les van a pagar lo mismo!
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Sin embargo, se sigue rechazando la presencia de grupos armados. ** Los molestos Cabildos que, de sesiones democráticas e intensas, pasaron a la recepción del Supremo, con todo y bocadillos.
Creemos que la conformación del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), es un importante esfuerzo de las autoridades, estatales y federales, para enfrentar sobre todo a la delincuencia organizada.
Contaremos con treinta y cuatro elementos preparados al extremo, dispuestos a dar la vida en el cumplimiento de su deber; responsables, capaces de tomar decisiones graves en cuestión de instantes e incorporados a la tropa para hacer detenciones, detecciones y en pocas palabras colocarse a la vanguardia del monopolio de la violencia, constitucionalmente en manos del Estado.
Tuvieron que pasar casi dos años, varios cambios en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública, un delicado conflicto laboral y el despido de cientos de efectivos, unos acusados de desleales y otros por no aprobar los exámenes de control y de confianza, para darnos cuenta que urgía una fuerza de reacción, con el adiestramiento y equipo necesarios, ante el castigo del hampa a los ciudadanos y sus bienes.
Por eso no entiendo la negación sistemática respecto a la presencia de criminales de altos vuelos operando en territorio tlaxcalteca.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 (Envipe), la nuestra se ubica dentro de las entidades federativas donde se han cometido 4.4 millones de extorsiones, es decir, este delito por encima de cualquier otro ilícito. Hablamos de Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Sin embargo, por miedo o falta de confianza en la respuesta de la autoridad, menos de diez por ciento de dichas extorsiones son denunciadas: 413 mil 722 para ser precisos, de acuerdo con el periódico Reforma.
Nuestras fuentes nos dicen que Tlaxcala y Chiautempan son los municipios con el mayor número de extorsiones. Les siguen Apizaco, Huamantla, Zacatelco, Calpulalpan. Mas la cultura de la denuncia, le decía, va a la baja, primero porque el personal de la procuraduría es escaso e intolerante, y a la gente, lastimada, lo que menos le interesa es lidiar con este tipo de servidores públicos, cuya actitud ahonda el malestar, lejos de reparar el tremendo daño a causa de las extorsiones sufridas.
Y cuando denuncia, simplemente las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado no hacen nada.
Se trata de una crisis de credibilidad en el ámbito que afecta a los ciudadanos y su patrimonio.
Y si los despidos masivos no vienen acompañados por los necesarios reemplazos, si a la autoridad le es sencillo insistir en que Tlaxcala está a salvo del crimen organizado, entonces algo había que hacer para recuperar el terreno perdido.
Anunciar el surgimiento de los Gopes, es una tregua solicitada por la autoridad ante el rencor social por el avance exponencial del crimen.
Presentada como la gran propuesta del gobierno estatal, es a penas una tímida reacción ante el pertinaz castigo.
Según versión del director de capacitación, adiestramiento y especialización de fuerzas federales de la Policía Federal, Rafael Castro Reynaga, no todos los estados cuentan con grupos especiales, sólo los que lo solicitan, sostiene información publicada por El Sol de Tlaxcala. Y abunda: «Los elementos tendrán la capacidad de enfrentar delitos de alto impacto, como grupos violentos armados y enfrentamientos».
Ante este panorama me parece ofensiva la evasión de la superioridad para tratar el tema de los grupos armados en pleno apogeo en territorio tlaxcalteca. Juzgue usted las expresiones del secretario de seguridad pública de Tlaxcala, Orlando May Zaragoza Ayala:
«No estoy diciendo con esto que hay delincuencia organizada en el estado, no, pero no podemos esperar como Estado a que la delincuencia nos rebase, eso no puede ser posible, es por eso que debemos tener un grupo altamente capacitado».
No estaría mal que el jefe May Zaragoza, emplazara al personal de la Secretaría de Gobierno y de la sub Secretaría Técnica, a dejar de una vez por todas sus actividades de carácter electoral, para avocarse a una verdadera labor de inteligencia, que tome con la debida seriedad la cada vez más probable pero evidente actuación de Zetas, miembros de la Familia Michoacana, o grupos que utilizan el terror como mecanismo infalible en la explotación de una plaza con una seguridad insuficiente.
El gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, debe aceptar este tema como uno de las más urgentes asignaturas pendientes de su administración. Aquí no obran fobias de naturaleza partidista, se trata de defender al estado, en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
Reconocemos lo positivo de la conformación de las fuerzas especiales pero, ¿eso es todo lo que esta administración ofrece a sus gobernados?
Los Cabildos abiertos y el invitado especial
Para los ayuntamientos resulta onerosa la presencia del gobernador del estado participando como invitado mega especial en sus sesiones de Cabildo.
El tratamiento de problemas a cargo de los regidores convocados por alcaldes, entra en una franca descomposición debido al aparatoso protocolo que enmarca la llegada del personaje supremo, el protagonista limitado a anunciar espontáneas inversiones, que en realidad plantean lesionar los presupuestos municipales demandando cifras, por ejemplo de dos y medio millones de pesos, que acabarían en manos de la corrupta Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi).
Se aprecia que el mandatario supone su presencia como un acto extraordinario en el desempeño de los ayuntamientos.
Pero cuando saca de su manga obras como la Ciudad Judicial en Apizaco, carente de proyecto, de presupuesto y en consecuencia de la seriedad esperada de la primera autoridad en el estado, uno llega a concluir que estos actos no son sino un adelanto de frases engañosas: «no se vuelvan a equivocar a la hora de votar», por ejemplo, dicha a campesinos al momento de entregarles apoyos.
El gobierno itinerante es una novedad en el ejercicio de esta administración.
Pero demanda hechos reales y no la incómoda e improductiva irrupción de un mandamás sediento de llevar a los regidores su política de bullying, aplicada con singular éxito a los cuasi esclavos integrantes del gabinete, «pendientes de un hilo según amanezca el altísimo».
Si sus acciones itinerantes tenían la intención de propagar la imagen de tirano, debe saber el gobernador que la campaña ha sido acierto.
Pero, la estadística es fría e impasible. Poco es el progreso conseguido con semejante protagonismo.
En cambio, la imagen del ejecutivo se devaluó. Pasó de ser la esperada en la primera autoridad del estado, al molesto invitado, exigente para ser recibido con alfombra roja, viandas y dianas, como si quien llegase fuera el deteriorado rey de España, Don Juan Carlos, sí, el mismo de las dolorosas caídas tras descubrirse su penosa afición a cazar elefantes.
Los cabildos pasaron de la sesión democrática, intensa y comprometida, a la formidable recepción de los bocadillos y los anuncios fatuos.