Enviar libretas y reglas con la imagen del gobernante en turno es parecido a pintar su nombre en todas las fachadas, finalmente se trata de acciones de promoción personal. ** La delicada situación de la inseguridad en Tlaxcala.
Los legisladores del tricolor se limitaron a intercambiar miradas incrédulas cuando su homólogo panista, Justo Lozano Tovar, reclamó en tribuna al gobernador Mariano González y sus subordinados del ámbito educativo, haber pasado por alto la oportunidad de solidarizarse con la economía de los padres de familia en esta temporada de regreso a clases: “no están cumpliendo en la actualidad una de las responsabilidades sustantivas de su mandato, como lo es la entrega del paquete de útiles escolares para todos los niños y niñas del nivel básico de educación en todo el estado”.
En el régimen anterior, el gobierno dispuso de recursos para repartir propaganda del entonces mandatario, Héctor Ortiz -cuñado del diputado que hoy reclama-, en forma de mochilas, libretas, lápices…
No era la gran ayuda como en cambio sí un detalle de una administración sensible a promover su imagen con los papás de miles de escolares a quienes poco interesaba usar las reglas o los cuadernos con el rostro de Héctor Ortiz, plasmado a lado de conocidas frases de campaña, pero ahí las tenían.
Esta moción de censura presentada por el legislador albiazul consta de dos ejes de ataque: el primero aprovecha la temporada, difícil para aquellos padres castigados por la falta de empleo, la voracidad de los comerciantes y la libertad con la cual los profesores acaban por solicitar una lista de útiles así de grande.
Lograda la atención de los papás viene lo medular de la crítica, dicha por un miembro del grupo de académicos que perdieron el poder tras la necedad calderonista de imponer a una candidata inconsistente para este colectivo, lo que a su vez los llevó mermados a las urnas en aquella cerrada jornada electoral de 2010, cuando el solitario, rasposo, malhumoriento y desesperado candidato tricolor se alzó con un triunfo gracias a la ayuda de múltiples grupos a los que por cierto, con el tiempo desdeñó.
Lozano sacó su coraje evidenciando la característica insensibilidad del hacendado en el poder: “pensar así es pensar en un regreso de hace más de 250 años, cuando el rey era el Estado: los recursos públicos no son de su patrimonio, no son de su pecunio, no son de su propiedad, son del pueblo, son de la ciudadanía, son de cada uno de los tlaxcaltecas que día a día se esfuerzan por salir adelante, y no es con el inadecuado manejo y una visión patrimonialista del poder y de las arcas gubernamentales como se concibe la tarea moderna de gobernar”.
Como puede usted ver, se trata de estilos distintos de ejercer el poder: los orticistas basan sus éxitos en el poder por medio de estrategias planeadas con sigilo y calendarizadas.
El marianismo, en cambio, se mueve con una antipupularidad a flor de piel. No hubo útiles escolares, pero sí en cambio el mantenimiento a los edificios escolares mediante un programa que no desaprovechó para tatuar todos los muros posibles con una graciosa greca de sus iniciales MGZ, igualito que los rancheros marcan con hierro candente su divisa en las ancas de sus hatos.
No hay duda, se trata de estrategias distintas, pero al final ambas tenían la intención de promover la imagen del gobernante en turno.
Orlando May, al banquillo
Llegó con las cartas credenciales de un jefe represor y hasta con antecedentes de tortura, según lo consignan medios de plazas como Tabasco, donde dejó huella.
Ese perfil era inmejorable para el sistema pensado por quien hoy gobierna.
Parecía atender premisas como: «a golpes, el indio obedece», y, «no hay mejor recurso que el miedo».
Y con esa lógica su contratante supuso que mantendría a raya a un pueblo respondón.
Los meses pasaron. Llegaron los operativos. A muchos les costó ser maltratados, o vistos como posibles delincuentes.
Se trataba de infundir ese mensaje de temor enviado por un mandatario con ganas de tener las manos libres, sin cuestionamiento alguno de por medio.
Pero el lado que se esperaba con el mítico cambio comenzó a fallar. Hoy, un par de robos, mañana otras tantas extorsiones, y de repente nos llegaron cuerpos mutilados.
La autoridad se negaba a reconocer que el crimen organizado comenzaba a operar en la demarcación tlaxcalteca. Se trataba -según se dijo hasta el cansancio- de delitos cometidos en el exterior cuyos autores tomaron nuestro territorio para venir a dejar los cuerpos.
En esa versión se insistía hasta el día en que el gobierno decidió concentrar a la policía municipal de Tlaxcala. Esa mañana se reconoció que los actos criminales tenían presencia en toda la entidad, y por lo tanto era necesario llamar a esos elementos comisionados en el resguardo de la capital.
De manera simultánea, empresarios del área de Chiautempan alzaron la voz por los robos y extorsiones de los que eran objeto.
Luego, nos enteramos que comerciantes del municipio de Tlaxcala, por el rumbo de la Loma, sufrirían de constantes extorsiones.
Hace semanas, durante una importante actividad en el cuartel de Mazaquiáhuac cayó un helicóptero del gobierno de Veracruz. Algunas versiones no descartaron que aquél hubiese sido derribado, en lugar de la versión difundida, en el sentido de una falla mecánica.
Así que el área boscosa de Tlaxco pudiera ser asiento de algún grupo armado.
Otras informaciones que comenzaron a tomar fuerza, hablan de la disputa de dos cárteles, los más sangrientos del país, en la plaza de Tlaxcala.
Como podemos ver, la función del secretario de Seguridad Pública, Orlando May Zaragoza, le demandó ensancharse a toda la geografía y valerse de un sensible mecanismo de inteligencia.
Pero cuando vemos al director del C-4, Benito Hernández Fernández, llamando la atención con sus buenos deseos y su carácter pusilánime cada vez en más actividades, notamos que el militar a cargo de la seguridad en Tlaxcala se queda corto ante el inminente avance de los presuntos autores de esos asesinatos negados hasta el cansancio y de aquella latente amenaza de secuestro y extorsión.
Dicho alto mando carece de más alternativas que, ponerse las pilas y sugerir los cambios necesarios -como ya lo hizo con la policía municipal de Tlaxcala.
Su función no debe limitarse por la inútil política electoral desplegada por un gobierno incapaz de lograr votos para su partido, pero sí cometiendo la irresponsabilidad de descuidar frentes muy sensibles, los que tienen que ver con la actividad de la Secretaría de Gobierno.
Se acabó el tiempo de pensar en elecciones.
May Zaragoza no puede hacerlo todo. Mario Armando Mendoza, el asesor non del gobierno, tiene que sustentar las grandes recomendaciones que ostenta como operador, pero no para ganar votos, sino para velar por la integridad de un pueblo al que se ha descuidado.
Sin trabajo de inteligencia somos vulnerables.
Con Benito Hernández y con Mario Armando, lo somos más.
Nada más que la disciplina de May es tan elevada que es incapaz de comentarlo a su jefe el gobernador.
No se puede limitar a ver cómo nos hundimos ante el crecimiento del crimen organizado.
Atrás quedó la política para reprimir al pueblo.
Hoy, tienen que aplicarse a fondo para defender a ese pueblo.
Y si no pueden, entonces que renuncien. Del más modesto, al más alto.