Si el gobernador Mariano González Zarur, no se demandara más logros de los que puede realizar, la amargura de su gobierno –con reiterados fracasos de amplio espectro- no sería tan evidente… hasta pudo colocar en la obra disputada  una enorme placa con su nombre, y sin meter las manos.

De fecha 31 de enero del actual, es claro el informe 340/2011-III rubricado por el secretario de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) Roberto Romano Montealegre, respecto al cumplimiento a la Ejecutoria de Amparo, cuyo contenido dice a la letra:

“Por medio del presente escrito vengo a dar cumplimiento al proveído por Usía el día treinta de enero del año en curso, notificado en el despacho de la Secretaría a mi cargo mediante oficio número 04486; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 de la ley de Amparo vigente y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada con fecha dieciocho de julio del año dos mil once que entre sus puntos resolutivos concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa (a la UAT)  informo a usted que mediante acuerdo de fecha treinta y uno de enero de dos mil doce, he dejado insubsistente y sin efecto legal alguno el oficio número SECODUVI/0256/2011, de fecha veintiocho de febrero de dos mil once dirigido al Director del Instituto Estatal de Protección Civil en el cual solicité el apoyo institucional designando personal capacitado con la finalidad de evitar el acceso a persona ajena a esta Secretaría o en su defecto, solo a los que autorice esta Secretaría por conducto del registro del obra al edificio que ocupa la Plaza Bicentenario así como a sus alrededores.

Dirigido al juez primero de distrito en el estado de Tlaxcala, Romano Montealegre pide lo siguiente:

1.- Considerar el escrito informando el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo.

2.- Dejar sin efecto el apercibimiento decretado para el caso de no informar los actos tendientes a dar cumplimiento a su proveído.

¿Y qué dice el acuerdo que motiva este escrito por parte de Romano Montealegre?

“Téngase por recibido el oficio 04486 mediante el cual el JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO, notifica el acuerdo de fecha treinta de enero del año en cuso dictado dentro del juicio de amparo 340/2011-III-B promovido por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y requiere a esta Secretaría (Secoduvi) a fin de dentro del término de veinticuatro horas, informe a ese juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo o bien de los actos que se hayan realizado para tal efecto. Por lo que visto y analizado el contenido del mismo; SE ACUERDA:

1.- Como lo ordena la Autoridad Judicial Federal, se deja sin efecto legal alguno el OFICIO SECODUVI/0256/2011, de fecha veintiocho de febrero del año 2011.

2.- En consecuencia gírese oficio al Instituto estatal de PROTECCIÓN Civil, comunicándole que se DEJA INSUBSISTENTE Y SIN EFECTO LEGAL ALGUNO el OFICIO SECODUVI/0256 de fecha veintiocho de febrero de 2011 que le fue girado a ese instituto.

3.- Una vez hecho lo anterior, gírese oficio de cumplimiento de Ejecutoria al juzgado Primero de Distrito en el estado de Tlaxcala dentro del Juicio de Amparo 340/2011-III-B.

¿Y qué responde el Instituto Estatal de Protección Civil?

Fechado el primero de febrero de 2012, José Mateo Morales Baéz, director del Instituto Estatal de Protección Civil del Estado de Tlaxcala (IEPCET) informa al Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala:

“Por medio del presente escrito en cumplimiento al proveído emitido por Usía el treinta de enero del año en curso, notificado en el despacho de mi oficina principal mediante oficio número 04487; con fundamento en el artículo 104 de la Ley de Amparo vigente, esta autoridad se hace sabedora de los términos de la ejecutoria de amparo dictada en este juicio con fecha dieciocho de julio del año dos mil once, que en sus puntos resolutivos concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, declarando inconstitucionales los actos de ejecución realizados por el personal a mi cargo en cumplimiento a la solicitud del Secretario de obras públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala constantes en el oficio SECODUVI/0256/2011  de fecha veintiocho de febrero de dos mil once. Asimismo se ha dejado sin efecto legal alguno los actos de ejecución deducidos de la solicitud interinstitucional contenida en el referido oficio”.

¿Y cuál es la versión de la UAT?

Entrevistado por e-consulta, el rector de la UAT, Victor Job Paredes Cuahquentzi, reveló que el dictamen es favorable… “sabemos que ya está en promoción a nivel federal para que esta instancia instruya al ámbito local que nos haga entrega”

Paredes Cuahquentzi consideró que el gobernador Mariano González Zarur, podría buscar un nuevo amparo, sin embargo, “las instancias están todas agotadas… hasta donde tengo entendido es definitivo”.

¿Cuestión mediática?

Si la Plaza del Bicentenario presenta deficiencias en su estructura, como en su momento lo sancionó la Secoduvi; si el edificio representa un riesgo para la gente, como lo asentó Protección Civil –causa de la clausura- hoy, la justicia federal concedió la razón a la universidad pública, pasó por alto las razones de la clausura y ratificó el comodato gestionado durante el último año del gobierno del panista Héctor Ortiz, a favor de la UAT.

Tal vez si la administración marianista hubiese litigado en contra del comodato, si los asesores legales hubiesen secundado la postura del mandatario González Zarur, en el sentido de la ilógica existencia de un raro ente autónomo dentro de la entidad tlaxcalteca, la disputa del gobierno –incluso con resultados adversos- habría sumado a su causa a la opinión pública.

Mas la extraña defensa oficial prefirió el lado fácil; la clausura por parte del IEPCET, como si esta obra multimillonaria fuese uno de tantos antros que han pasado a mejor vida, en respuesta al llamado del titular de Protección Civil.

Obtuvo los resultados inmediatos: la colocación de los sellos de clausura. A partir de entonces vendría una obesa descalificación del comodato. Pero la primera acción no fue lo suficientemente robusta para apuntalar el verdadero objetivo de esta pugna.

Después vendría la sugerencia del rector Paredes al gobernador, para actuar de manera mancomunada en la gestión del recurso federal con el cual se concluiría la obra, pero la respuesta fue tajante: un no rotundo.

La obra, suspendida por doce meses se halla inerte a los ojos de todos como el proyecto trunco de un gobernante megalómano, contra una compleja respuesta, de oposición sistemática, de iniciativa destructiva, de creencia que su partido se desmoronaría por concluir el complejo cultural con la rúbrica de otro bando.

Insistentemente, el mandatario tlaxcalteca deploró a las obras monumentales en varios de sus destinos en la gira por el interior del estado… “no apoyo los monumentos a perpetuidad…”

Nótese el humor negro y la relación con la muerte, expuestas en calidad de ocurrencia, por un mandatario que se demanda a sí más de lo que puede dar. Y sus subordinados mucho tienen de responsabilidad, por no hablarle con la verdad.