Ahora hay que ver las sanciones a las que el gobierno de Tlaxcala se haría acreedor por el hecho de clausurar una obra millonaria que perjudicó a la poderosa firma propiedad de la familia Zambrano. * Condenan candidatos que dinero del CEN sea exclusivo para apoyar a Peña Nieto.
Resuelto por un tribunal colegiado, al municipio de San Benito Xaltocan y constructores encabezados por Lorenzo Zambrano (Cemex) les fue concedida la razón legal, al contrario de lo ocurrido con el gobierno de Tlaxcala, que ahora se encuentra en una franca situación desventajosa tras clausurar aquél proyecto iniciado en la administración de Héctor Ortiz Ortiz.
El resolutivo es parte del expediente 607 en manos de la justicia federal y pone fin a un pleito iniciado por el gobierno de González Zarur, desde su mismo inicio, a principios de 2011.
Falta ver las penalidades a las que se hizo acreedor el gobierno tlaxcalteca pues a la firma del convenio con las empresas de los Zambrano para edificar una serie de bodegas de almacenamiento, naves de exhibición, estacionamientos y caminos, también se aceptaron severas sanciones para el contratante que llegase a incumplir el clausulado.
Por tratarse de una cuantiosa inversión sustentada mayoritariamente por dichos empresarios, en su momento sería acordado con la autoridad estatal, a través de la Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda, desde el pago de una robusta nómina hasta la cobertura total del gasto, estimado en más de 200 millones de pesos, ante la eventualidad que pusiese fin de manera unilateral al proyecto.
La clausura de la Central de Abasto de Tlaxcala se suma a varios conflictos legales culminados como sonoros fracasos. Son una clara exhibición de la actitud complaciente del equipo de abogados, más preocupados por no contradecir al mandatario que por los resultados desastrosos, tarde o temprano.
Vale la pena señalar la relación enfermiza que parte de los escenarios esbozados aquí arriba: un gobernante proclive a encabezar un raro sistema con visos de monarquía, donde no existe más voluntad que la del Señor y, donde los profesionistas son vistos con recelo, salvo en casos extraordinarios –como el de Carlos Rojas y Mario Armando Mendoza- quienes por razones desconocidas alcanzarían una influencia incomparable con la de la mayoría de servidores públicos.
Bajo este esquema el gobierno de Tlaxcala hilvanó derrota tras derrota en el ámbito legal. Lo mismo resultó un fiasco la colocación de leyendas de clausura en obras de relevancia, como la Plaza Bicentenario que, la extraordinaria clausura del Tribunal Laboral.
Entonces, la capacidad del gobierno para defender sus negocios y exigir claridad al gobierno anterior y a las contrapartes, devaluó a los niveles en que hoy se encuentra: obediencia ciega de un pequeño grupo haciendo fortuna aunque los resultados sean inexistentes.
El gobierno estatal pasó por alto que no sólo riñe con la administración anterior. Hay intereses como el del Grupo Cemex, en el proyecto de la Central de Abasto, para concluir la obra o para llevarla a los tribunales –tal y como ocurrió- con la gran expectativa de recuperar y, hasta ganar pese a que la obra quede inconclusa.
Mandos medios que siguen laborando en la Secoduvi conocían a detalle el contenido del contrato y de todas formas alentaron una actuación errática del gobierno. De antemano sabían los riesgos a los cuales se enfrentaba la administración González, pero dejaron correr el improductivo litigio.
Con cobros estratosféricos y duplicidad de funciones, tuvieron que llegar al quite los despachos externos, mientras los célebres funcionarios del marianismo acabaron en vulgares picapleitos con una sola garantía: la derrota.
Pero lejos de reconocer el vil engaño al que dan pie los horrores generados por el temperamento mariano a subordinados e incondicionales, el mandatario persiste en el sistema cuasi feudal, con adversidades una tras otra y el crecimiento de sus adversarios ante la incapacidad de sus abogados.
Cisma en el PRI
Candidatos a diputados federales del PRI preparan una sonora protesta contra el filtro colocado por el gobernador Mariano González, para captar los recursos enviados por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) tricolor, para apoyar sus campañas de proselitismo.
La información que descubre a Mario Armando Mendoza, como el operador electoral que decide el destino de los recursos del PRI –aunque él exalte la figura del hijo de Mariano, nombrado coordinador de la campaña de Peña Nieto- ocasionó un severo malestar en los abanderados (también se sumarían los candidatos al Senado), empobrecidos e incapaces de competir con sus iguales de los otros partidos, a causa de la cínica retención del dinero proveniente del CEN para limitarlo a apoyar exclusivamente el proselitismo del candidato a la Presidencia, como lo habría determinado el subsecretario técnico del gobierno.
¿Seis por ciento de incremento en turismo?
El pasado 21 de marzo Tlaxcala registró una llegada histórica de visitantes, en su mayoría nacionales que aprovecharon la inmejorable ubicación de la entidad.
Se supone que respaldarían el dicho del secretario de Turismo, Marco Antonio Mena Rodríguez, respecto a la supuesta cifra de crecimiento en este ámbito, el único de la actual administración con un movimiento positivo.
La mayoría de esos visitantes se dirigió al zoológico del Altiplano, tan anunciado en plazas como la del Distrito Federal.
Y se encontraron con la pésima sorpresa de que el lugar se encontraba cerrado, porque los burócratas del marianismo decidieron incluirlo en el puente largo.
Derechito a Oceánica
Dicen que una ex primera actriz expresó muy indignada el jueves anterior en una mesa del restaurante El Cambalache, en la ciudad de México: “mi hijo necesita dejar el ambiente de la política porque sus adicciones ponen en riesgo su vida”.
Ella misma trató de explicar la causa de esa perdición, y llegó a la conclusión que ello se debe a la falta de instrucción de un contador privado que a duras penas egresó del Instituto Washington Patrulla (hoy por cierto, está prohibido decirle conta… hay que tratarlo de… abogado).
Creo que por eso, algunas instancias están determinadas a desconocer los documentos que al calce lleven la firma del abogado, licenciado o contador público.