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Un despacho más, este al servicio del CEN del PRI, a Tlaxcala para buscarle a Ortiz

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Y también a la bárbara funcionaria federal que utilizó la fuerza de las delegaciones para obtener el peor triunfo de su vida política… la cosa va muy en serio, al grado que en Michoacán, por ejemplo, ya fue denunciada la “Cocoa” por menos de lo que Adriana Dávila movió aquí.

Habría llegado a Tlaxcala un equipo de abogados enviado por un despacho al servicio del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, a investigar cuanta pista le permita fincar responsabilidades al ex gobernador Héctor Ortiz Ortiz.

Al interior del tricolor se maneja la versión de que dicho bufete de abogados forma parte de un sólido apoyo enviado a la entidad por el líder nacional de ese partido, Pedro Joaquín Coldwell, ávido de razones para denunciar a ex gobernadores panistas, ya sea ligados al crimen organizado –como ocurre con Ernesto Ruffo y Eugenio Elorduy, en Chihuahua- o inmiscuidos en el contexto de corrupción como ocurre con Héctor Ortiz en Tlaxcala.

El PRI está convencido que el gobierno federal prepara una elección de Estado, “para contrarrestar el avance de Enrique Peña Nieto y prolongar el régimen de pobreza e inseguridad”,  parte de su estrategia es encontrar eco en los Estados Unidos para satanizar a ex gobernadores priístas de Tamaulipas, encabezados por Tomás Yarrington, señalado de recibir sobornos del cártel del Golfo, y de los zetas.

Incluso, en la Unión Americana se incautaron cinco millones de dólares y varias propiedades a Antonio Peña, supuesto prestanombres de Yarrington.

Los enviados del CEN tricolor no advertían que en Tlaxcala llegarían a encontrar tan importante beta, al grado que según sus primeras investigaciones sería equiparable o superaría al manipuleo de programas federales detectado en Michoacán, y que motivó una denuncia contra Luisa María Calderón ante la Fepade.

Aquí se toparon con una coordinadora de delegaciones que colocó al esposo en Oportunidades y dispone de múltiples incondicionales en otras áreas.

Este domingo, tras el despliegue de recursos económicos y humanos de las delegaciones federales en el proceso interno para elegir candidatos a las cámaras alta y baja, los enviados del CEN tricolor comenzaron el acopio de pruebas en contra de Adriana Dávila Fernández, para presentarlas ante la Fiscalía Especial de Delitos Electorales.

Como se puede observar, entre PRI y PAN no habrá tregua en el trecho que falta para el cotejo, sólo que en la dirigencia nacional tricolor no había puesto suficiente atención en Tlaxcala, donde el gobierno encabezado por Mariano González Zarur, acusa los efectos de una débil y errática defensa legal, que a la fecha le ha hilvanado sonoros fracasos ante tribunales (Plaza Bicentenario, Tribunal laboral, Central de Abasto).

Desde el año anterior, la administración marianista habría advertido la vulnerabilidad, no solo en el terreno legal. La falta de profesionales exitosos en otras disciplinas lo llevó a contratar con despachos como el encabezado por el hermano del ex dirigente tricolor, Genaro Borrego Estrada, a cuyos especialistas se deberían las iniciativas de reformas, unas en proceso de ser votadas y otras, como la del Poder Judicial, aprobada por unanimidad.

Por lo menos cuatro ex dirigentes nacionales del PRI –con presuntas igualas mensuales de 150 mil pesos- abultarían al grupo de asesores externos con la mira muy bien puesta en dar fortaleza al proyecto encabezado por el hacendado Mariano, para quien a últimas fechas hizo crisis el enfrentamiento con el ex gobernador Héctor Ortiz Ortiz.

Serían dos conferencias de prensa con carácter contestatario ofrecidas por el panista, lo que detonó la llegada de los abogados tricolores. Relacionado con la inhabilitación por cinco años a causa de acciones de nepotismo, Ortiz aparecería primero diciendo: “a la administración de Mariano le faltan pantalones para meterlo a la cárcel” y, en una segunda oportunidad hizo mofa de lo que encontró como delicado caso de ignorancia en los abogados del actual régimen (refiriéndose en particular al secretario de la Función Pública, Hugo René Temoltzin Carreto).

Mare… de la Península al meritito Tlaxcala… ¡bomba!

Será ineludible librar el proceso de emplacamiento vehicular en este régimen (a ver si ahora sí pueden cobrar, señores de Finanzas), así que el gobierno se declaró abierto para recibir propuestas.

Oye lindo-hermoso, cosa más curiosa, que la única empresa registrada, es de la tierra de la mismísima Ivonne Ortega, la gobernadora tricolor que suele intercambiar suspiros con el de aquí y no pierde tiempo en enviar charolitas con papatzules y harto relleno negro.

Pues han de ser unas placas muy buenas las maquiladas por la empresa peninsular esa que le platico porque, apoco aquí en Tlaxcala o por aquí cerca no hay troqueladoras capaces de dibujar toritos a la mitad de un trozo de lata…

Pues en lo que se descubre si hay comisión oculta de pormedio, digamos al uni sono (unísono)… ¡Bomba!

El alcalde rabo verde

Un presidente municipal, por cierto priísta ocasionó en su plaza, Texoloc, un vergonzoso escándalo que confrontó a su esposa con la reina del carnaval.

Conocido por su afición al ron y al brandi, sobre todo si están de oferta, el edil en cuestión habría dado razones a la señora su cónyuge para abrigar sospechas de un coqueteo infame, con la jovencita de dieciséis años que por alguna razón aceptó formar parte de la singular corte carnavalesca.

Y aquella esposa, cegada por los celos la emprendió a puñetazos en contra de la menor. Mientras, el nada agraciado político de cuarta, veía entre espantado y orgulloso (¡se pelearon por él!) cómo se destruía su familia y, cuánto lamentaba la de aquella jovencita el haber aceptado semejante invitación.