Pero lo que más interesa es el compromiso de los fiscalizadores para cuidar el patrimonio de los tlaxcaltecas.
Mientras el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) no logre una real autonomía y su comportamiento se libere de los grupos políticos a los cuales debe el origen de sus integrantes, la transparencia en Tlaxcala no pasa de ser un paquete de buenos propósitos.
Dispone de múltiples mecanismos para retrasar las cuentas públicas, o aprobarlas así de rápido, según la consigna dictada por su superioridad, o de acuerdo con la generosidad del ente auditado. Y he aquí donde la venta de protección mediante auditorías paralelas, acerca o aleja la aprobación.
Es corrupción pura.
Ayudada por un montón de tesoreros irresponsables al servicio de alcaldes más apasionados que capaces.
Entonces entra al quite la Comisión de Fiscalización, una especie de arbitrario mesías lo suficientemente mañoso -como su titular, el panista Alejandro Aguilar López- para incidir moralmente (¡!) a través de declaraciones, propuestas y hasta puntos de acuerdo presentados según se trate y cuente con el beneplácito del ejecutivo local.
Hay que ver la falta de compromiso del ex alcalde huamantleco y su disposición a bailar al son que le toque su superioridad.
Así, se da la actuación completa. Los primeros se asumen en exigentes fiscalizadores a los cuales seduce la idea de enloquecer a los tesoreros, mientras el segundo se convierte en paño de lágrimas.
Entre uno y otro la transparencia se va manchando… va y viene como teibolera fichando en esta mesa y en la otra y, en la de más allá.
Ah, pero hay que ver la verborrea del titular del OFS para justificar las toneladas de papel exigidas sobre todo a los alcaldes, en plena etapa de la digitalización.
La farsa se inicia en el propio OFS, al aceptar tesoreros con títulos falsos de contadores.
Son sus primeros clientes. Aceptarlos en ese marco apócrifo es una inversión de mediano plazo. Ya en funciones, esos servidores públicos de los municipios, tarde o temprano caerán en crisis. Y su primera prueba no superada es la falta de cédula profesional.
Si hubiese una verdadera intención fiscalizadora, las autoridades comenzarían siendo intolerantes con los cuentos chinos tras los cuales aparecen títulos tramitados en Santo Domingo.
¿Qué tal si los auditores del OFS revisaran dependencia por dependencia y, con base en el contenido de la ley de los servidores públicos, removiesen a cada titular o alto ejecutivo en calidad de auto sin verificación?
¿Sabe?, nos quedamos sin burocracia.
Esto es una pachanga. Y la sospecha mayúscula recae en el mismísimo titular del poder ejecutivo, cuya cédula profesional de licenciado en Contaduría Pública, no ha sido mostrada desde el decreto aquél, de no volver a dirigirse a su majestad con el título de contador, sino de licenciado.
Si las escaleras las barremos de arriba hacia abajo, pues ya verá usted que lo mismo en el gobierno estatal que en los municipales existen los suficientes elementos humanos como para asegurar el negociazo en que se ha convertido la acción fiscalizadora. Nada más le rascan tantito y encuentras minas de oro para explotar.
Es una locura. Para donde los fiscalizadores dirijan su mirada hay potenciales negocios. Haga usted de cuenta que se trata de un lobo dentro del gallinero, dondequiera hay gallinas para devorar.
¿Que necesitamos?
Nada más ser honestos. Aceptar autoridades con solvencia moral. Plantear un nuevo pacto anticorrupción, así como el propuesto por Peña Nieto para cuidar la uñas de sus colaboradores priístas, finos en el oficio de enaltecer la falta de transparencia.
Hay que liberar de grupos políticos al OFS. Darle autonomía, cuidarle, procurarle esa solvencia que tanta falta nos hace, en medio de este gobierno de viejecitos nostálgicos por retornar a sus tiempos de faldas largas y bigotitos recortados.
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