Para ello se utiliza la oficina del Ejecutivo en Apetatitlán, donde García Portilla y Carlos Rojas, engañan solemnemente a alcaldes y sus colaboradores, muchos de los cuales descubrieron el engaño… * La controversia constitucional de San Benito Xaltocan.
La oficina del Ejecutivo en San Pablo Apetatitlán (junto a Finanzas) estaba destinada para un mejor uso. Resulta que el secre de los zapes (también conocido como Ricardo García Portilla) la ocupa al lado del simpático (y enigmático) Carlitos Rojas, cuyo papel en el gabinete sigue sin explicarse.
Este par, único de veras, ha estado citando, alcalde por alcalde a dicha oficina, para darles un atento mensaje del amo (ya sabe, en medio de un protocolo que uf… qué calor!)
Y les recitan más o menos así: “a nombre del amo (o sea del señor manchis) tenemos la encomienda de comunicarle que tras un arduo esfuerzo y sin igual gestión, fue posible conseguir esta lana para obra pública, que te entrego solemnemente, no sin antes pedirte que reconozcas a nuestro patrón, como un gobernador incomparable, lindo y buena onda, ah y además, no es autoritario…”
Algunos presidentes municipales (generalmente los del PRI, pero hay sus excepciones) responden con un, “no venía preparado”, y se sacan un rollo empulcado que dios guarde la hora…
Ah, pero otros… los más enterados… los que conocen la procedencia de esos recursos, ni siquiera lo dudan.
Les cantan derecho al de los zapes y al enigmático; primero porque se trata de dineros etiquetados y, porque para participar en alguno de esos programas fue necesario hacer vereda a las direcciones adecuadas en la capital del país, y cumplir con un sinfín de requisitos.
No dejan de ser corteses con el de los zapes, porque este procura darles sopes para quitarles el hambre y el encabronamiento de tenerlos esperando horas.
Despues, vienen los discursos, en los cuales Richi y Rojas cumplen como pueden con el encargo de dar aunque sea un poco de fuerza al gobierno del patrón manchis.
Pero de tantos reflectores ante alcaldes y colaboradores, el simpático García Portilla se dijo a sí mismo: “mi zapes y qué tal si nos vamos promoviendo, pues no sé, para algo… así como pa’próximo gobernador… pues porque mi inteligencia a raudales y sobre todo lo guapo que soy (así como el que me colma de zapes), son requisitos ineludibles del pseudo priísmo al que pertenecemos como para negarnos a gobernar a esta bola de nacos…”
Unos presidentes (sobre todo los que portan su anforita de charanda) bien que se la creen y hasta ya andan pensando en conformar a la comisión pro fans del señor don Richi de los Zapes, porque, quien quita y en unos años le pueden elevar al nivel de tlatoani (jeje).
La triangulación de recursos al interior del gabinete y los permanentes engaños a alcaldes, son la constante en el ámbito financiero de Tlaxcala, no obstante el oportunismo del secretario de Finanzas y la voracidad de los demás, en su mayoría peñanietistas incrustados en puestos camuflados, como la dirección de Recursos Materiales y, por supuesto el comodín Carlos Rojas, que nos salió fino para aquello de las cuentas arregladas.
Controversia constitucional
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comunicó al ayuntamiento panista de Xaltocan que se halla dentro de sus facultades expedir o limitar licencias de construcción, aludiendo a la paralizada Central de Abasto de Tlaxcala (CAT) y las múltiples órdenes de clausura giradas por la Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) a instancias de su titular, Roberto Romano Montealegre.
Según la Corte, en la demarcación de San Benito Xaltocan, ninguna instancia que no sea la comuna, tiene injerencia en el desarrollo de una de las obras más polémicas de la administración orticista, suspendida por el gobierno de Mariano González Zarur.
La ponencia, del ministro Sergio Valls Hernández, del dos de junio del actual, deja sin efectos el apercibimiento decretado para el caso de incumplimiento de aquellas circulares giradas por la Secoduvi, consideradas en el inciso A del instrumento:
“la resolución emitida por el Poder Ejecutivo del estado de Tlaxcala, a través de la Secoduvi, de fecha 31 marzo de 2011, que declara la nulidad de pleno derecho de los permisos y licencias expedidos por el municipio de Xaltocan en uso de sus facultades constitucionales, tales como uso de suelo y licencia de construcción, respecto a la denominada Central de Abastos (sic) de Tlaxcala.
Por tanto, los sellos de clausura colocados por la Secoduvi en la CAT, son un desafío al 115 constitucional y según la Corte, el municipio sabrá si suspende o no las licencias dadas a Orión, la poderosa empresa de los Zambrano, cuyos representantes además, alegarían afectación al leonino contrato signado con el gobierno de estado de Tlaxcala.
Dicho contrato prevé sanciones elevadísimas a la parte que incumpla, aunque su vigencia depende del amparo en trámite ante la justicia federal. Por lo pronto, las ataduras puestas por el gobierno de Mariano a dicha obra, comenzaron a soltarse, con un franco estado de rebeldía del ayuntamiento de San Benito Xaltocan, de origen panista (para variar) y con intereses millonarios que le animan a dar la espalda al gobierno del estado y continuar solo la aventura de ponerse de lado del constructor.
Por cuanto al contrato y su redactor, David Lima (quien al ser contratado por el actual gobierno se convirtió en tirador), llevaron al gobierno estatal al borde de un precipicio que le puede costar algo así como 500 millones de pesos al romper de súbito la relación, sin antes revisar el clausulado.
Ahora las ratas andan en Prensa
Sonora protesta la de reporteras y reporteros que han acudido al auditorio de la Coordinación de Prensa y Relaciones Públicas, de donde han sido robados lo mismo sus teléfonos celulares que sus laptops o cámaras digitales.
Alguien debe estar muy interesado en meter la nariz en la información recabada a lo largo de giras oficiales y, en el peor de los casos en el trabajo independiente de cada comunicador.
Más les debe interesar la información personal de sus celulares, directorios, mensajes, agendas…
Hay quien atribuye el robo de dichos aparatos al insano voyeurismo al que desde cierta oficina se somete a quienes han cometido el error de confiar en una oficina pública cuya función es otorgar facilidades para el desarrollo de sus actividades.
Aguas, el espionaje disfrazado de robo de herramientas está que arde.