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El largo pleito contra notarios orticistas, un rotundo fracaso legal de costo millonario

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El gobierno invirtió millones de pesos para apuntalar una decisión tomada con los ánimos exaltados; es la consecuencia del autoritarismo, descontextualizado en estos tiempos de democracia e instituciones.

Ayer lunes diecisiete de septiembre, gobierno de Tlaxcala y notarios orticistas, acordaron una tregua a propuesta del primero: aguardar al fallo de la Justicia Federal y en el inter, procurar una relación civilizada.

Es que no hay opción.

La ausencia del gobernador a lo que sería una audiencia solicitada por los notarios incluyó a un nuevo personaje: la procuradora Alicia Fragoso Sánchez, como la esencia de esa solicitud de tregua que ha visto en el lapso de espera a la sentencia de instancias superiores, una especie de cuenta regresiva en el marco de un rotundo fracaso a los reiterados intentos por despojar de sus patentes a este grupo orticista.

Retirado de este litigio, Rubén Flores Leal -se supone que mudado a Jalapa- es un hueco que hoy se llena con otro notario orticista: el ex procurador Leopoldo Zárate, quien pese a tener mayor tiempo como notario, también le fueron retenidos los libros y pasado por un filtro hostil que llegó a consistir en amenazas veladas, «en perjuicio de las familias de los trece».

Doce meses de lucha estéril. Dos despachos externos y millones de pesos invertidos en el pretendido desmantelamiento. Antes, la sobreactuación del consejero jurídico, cuyos aires de grandeza lo llevaron a iniciar el pleito colectivo aparentemente sencillo y de escasa duración, aunque en ese intento le fue su relación laboral con la administración. Hoy, congelado como director del Registro Civil, debe el no ser un desempleado a la protección de un tercero, suplicante para que al mencionado no lo agobie la crisis económica.

El perjuicio patrimonial a particulares, ese sí es incuantificable. Primero sus trámites colapsaron. Luego, debieron acudir a notarías de otros estados (Puebla, Hidalgo, Edomex), pese a la efímera exclusividad en que notarios viejos, sobre todo Macías, creyeron haber eliminado a sus competidores.

Nos dicen que al primer despacho interno se le estimuló con un pago de más de diez millones de pesos, pensando en un triunfo asegurado, primero por la fortuna entregada y luego, por el supuesto prestigio, el cual se topó con un muro infranqueable cuando la Justicia Federal falló a favor de los orticistas.

Vendría un segundo despacho. Tal vez la cantidad entregada fue similar, pero los resultados no variaron.

Y una vez aceptado este entorno de derrota, el gobierno volvió a quedar como al principio: aguardando el fallo de la instancia que según vemos, acabará por demostrar al ejecutivo de Tlaxcala que su fuerte no es el litigio y que usar dinero a manos llenas para respaldar decisiones tomadas con el ánimo exaltado no lleva a buenas conclusiones.

Las últimas advertencias del marianismo en contra de los notarios para corregir ineficiencias, incluyeron a los notarios viejos. Y en eso quedó, en una estruendosa amenaza de cancelación de patentes si era preciso, a aquellos interesados en borrar del mapa a sus adversarios.

Pero de esa amenaza nada queda.

Cobran vigencia las condiciones en que hace poco el gobernador González Zarur, dijo a los reporteros: «ibamos a tratar de acabar con la corrupción, el chantaje, el lastre y la colusión».

«Íbamos», me suena a un, «ya no vamos».

Este parece ser el primero de varios y escandalosos fracasos. Costaron millones de pesos, y según se ve, van a acabar en un: «ustedes disculpen».

¿Estrategia equivocada, falta de capacidad, interpretación sesgada de las atribuciones de un gobernador?

Parece que es el precio de las decisiones autoritarias.

Con la misma vehemencia de hacer la guerra, hoy se da la intención de acabar cuanto antes con este lastre, que requirió el concurso del titular de la Función Pública, Hugo René Temoltzin; del propio consejero jurídico, Héctor Maldonado Bonilla; del director de Notarías, Cuauhtémoc Lima López; claro, el secretario de Gobierno, Noé Rodríguez y, ese nuevo elemento, siempre presente en este pleito de la sinrazón: la procuradora de Justicia, Alicia Fragoso Sánchez.

Veremos qué sigue y, quién va a pagar los platos rotos. Hubo daños irreparables que no se pueden quedar en aquella expresión dicha por uno de los ortinotarios: «no somos rencorosos».

Ha sido el peor pleito que dio pie a un rotundo triunfo político. Al menos al día de hoy así parece.

Procuraduría bajo sospecha

Tras la dolorosa desaparición de una joven mujer y su hijo, registrada en Tlaxco la primera quincena de agosto de este año, las autoridades detuvieron y presuntamente torturaron al esposo, dentro de un esquema de culpabilidad que, los familiares de la víctima rechazan de manera rotunda.

El caso ya llegó a medios nacionales. En el programa de Rocío Sánchez Azuara, «Cosas de la Vida», dieron a este asesinato una amplia cobertura. Y la conclusión, a partir de una serie de propuestas de video es que pudo tratarse de un montaje, que se salio de control y concluyó con el brutal asesinato de María del Cármen Hernández.

Tras esa grave sospecha, la procuradora, Alicia Fragoso Sánchez, debe demostrar que la institución a su mando, tuvo siempre una actuación diáfana.

Hay una familia en desgracia.

Y no caben dudas ni medias tintas. Es la peor crisis de Fragoso que debería concluir con su dimisión de persistir el silencio o de anteponer argumentos fuera de la realidad.