En un mensaje ambiguo, Moreno Barrón, agradeció a las autoridades su intervención para calmar a sus feligreses en El Carmen Aztama, pero los alienta a los juicios sumarios, llamando a la condena de los delitos y no a la denuncia de ellos.
De aquél episodio de ira colectiva que puso en riesgo en la comunidad de El Carmen Aztama, la vida de una presunta ladrona sacrílega y, la de los policías ministeriales que le rescataron de la turba, hoy hay una especie de cruda moral, también colectiva… hoy, el temor a ser aprehendidos por el abuso cometido usando una causa religiosa, llevó al pueblo entero a resguardarse en sus casas.
Las calles, sede del juicio sumario que salió de control, quedaron sin gente.
La tragedia se asomó a causa de unos aretes hurtados en el templo a la imagen de la virgen de El Carmen.
Desde Santiago Tetla, el obispo Francisco Moreno Barrón, aprovechó ayer miércoles el micrófono para lamentar los hechos en Aztama, según lo consigna información de El Sol de Tlaxcala.
Su mensaje sin embargo se dio en un marco de ambigüedad: «todo atentado contra las imágenes, objetos de arte sacro y los mismos espacios santos hay que condenarlos quien quiera que lo haga y en cualquier condición, cuando se dan estos hechos hay que someterlos a la autoridad correspondiente de tal manera que la comunidad nunca se haga justicia por su propia mano».
El llamado a la condena y no a la denuncia podría mostrar el beneplácito de los juicios sumarios.
No debemos olvidar que los templos son una propiedad de la nación. Así que el concepto patrimonial infundido a una feligresía dispuesta en todo momento a aplicar castigos ejemplares a ladrones con cierta elevosía, nunca dejará de ser un delito que pone cosas materiales por encima de la vida humana.
Es muy cierto que verdaderas bandas de traficantes de piezas antiguas, muchas veces veneradas en los templos, se mantienen a la expectativa para sustraer a la primera distracción estatuillas, cálices u óleos de gran valor.
He ahí donde debe intervenir la Procuraduría General de la República, como garante del patrimonio federal, y valerse de las policías preventivas locales para hacer un equipo robusto, capaz de enfrentar a las mafias de traficantes, por cierto no en pocas ocasiones integradas por sacerdotes.
En eso debe invertir la autoridad.
Tenemos el caso de la basílica de Nuestra Señora de Ocotlán, donde una serie de robos obligó a las autoridades a colocar cámaras de seguridad. Desde entonces los robos desaparecieron.
La entusiasta participación de los feligreses y su gran capacidad para reunir cantidades importantes por concepto de limosnas, debería destinarse a la adquisición de este tipo de equipos, para resguardo de ese valioso patrimonio.
Pero el dinero tiene destinos marcados, sobre todo durante las fiestas patronales, en las cuales el Obispo Moreno Barrón encabeza actos litúrgicos para realizar confirmaciones.
Las talegas de dinero se dirigen a la diócesis. ¿Para qué?, ¿acaso el ritmo de vida de sus integrantes demanda tal cantidad de efectivo?
¿Ese dinero regresa de alguna manera al pueblo que lo reunió? Sí… en forma de indulgencias.
Las indulgencias no detienen a los ladrones de arte sacro.
Es claro que todos deben poner de su parte.
Los mayordomos tienen la oportunidad de organizar con un mayor humanismo las celebraciones, eliminando costosos riesgos como los cohetones y los ríos de ron corriente. Mire que todo templo puede tener un eficaz sistema de vigilancia, conectado a la PGR y a la Secretaría de Seguridad Pública.
Entonces, la tranquilidad será plena.
Aunque los lujos purpúreos habrán de tener ciertos sacrificios, emulando la humildad de ese Dios que es su inspiración.
Creo que monseñor Moreno Barrón, antes de incitar su nutrida feligresía a la condena automática de los robos sacros, debe pensar en esos niños, muchos niños, que presenciaron la descontrolada euforia hecha un acto de violencia masiva.
Esas pequeñas conciencias deberían ser su prioridad, para iluminarlas con un ejemplo que a todos nos cauce admiración.
Se trata de un principio de orden.
La crisis del PAN
Duele la frustración de la militancia panista ante los intereses de quienes disputan la secretaría general de su partido. Nada tiene que ver el estatuto albiazul con los apetitos voraces de Adriana Dávila, por apoderarse del instituto, y de Sergio González Hernández, por no permitirlo.
Y mientras el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) ha visto esta crisis y no descarta nombrar a un delegado especial para sancionar el proceso de elección de candidatos a alcaldías y diputaciones locales, Dávila y González, no desperdician la oportunidad para hacerse daño.
Aliados ayer y enemigos hoy, demuestran su ausencia de principios.
Los mueve el interés, de seguir regenteando delegaciones y de tener manga ancha a la hora de palomear candidaturas. Eso suele ser productivo… todo tiene un costo, ¿qué quieres, ser diputado, alcalde?… te cuesta tanto.
Esa conducta tiene que ver con el pragmatismo tan de moda en el calderonismo.
No importan los medios, en cambio sí el fin. Así que nadie se avergüence por las atrocidades cometidas a nombre del PAN, pero con la particularidad de una causa… el adrianismo.
La intervención del CEN es lo mejor.
El apetito de Adriana es insaciable. Su calidad de nueva rica gracias al sistema que encabezó el michoacano, requiere seguir con el elevado ritmo de vida adquirido.
De lo contrario, su desempeño no tendría la menor gracia. Al menos así lo contempla.
Los consejeros nacionales del partido estarán en Puebla, en los trabajos que encabeza al líder nacional Madero.
Se trata de posponer la asamblea para la toma de decisiones, más allá de la partida de Felipe Calderón, es decir, por ahí de diciembre, y no con la proximidad que se manejaba.
Veremos de qué manera se conserva algo del partido que llegó a ser gobierno en Tlaxcala, pero hoy, hundido en la tercera posición.
Ahí la llevan.
Pueden seguir descendiendo. De eso se encarga la nueva rica.