Predomina una suerte de acuerdo generacional en esto de la guerra entre gobernador y ex mandatario, con yerros deliberados, un titular de la Función Pública adormilado y con una cortina de humo para enmarcar un amañado ejercicio de ficción.
Ni quien dude de los expedientes paralelos de todo aquél con algún desempeño en la vida política de Tlaxcala, susceptibles aquellos de activarse o mantenerse en stand by según convenga a la circunstancia.
De la notificación hecha el fin de semana anterior al ex gobernador Héctor Ortiz Ortiz, respecto a un procedimiento administrativo, son curiosos los nueve meses que les tomó a los abogados del marianismo interponer dicho recurso.
Ese precioso tiempo legal utilizado en otros menesteres dejó de emplearse en el supuesto propósito mayúsculo de, denunciar, procesar y sentenciar –se supone que con la inhabilitación según lo establece la Ley de Responsabilidades- al ex gobernador, para inhibirlo de su aspiración por contender por la senaduría. Papelazo el del secretario de la Función Pública, Hugo René Temoltzin.
1.- Se trató de generar una cortina de humo mediatizando a destiempo la supuesta medida marianista para perjudicar a su también supuesto adversario y hoy avanzado aspirante a un lugar en la sede senatorial.
2.- Se impuso esa suerte de fraternidad generacional muy superior según vemos, a la apertura de oportunidades a políticos menos apolillados para acrecentar el abanico de la clase política con vigencia, o en la senda para asirse de la tabla salvadora que asegura su porvenir.
3.- Funcionó el ostracismo orticista que aguantó y aguantó la metralla de Mariano, con elevadas dosis de inconsistencias legales, bajo esquemas de: yo hago como que te ataco y tú haces como que ni te enteras, para que a la llegada de los términos fatales podamos sentarnos a degustar el intercambio de farsas pero la conservación del botín del poder entre viejos camaradas incapaces de despojarse de sus orígenes, en el PRI de la prehistoria.
Esta puesta en escena nos podría sugerir la intentona –en apariencia- de un juicio político en contra del ex titular del ejecutivo que, de acuerdo con el artículo 109 de la Constitución de Tlaxcala, es sujeto de su aplicación, incluso un año después de dejar el cargo.
El detalle se encuentra en la segunda parte del primer numeral, donde claramente se advierte que el procedimiento no tendrá una duración mayor a seis meses.
O sea, es una verdad legal a medias, pues si bien no ha transcurrido un año de que Ortiz dejó de ser gobernador, tampoco los abogados de Mariano reaccionaron dentro de los seis primeros meses.
Y en ese pimponeo, el mensaje del ex mandatario durante la rueda de prensa del domingo anterior, es una pieza más del rompecabezas de la inmunidad: “me apego a lo que dice la Ley”.
Esa fue su respuesta a la insistencia de los medios respecto al procedimiento administrativo que tres días antes le había sido notificado por sendos agentes del Ministerio Público del fuero local y del cual dio fe la notaria María Elena Macías.
Visto con la frialdad que se requiere, esto atenta contra la inteligencia de los tlaxcaltecas.
Y me lleva a lamentar reiteradas frivolidades judiciales que en este lapso de nueve meses nos muestran los dos escenarios de los distintos procesos iniciados en contra de la actuación de funcionarios del anterior régimen.
Hoy, con sorprendente facilidad se pierden litigios como el que puso en las manos de un particular el amplio estacionamiento del Teatro Xicohtencatl.
Se clausuró el Tribunal Laboral, como quien cierra las puertas de una pulquería y, hasta se usan en exceso las declaraciones insisto frívolas, como aquella que arbitrariamente califica a la mayor parte de los policías estatales como aparentes porque según el ciudadano gobernador estos se dedican a vigilar las oficinas públicas.
Esa conferencia casi enmarcada en la Jornada de abatimiento al analfabetismo, nos exhibe a un jefe del ejecutivo local mutilando a sus propias extremidades, en este caso aquella que lo pone a la cabeza del monopolio de la violencia, atribución constitucional del Estado.
1.- Parece que el ataque se dirige dentro de un caballito de Troya al recién desempacado Orlando May Zaragoza, titular de Seguridad Pública (SSPET) y recomendado del poderoso secretario Genaro García Luna, al no existir la prudencia para sugerirle de manera interna intensificar los recorridos de carácter preventivo e intimidatorio lo mismo a criminales que a pobladores.
Sin duda es molesto ver a los gendarmes haciendo cadenas humanas para fungir como recaderos, guardias personales de cuanto funcionario de segunda y tercera se pueda y, hasta de choferes-esclavos a las órdenes de la casta divina en activo.
2.- Esos policías aparentes obedecen las indicaciones de su superioridad. Y suponemos que esta a su vez, lo hace con la instrucción de arriba.
3.- Suena a pitorreo hacia uno de los sectores más castigados, a cuyos integrantes se sometió con la fuerza Federal, cuando intentaban mejorar sus condiciones laborales utilizando el errático planteamiento de crear una especie de sindicato del Rifle, imposible en la relación del alto mando con su brazo violento.
Lo mismo ni siquiera fue pensado a la hora de firmar la minuta de demandas 2011 planteadas por el poderoso sindicato de maestros, cuya cúpula muy de blanco y negro presionó la sumisión del gobernador a la presidenta del SNTE, la sonriente Elba Esther Gordillo Morales.
Para que veamos que no a todos se les tasa con la misma vara.
Igualito ocurre con el asunto de otros personajes con poder, como los delegados federales cuya actuación clientelar según el mandatario, deteriora la relación con el Presidente, con todo y sus elogiosas palabras a la completísima cobertura en materia de salud, lo que nos valió izar la bandera blanca, no le aunque el castigo al que se somete a los pacientes tratados como seres inferiores, pese al sobresaliente Seguro Popular.
Como parte del tema, fue propuesta la renuncia de los servidores públicos –sobre todo federales- que planeen contender en la elección en puerta.
El apunte vale porque lo mismo podría aplicarse a otros funcionarios locales con proyectos semejantes. Si se pide la renuncia de las gentes de Calderón, bien valdría la pena pedir la renuncia a la secretaria general del PRI, Anabel Ávalos, al presidente del Patronato de la Feria, Joaquín Cisneros, al secretario de Gobierno, Noé Rodríguez y hasta al jovencito de la calculadora en mano, Ricardo García Portilla, todos ellos metidos voluntaria o involuntariamente (simón) en el proceso electoral.