Una maniobra más que arriesgada que puede poner en riesgo su permanencia y la estabilidad política del municipio y del estado, es la que pretende llevar a cabo el alcalde morenista de Chiautempan, Gustavo Jiménez Romero, quien busca despedir a la mayoría de los trabajadores sindicalizados de ese ayuntamiento por la enorme carga financiera que implica para las arcas.
Los excesos de pasadas administraciones y de presidentes municipales corruptos e irresponsables que crearon esas plazas sindicales han llevado al ayuntamiento de Chiautempan a una severa crisis, pues para cumplir con las prestaciones y demás compromisos laborales se destinan más de 25 millones de pesos al año sólo para atender a 97 trabajadores pertenecientes al poderoso sindicato de burócratas “7 de Mayo” que gozan de muchos privilegios.
La estrategia para despedir y litigar esos asuntos implicará para la actual administración un monto cercano a los 13 millones de pesos, es decir, más de 10 millones de pesos se emplearán para liquidar a ese personal y el resto será el pago que se llevará el “influyente” despacho de abogados que propuso el plan jurídico a seguir para concretar el cese de los sindicalizados, para lo cual se dice que también recurrirá a sus “ excelentes relaciones” que mantiene con los magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Si bien la estrategia, el plan y la decisión es exclusiva del presidente municipal Gustavo Jiménez y sus “brillantes” asesores, lo cierto es que los miembros del sindicato “7 de Mayo” sienten que detrás de esa triquiñuela maniobra legal está el gobierno de estado, lo cual es totalmente falso porque el alcalde nunca informó sobre sus intenciones ni solicitó la opinión de alguna autoridad sobre su propuesta de realizar una reestructuración de la plantilla laboral.
Gustavo Jiménez ya logró que el sumiso Cabildo de Chiautempan avale su decisión de despedir a la mayoría de los 97 sindicalizados. El malestar de los trabajadores quedó evidenciado ayer mismo al protestar y tener algunos roces con los elementos de la policía municipal que como cadeneros de antro custodiaron y blindaron las instalaciones donde se llevó a cabo la sesión extraordinaria de los integrantes del ayuntamiento, por lo que seguramente el conflicto escalará y pronto dejará de ser un problema sólo de ese municipio para convertirse en un asunto que afectará a la administración estatal.
Lo que se está viendo en Chiautempan alertó de inmediato a la mayoría de los trabajadores miembros del sindicato “7 de Mayo” que comprobaron que si no se unen y eligen a la brevedad una dirigencia que legalmente sea reconocida por las autoridades laborales seguirán enfrentando ataques y la pérdida de logros, por lo que no sería extraño que en breve surja la unidad y ese poderoso gremio muestre músculo no sólo en una protesta masiva sino en un plan de acción para detener los despidos de trabajadores.
Se dice que entre los candidatos a ser cesados en el ayuntamiento de Chiautempan se encuentran personas allegadas a los afectos e intereses del ex líder sindical de burócratas, Edgar Tlapale Ramírez, situación que obviamente está contribuyendo al malestar de los trabajadores porque sienten que la decisión lleva dedicatoria.
El gobierno de Lorena Cuéllar venía operando bien en el proceso para recuperar el control de ese sindicato a través de una dirigencia aliada a sus intereses, pero la torpeza o el error en que está incurriendo Gustavo Jiménez puede venir a complicar las cosas, porque puede ser el catalizador que andaban buscando los trabajadores para unirse y emprender una serie de protestas que afecten la prestación de servicios públicos en las dependencias ante el acoso laboral que, según ellos, también enfrentan por parte del gobierno estatal.
No estoy defendiendo la existencia del exceso de plazas sindicales en el ayuntamiento de Chiautempan y tampoco estoy a favor del despido masivo de trabajadores, sino en contra de aquellas decisiones tan simples y sin sustento que pueden influir en que se rompa la estabilidad política y social sólo bajo la idea de obtener un beneficio económico para unos cuantos y no para la mayoría de los habitantes.
Y me explico, en diciembre Lupita Evelyn Bustos Cervantes, prima del diputado local del PT, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, logró ser reinstalada como trabajadora sindicalizada del Congreso del Estado al lograr un laudo favorable.
Por ese hecho, la “influyente” trabajadora se le pagó por su despido injustificado y otras prestaciones más de 600 mil pesos, pero lo más importante es que volvió a obtener su jugoso sueldo de 75 mil pesos mensuales sin que nadie protestará en el Poder Legislativo, lo cual demuestra que los abusos y excesos terminan beneficiando a unos cuántos y no al pueblo.
En fin, pronto veremos en qué termina la ocurrencia de Gustavo Jiménez.
Me parece que el conflicto en Chiautempan puede crecer y convertirse en un serio dolor de cabeza no sólo para el alcalde morenista y el gobierno del estado por tratar de concretar una ocurrencia que, insisto, sólo atiende a ver lo económico y deja de ver lo político y lo social.
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