El Ayuntamiento de Tlaxcala ganó el amparo ante la justicia federal. El predestape de Blanca Águila ó, renace la esperanza en el PRI
En la instancia judicial más alta del país, el Ayuntamiento de Tlaxcala demostró al gobierno estatal que, le asiste la razón al condenar el indebido proceder de la Secretaría de Finanzas, al arrogarse atribuciones extralegales que le han llevado al cierre de múltiples negocios con venta de bebidas alcohólicas, como una actitud de sembrar el terror fiscal a un sector importante de la economía local.
En Apizaco hubo la aplicación de cuantiosos cobros, lesivos y fuera de la ley, en los que la comuna siguió una ruta de pleito ratero suponiendo que al ser el subsecretario de ingresos el responsable de estas arbitrariedades, su actuación quedaría impune, en prejuicio de empresarios, a quienes vergonzosamente el edil, Alex Ortiz Zamora, reconoció que les devolverá las tremendas multas, nada más que vea, creemos, dónde quedó ese dinero.
El papel del director de ingresos y fiscalización dejó de concentrarse en municipios del centro de Tlaxcala y abarcó toda la mancha estatal.
Pero al ser favorable un recurso de amparo solicitado ante la Justicia federal por la comuna que comanda Lorena Cuéllar Cisneros, otros municipios –incluso el desastroso Apizaco – decidieron cerrar filas para hacer un creciente grupo que a estas alturas habrá de atribuir al señor subsecretario de ingresos, quien según nos enteramos resultó un funcionario de esos con iniciativa que primero obran y luego se disculpan, aunque su gracioso estilo ya le trajo consecuencias judiciales y políticas.
Tomo parte del artículo publicado por la senadora Minerva Hernández, en el que aborda el papel expuesto.
Evidentemente el subdirector de Ingresos de la Secretaría de Finanzas incurre en actos de ilegalidad, violando contundentemente las garantías individuales de los propietarios de estos negocios, puesto que de manera arbitraria los clausura sin obedecer el procedimiento administrativo de notificación en los actos de autoridad que se encuentra establecido debidamente en el Código Financiero y, en su caso, en la Ley del Procedimiento Administrativo, pero lo que resulta inadmisible es la flagrante irreverencia profesada a nuestra Carta Magna en sus artículos 14 y 16, respectivamente.
Instalado en la comodidad de su oficina, rodeado de bellas secretarias que poco hacen por el progreso de Tlaxcala, este tipo de funcionarios planea verdaderas tragedias en las que involucran lo mismo a la fuerza pública que a Protección Civil, en fin, todo se resume en la ausencia de cuotas periódicas para que permitan el funcionamiento de dichos negocios, a los cuales la ley faculta para cubrir sus refrendos en los ayuntamientos.
El hecho puso al descubierto la voracidad de una parte del gobierno, interesada en sacar dinero de donde se pueda. Ahora depende de la organización mostrada por los afectados para impedir que se cometa semejante injusticia.
La visita de Beatriz Paredes
A los añejos militantes del PRI no les agradó la actualización que les planteó la lideresa nacional de su partido. Les dijo, en pocas palabras que son entes inútiles que viven del recuerdo del partidazo, capaz en su tiempo, cuando carecía de competidores, de dotarles de una soberbia característica de sistemas de terror, gangsteriles, pero incapaces de sobreponerse al impasible resultado en las urnas cuando hay más de una alternativa en la boleta.
Y en esa dinámica, tomó del brazo a Blanca Águila Lima, ex dirigente del PRI en Tlaxcala y actual candidata a diputada federal por el tercer distrito y la mostró, ufana, como la nueva posibilidad del ex partidazo para que recupere esa calidad, al menos en Tlaxcala.
Si la señora Águila Lima gana la elección del cinco de julio, nadie podrá detenerla en un legítimo esfuerzo por contender por el gobierno tlaxcalteca. Claro, tendría contendientes de un peso superior a los actuales, pero, también la fuerza del ex partidazo, reponiéndose de casi dos sexenios en la lona.