Los y las presidentes municipales de Tlaxcala se han cansado de evidenciar que no sólo son omisos y que están reprobados ante los ojos de los ciudadanos y las ciudadanas, al menos en materia de seguridad y en el manejo de los recursos públicos destinados para ese rubro.
Si bien la policía estatal mantiene una actitud de brazos caídos para realizar su trabajo en una protesta silenciosa contra el torpe y soberbio secretario de Seguridad Ciudadana, Ramón Celaya Gamboa, los policías municipales destacan por su ineptitud y valemadrismo que quedó comprobado durante el sangriento fin de semana que vivió la entidad en diferentes poblaciones sin que se lograra la detención de algún maleante.
El presidente municipal de Chiautempan, Gustavo Jiménez Romero, debe aceptar que su administración se encuentra rebasada y que la ola delictiva que se enfrenta en ese municipio no sólo persigue a su voraz hijo, sino a los ciudadanos y a las ciudadanas que no pueden salir o trabajar sin el temor de que un grupo criminal se presente y mate a balazos a una persona.
El pasado sábado en la mañana mataron a un hombre en la colonia Reforma y por la noche se registró otro ataque armado que cobró la vida de un taquero que estaba acompañado en su negocio de su esposa que resultó herida.
El longevo morenista podrá presumir las obras que quiera y la nueva presidencia municipal, sin embargo deberá aceptar que ha perdido el respaldo de los ciudadanos que están decepcionados por la forma en que gobierna y sobre todo con la entrega de poder que ha hecho hacia su hijo que no deja de hacer negocios.
Pero así como los ciudadanos reprueban a su alcalde en Chiautempan, también sucede lo mismo en Nativitas donde el pasado viernes una mujer fue asesinada a plena luz del día con varios disparos de arma de fuego. El hecho ocurrió en la comunidad de San Miguel del Milagro donde los asesinos escaparon sin ninguna dificultad porque la policía municipal y el edil Carlos García Sampedro brillaron por su ausencia.
Lo curioso es que ese patrón de ineficiencia se volvió a presentar en el municipio de Calpulalpan, donde el sábado también se reportó la ejecución de un hombre que estaba a bordo de una camioneta en la colonia El Mirador. Las detonaciones de arma de fuego fueron escuchadas por policías municipales que al llegar al lugar optaron por no intervenir porque los asesinos los superaban en número y en armas.
Sobre ese hecho el limitado alcalde Edgar Peña Nájera no emitió ningún comentario y quedó evidenciado como en los anteriores casos que los elementos de la policía municipal no están capacitados, ni certificados y menos armados para enfrentar a los criminales que se pasean impunemente por Tlaxcala.
También ya quedó claro que las autoridades municipales no aplicarán el mentado decreto del gobierno estatal para regular la venta de bebidas alcohólicas. Ese documento es letra muerta y nunca se pondrá en práctica, de ahí que el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, debería dejar de hablar de esa norma que nadie respeta ni acata y prueba de ello es el baile popular de la población de Tenancingo que terminó con el asesinato de un hombre.
Salvo que me equivoque o los datos que existen estén mal, los 60 presidentes municipales de Tlaxcala deberán enfrentar consecuencias por su omisión al tener en servicio a policías que no están certificados, pues el plazo para cumplir con esa disposición venció en septiembre del año pasado y es la fecha que muchos uniformados se mantienen laborando y cobrando sin contar con su evaluación, lo que obviamente será considerado como un daño patrimonial que se tendrá que observar para después convertirse en un proceso resarcitorio a las finanzas de los ayuntamientos.
Me queda claro que los y las presidentas municipales nunca han asumido el compromiso con la seguridad y que esa responsabilidad se la han dejado en su totalidad al gobierno del estado que hoy carga, injustamente, toda la culpa de los hechos delictivos que se registran cuando debería de ser un yerro compartido.
Pero así como hay policías municipales no certificados que cobran, también hay pésimas decisiones del bruto secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, Ramón Celaya, quien deberá explicar ante las instancias fiscalizadoras por qué las 270 armas adquiridas para los 60 municipios sólo se repartieron en 27, situación que representa una clara irregularidad que obviamente será observada en su momento por la Auditoría Superior de la Federación.
El desorden y el caos que vive la seguridad pública en Tlaxcala tarde o temprano tendrán sus consecuencias, pues los alcaldes y las alcaldesas no se podrán librar tan fácilmente de las omisiones en que han incurrido y de sus nefastas decisiones. Por lo pronto es un hecho que los ciudadanos están encabronados y decepcionados de los gobiernos municipales.
Así de simple.
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