La necesidad de desplegar poder para legitimarse ante sí llevó a esta administración a un combate cara a cara con la firma que pudo doblegar al poderoso presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cuando este en 2008 decidió expropiar las instalaciones de Cemex en su país.
La peor parte de las decisiones atropelladas del gobierno marianista es el pago por tomarlas anteponiendo la víscera, aunque en el escandaloso fracaso de la Central de Abasto (CAT) hay otro factor todavía más sumido en el fango: el que dos funcionarios supiesen del peligro al que se enfrentaba el gobernador y no movieran un dedo para impedirlo.
Se supone que Roberto Romano Montealegre, secretario de Obras (Secoduv) y David Lima Arroyo, director de Desarrollo Urbano de la Secoduvi, conocieron a la CAT desde sus inicios, durante el gobierno de Héctor Ortiz Ortiz, pues fueron ellos –principalmente Lima, a quien pagaron un posgrado como premio a sus servicios- los precursores del proyecto y redactores las condiciones para ejecutarlo.
Sabían que una suspensión inconstitucional costaría al gobierno de Tlaxcala 320 millones de pesos por indemnización y 200 mil diarios mientras estuviese parada la obra y se impidiese la reanudación de la misma.
Hoy sin embargo, ellos se encargaron de enviar los legajos del más caro fracaso legal del marianismo, a dependencias y tribunales, pues así se los ordenó la Justicia Federal.
El frentazo de Tlaxcala no es casual.
Enfrenta al mismo equipo de abogados que ganó a Venezuela el litigio internacional por la expropiación decretada por el presidente Hugo Chávez, en agosto de 2008.
Y en condiciones semejantes las empresas de los Zambrano tuvieron que ser indemnizadas bajo la supervisión del Banco Mundial y la lupa de tribunales internacionales. En Tlaxcala, el banco encargado es Banorte, y los tribunales corresponden al Poder Judicial Federal.
Y aquí la perfecta falla (valga la expresión) de al menos uno de los funcionarios señalados podría hasta despertar sospechas de cohecho, para alentar el papel tan rotundamente equivocado y desafiante del gobierno, a un clausulado leonino en su momento propuesto y firmado por esta pareja de servidores públicos.
Es indeleble el argumento oficial para suspender la obra: “Debido a que no cuenta con los dictámenes de impacto urbano, de congruencia y de impacto ambiental, además del proyecto para la construcción del acceso a la carretera Calpulpan-Ocotoxco, la Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) clausuró los trabajos de la Central de Abastos de Tlaxcala (CAT)”, se informó oficialmente en febrero de 2011.
Hubo que ver el rostro descompuesto de la secretaria de Desarrollo Económico, Adriana Moreno Durán, lanzando consignas al antecesor de su jefe bajo el argumento de que mientras no cumplan con la normatividad el inmueble no continuará con el proceso de construcción.
Resultó que la señora Moreno también conocía que el marianismo jugaba con fuego, tras la suspensión unilateral e inconstitucional pero, decidió arriesgarse luego de reunirse con los empresarios, donde constató que las cláusulas del convenio de confidencialidad no establecen ningún compromiso con la empresa Orión, que venía ejecutando los trabajos y que aduce pérdidas millonarias.
En ese momento lo menos que imaginaba es que la Justicia Federal diese la razón a los constructores y que por otro lado, el gobierno al cual servía tuviera que desembolsar una cantidad monstruosa de millones de pesos y todavía más de sanciones diarias por la obra suspendida.
Pero la sentencia llegó y se suma a otras que en condiciones muy parecidas demuestran lo improductivo que puede ser, primero las decisiones arrebatadas de un mandatario víctima de sus crisis de ira; segundo, la cobardía de subordinados y colaboradores para advertir al gobernador de los riesgos que implicaba tomar parte con manifiesta desventaja en una millonaria mesa de juego; y tercero, la sangre fría de Romano, Lima y la propia Moreno Durán, para ver cómo poco a poco se iba fragmentando la represa del marianismo hasta su mismo colapso y posterior tragedia.
Los errores que se convirtieron en fracasos
El marianismo tenía que recurrir a actos de poder, correctos o arbitrarios, pero que le dieran la certeza de ser el jefe, el gobernador… el líder.
Y poco a poco la presión a los abogados de este sistema se ejerció con mayor presión. Pero los resultados acababan por ser adversos.
Ello pasó con el Tribunal Laboral y su inverosímil clausura. También con la Plaza del Bicentenario y otros tantos despliegues de un poder no dispuesto a ceder un centímetro, aunque ese orgullo le costase sonoras derrotas y millonarios pagos a causa de la sinrazón con la que actuaba.
A catorce meses de gobierno –dice el mandatario González Zarur- los servidores públicos que no han aprendido a desempeñar su papel como lo ordena su jefe habrán de ir a su casa, pues no dieron el ancho a la dinámica planteada.
Creo que el propio Mariano debiera considerar su retiro voluntario pues las muestras de escaso aprendizaje para ejercer el papel de, “coordinador de los esfuerzos de todos” a estas alturas no ha dado el estirón.
Con una elección federal en puerta, con logros muy medianos en el primer ejercicio y con una decena de informes, encaminados a mostrar a la figura pero no a su obra, los tumbos de esta administración hacen que la mayoría de servidores públicos se vean mal y que su autoestima no sea recuperada mientras la peor malformación no sea extirpada.