Sus enemigos ya no son los mismos tipos contemplativos que otrora se dedicaron a aceptar incondicionalmente sus decisiones, por atropelladas que fuesen.
La persistencia extralegal del gobernador hacia los notarios orticistas se hizo más compleja. Estos presentaron un incidente de inejecución de la sentencia dictada por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito, María Guadalupe Alviso Murillo, quien el 27 de julio anterior ordenó y estableció un plazo del 2 al 7 de agosto al gobierno de Mariano González para cumplir con la sentencia de amparo que obtuvieron nueve de los dieciséis fedatarios.
Ahora, la petición a esa instancia se amplía a solicitar la destitución del propio mandatario estatal, Mariano González Zarur, de su secretario de Gobierno, Noé Rodríguez Roldán y del director de Notarías, Cuauhtémoc Lima López, decisión en manos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante la configuración de desacato a dicha orden.
En Palacio, esta novedad -sin embargo- se toma con aparente calma.
Trascendió que en una medida de doble propósito el mando superior analiza la remoción del secretario de Gobierno, Noé Rodríguez Roldán, como parte de una rara estrategia, aparentemente incomprensible pero, al fin y al cabo, parte de la medida dilatoria sugerida por el bisoño consejero jurídico, Héctor Maldonado Bonilla.
Nuestras fuentes afirman que esa maniobra enrarecería el pleito entre el marianismo y el orticismo, dando tiempo al primero para agotar los términos de la medida dictada por el Juzgado de Distrito, para sí dar paso al proceso de cancelación de las patentes.
De acuerdo con el artículo 151 de la Ley de Notariado del Estado de Tlaxcala, son once las causas por las cuales el gobernador puede cancelar patentes de notario.
Dicho marco legal abarca temas como no presentarse a laborar tras alguna licencia solicitada, impedimentos físicos o mentales, por laborar en estado de ebriedad o bajo el influjo de otras drogas, por no ejercer personalmente su encargo, por el bajo número de escrituras (24) tramitadas a lo largo de un año o, por ser sujetos de alguna sentencia condenatoria al comprobarse su participación en un delito doloso.
Ninguna de ellas establece causas de carácter político.
Pero la causal más factible es el involucramiento de los notarios orticistas en algún hecho delictivo, por lo que tendrían seguimiento personal y una afanosa búsqueda de historiales que permitan la intervención de la Procuraduría y, en consecuencia haya una razón de peso para proceder a la cancelación.
Remover al secretario de Gobierno en este proceso tendría entonces el fín de obnubilar el de sí complejo intercambio de autos ante la Justicia Federal, aunque en los hechos permitiría al ejecutivo deshacerse de un elemento que parece estar ya de sobra desde que hizo públicas sus intenciones de participar en procesos electorales.
Aún peor, sería la venganza por aquél atrevimiento de conformar un grupo afín a los planes de largo plazo del todavía secretario de Gobierno, quien lo hizo público a un supuesto grupo de incondicionales durante una convivencia en un bar localizado en la ciudad de Puebla.
Tal vez esa es la razón por la cual la medida marianista resulta de difícil comprensión para aquellos que no llevan un seguimiento estrecho del altibajo dictado desde Palacio.
Es de recordar el considerable incremento en los adversarios fabricados por la presente administración, incluso dentro del mismo Partido Revolucionario Institucional (PRI) parte de cuya militancia está en desacuerdo con estar atados de manos ante medidas crueles que, los condenaron a ser únicamente contemplativos en los procesos electorales y en el peor de los casos los privaron de los recursos envíados por la cúpula nacional para llegar con solvencia a la pasada elección.
Llegó el tiempo en que el propio gobernador enfrenta la primera situación de riesgo que considera el desafuero.
Por una causa menos aparatosa en tiempos del foxismo fue llevado a ese extremo el entonces Jefe de Gobierno de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.
La permanente actitud de desafío a sentencias dictadas por la Justicia Federal tiene el primer aviso de que las cosas se tornaron en un verdadero peligro para su permanencia en el poder.
Declararse ajeno a los ceses en el Cobat
Es bien conocida la sumisión del secretario de Eduación Pública, Tomás Munive Osorno, a las disposiciones de su jefe el gobernador.
Más todavía que cuanta decisión tomada en el ámbito laboral pasa por el filtro marianista.
Así que arrojar las cabras al vetusto servidor público en el caso del cese fulminante del director de dicho sistema es un acto de simulación hecho, suponemos, para no mostrar que su tiempo no es destinado a cuestiones de tan escasa factura.
Eso es muy dificil de creer.