Al parecer algunos funcionarios de la pasada administración empezarán a vivir su calvario en los próximos días, cuando se les notifique que han sido inhabilitados.

Dicen que una vez que concluya la semana santa, empezará el viacrucis para algunos ex funcionarios del gobierno de Héctor Ortiz, pues antes de que concluya abril recibirán sus notificaciones que han sido inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública.

Si bien algunos procedimientos estarán más que justificados, otros se prestarán a dudas porque tendrán  un tufo de venganza política o persecución. Entre los primeros en recibir esa notificación anote usted al ex titular de Secoduvi y a otras dos damas cercanas, que dijo cercanas, consentidas de Héctor Ortiz.

Que también para abril se consumará el primer movimiento en el gabinete del gobierno de Mariano González Zarur. Se tratará del secretario de Seguridad Pública, Valentín Romano López, quien simplemente no pudo con el paquete.

Dicen que la protesta que realizaron ayer los policías estatales sólo confirma la decisión que desde hace días tomó el hacendado gobernador, pues es obvio que en sus 100 días de gobierno los ciudadanos cambiaron la percepción que tenían sobre la seguridad en Tlaxcala.

Otra dependencia donde seguirá la limpia, perdón, el cambio de personal será en la Secretaría de Salud de Tlaxcala, donde su titular, Jesús Fragoso Bernal, tiene el sano interés de mejorar los servicios de la dependencia, para lo cual necesita ubicar a personas de su confianza en puestos claves, como lo es el Seguro Popular.

Aunque el sindicato de SESA busca apoyar a los ex funcionarios despedidos, muchos de ellos ligados al gobierno de Héctor Ortiz, lo cierto es que Jesús Fragoso ya demostró que no le tiembla la mano y que seguirá dándole resultados positivos a Mariano González.

Finalmente, trascendió que Luciano Crispín Corona Gutiérrez, seguirá como responsable del Órgano de Fiscalización Superior, pues dicen que hasta el momento no hay elementos para pedirle su renuncia.

Si bien hay señalamientos y acusaciones de corrupción en su contra, lo cierto que es que el auditor ligado a los intereses del panista Héctor Ortiz y de la priista Beatriz Paredes, se mantendrá en el cargo.