Las provocaciones entre estos dos grupos pasan por encima de la ley y agotan el Estado de Derecho; acaso es vigente el método de plata o plomo para convencer al adversario, en las mismas proporciones que lo hace en otras latitudes el llamado crimen organizado.

Yerra el secretario de la Función Pública, Hugo René Temoltzin Carreto, al maniobrar en el Congreso del Estado, la exhibición de un citatorio en el Pleno para desahogar un procedimiento administrativo en contra del diputado panista Justo Lozano Tovar, relativo a su paso por el Instituto de Capacitación en el Trabajo (Icatlax) durante la gestión de su cuñado el ex gobernador Héctor Ortiz Ortiz.

El origen político del diputado o diputada que fuere es lo de menos. Se trata de uno de los 32 legisladores en funciones, a quien se pretendía dar un quemón –con el concurso del secretario parlamentario- pasando por alto la Constitución Política del Estado de Tlaxcala.

El artículo 36 de dicho documento otorga a los diputados fuero constitucional durante su ejercicio legal, y es muy claro en condenar actos injerencistas entre Poderes, destacando que un legislador, “jamás podrá ser reconvenido”.

Toca a la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso, elevar la consecuente protesta y, castigar al secretario Parlamentario por haber permitido dicha agresión a un legislador, en el Pleno, evadiendo su obligado conocimiento del contenido de la correspondencia, y por tanto dejando a la deriva, “el respeto a la inviolabilidad del recinto parlamentario”, según lo añade el propio artículo 36 constitucional.

No caben excusas pues, de funcionar este sistema en el Legislativo, podría darse lectura a cualquier tipo de ofensa, descalificación o mensaje cifrado en el lenguaje del crimen.

Lo que se aprecia es el enésimo ataque entre marianistas y orticistas, cuyos odios y disputas, demostraron ser capaces de coligar a funcionarios de ambos poderes en busca de un propósito netamente mediático, pues quién podría legalmente obligar a Lozano Tovar, a comparecer en carácter de ex empleado sobre un asunto de origen administrativo.

Qué diferente sería para el asambleísta ser llamado a causa de un delito grave denunciado ante la Procuraduría de Justicia, como parte inicial de su desafuero para ser juzgado como cualquier ciudadano.

Entendemos pues que, el llamado del señor secretario de la Función Pública del gobierno de Tlaxcala, es un tendencioso acto de provocación para tatemar a un adversario con fuero.

Que se trata de la enésima pedrada intercambiada entre marianistas y orticistas, quienes desafiando a la ley generan las condiciones para un estado de violencia.

En otras palabras, estamos en la antesala de la solución de diferencias a tiros, aludiendo a las nostálgicas evocaciones del gobernador Mariano González Zarur, al PRI  de antes cuando el convencimiento del adversario se efectuaba con plata o con plomo.

Cabe el supuesto que el ejecutivo no ofreció plata a Justo Lozano; entonces recurre al indecente aviso con carácter de amago para enterarlo que las próximas acometidas dejarán de contenerse en el plano parlamentario y se arreglarán mediante la violencia.

No sería la primera vez que quien hoy detenta el poder haya desatado su ira contra un legislador problemático a sus intereses.

Recordemos los episodios vividos por los entonces legisladores Victor Hugo Cahuantzi y Antonio Velázquez, contra Noé Rodríguez (creo que en la LV Legislatura) cuando el lío entre priístas acabó con la salida de Héctor Ortiz de ese partido, su incorporación al PAN y posterior triunfo sobre Mariano González, la malograda apuesta del PRI en la elección antepasada.

El papel que ha tocado jugar a personajes como Hugo René Temoltzin, corresponde al de soldados de muy bajo rango utilizados en una suerte de procesos light por su poderoso patrocinador, quien seguramente sigue tolerando sus inconsistencias pues a través de ellas es posible apaciguar los ímpetus descontrolados para golpetear a sabiendas del fracaso en que redundarán.

Ello explica la contratación de un despacho de abogados con sede en la Ciudad de Puebla, para litigar en términos competitivos –valga la expresión- asuntos como el desconocimiento de patentes de notarios y, lo más reciente, el desconocimiento del comodato por medio del cual el orticismo pretende conservar el control de las obras de la Plaza Bicentenario, dado la semana anterior, como uno de los logros legales del marianismo, a salvo de sus propias incapacidades.

Un detalle; aquél grupo de litigantes ni acepta las órdenes repentinas del corajudo con más fuero en Tlaxcala y mucho menos se presta al golpeteo con intenciones políticas por sobre el respetable ejercicio de la abogacía, claro hasta donde se lo permite la tremenda corrupción que desde hace muchos años llegó a Tlaxcala para corroer las entrañas de la entidad.

Se trata de tres momentos distintos en este complejo capítulo.

1.- A los enemigos del marianismo les debe quedar claro que llegamos a la etapa de plata o plomo.

2.- A los colaboradores incompetentes se les tiene trazada su ruta con un sino irremediable de fracasos, mientras accedan a la humillación y prostituyan su profesión al ritmo que les marque su director de orquesta.

3.- Del estado más seguro cacareado a nivel nacional, hoy pasamos a ser la entidad gangsteril… tierra fértil para el llamado crimen organizado. Haga usted de cuenta que marianistas y orticistas equivalen a la familia de Michoacán y a los templarios, ambos haciendo de aquella demarcación, lugar de muerte, miedo y el consecuente atraso.

Dios nos agarre confesados.