Será del 30 de enero al 10 de febrero del siguiente año cuando se conozca si las comparecencias limitadas de ocho funcionarios lorenistas resulta una verdadera glosa del Primer Informe de Gobierno o una pantomima que termine por golpear la credibilidad y la imagen no sólo de la actual administración estatal, sino de los diputados y las diputadas, pues es obvio que verá quién asume su papel y quiénes son comparsas y veletas que sólo hacen lo que se les ordena desde el Ejecutivo.
Me parece que de entrada ese ejercicio no resulta ni democrático, ni plural, ni contribuye a una verdadera glosa que permita conocer el estado que guarda el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, porque sólo incluyó a ocho funcionarios que al parecer fueron designados de manera discrecional y porque éstos comparecerán ante comisiones y de manera privada y no ante el pleno y en una sesión abierta al público como hubiera sido lo correcto.
Además se habla que los diputados y las diputadas tlaxcaltecas deberán enviar con antelación sus preguntas para que los funcionarios sepan qué contestar, tal vez con la intención de evitar que uno que otro quede exhibido por no dominar su área o no tener la información que en teoría deberían manejar sin ningún problema.
Según lo acordado, el primer funcionario que comparecerá será Max Hernández Pulido, el responsable de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, después acudirá Ernestina Carro Roldán, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, le seguirá Rigoberto Zamudio Meneses, el engreído jefe de la Secretaría de Salud, para continuar con Homero Meneses Hernández, el soberbio encargado de la Secretaría de Educación Pública del Estado, para que también lo haga el junior Alfonso Sánchez García, titular de la Secretaría de Infraestructura.
Como el invitado número seis acudirá el pedante poblano Javier Marroquín Calderón responsable de la Secretaría de Desarrollo Económico, luego la voraz empresaria restaurantera Josefina Rodríguez Zamora, jefa de la Secretaría de Turismo y finalmente cerrará el trácala Rafael de la Peña Bernal, encargado de la Secretaría de Impulso Agropecuario.
Usted cree que el diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, presidente de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, hará cuestionamientos serios y que lleven a un terreno pantanoso a Max Hernández o a la procuradora Ernestina Carro. En lo personal no lo creo sobre todo cuando esa instancia no ha sesionado y tampoco se le conoce ningún trabajo, acción o posicionamiento importante en casos que se han registrado en los últimos meses, como podrían ser la falta de un secretario de Seguridad Ciudadana, la tortura de agentes de la policía de Investigación que provocaron la muerte de un detenido o sobre los suicidios en el penal de Apizaco o que en la PGJE y en la SSC hayan estado laborando ex policías que según el gobierno federal pertenecen al Cártel de Sinaloa.
O piensa que la convenenciera diputada del PAC que hoy presume ser de centro izquierda, la superficial y chocante Alejandra Ramírez Ortiz, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, será capaz de cuestionar por qué no se ha encontrado ningún responsable de la muerte de la normalista de Panotla o por qué del enorme subejercicio con que opera la Secretaría de Educación Pública o por qué no se ha hecho nada para combatir la mentada corrupción de la que ha hablado y hecho pública el mismo titular de la dependencia Homero Meneses.
Yo dudo que el diputado priista Fabricio Mena Rodríguez, presidente de la onerosa Comisión de Turismo salga a cuestionar los negocios que la actual responsable de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez, realiza en su dependencia y como encargada del Patronato de la Feria de Tlaxcala, los cuales están más que identificados y documentados.
Ojalá me equivoque y las comparecencias resulten un ejercicio democrático y positivo para el estado.
Puede ser que la mayoría de los actuales diputados y diputadas reciban otro estímulo como el que aceptaron antes de aprobar el presupuesto de egresos del siguiente año y sigan mostrando una incomparable obediencia y sumisión que garantice la tranquilidad de las comparecencias de los funcionarios lorenistas.
Hasta ahora nadie ha explicado por qué no se acordó la comparecencia del secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, que acumula cientos de pendientes, o del responsable de la Secretaría de Finanzas, David Álvarez Ochoa, para que explique los subejercicios y sus consecuencias.
Una comparecencia obligada es la del actual encargado de la Oficialía Mayor de Gobierno, el galán Ramiro Vivanco Chedraui, para que aclare dónde están los contratos de las más de 500 obras que se presumen, el por qué se compran productos a sobreprecios y por qué nadie puede conocer cuáles son las empresas y proveedores que han concentrado los mayores contratos y las razones por las cuáles se han asignado contratos millonarios a empresas que tienen pésimos antecedentes y que incluso aparecen en un listado donde se recomienda no recurrir a sus servicios.
Si quiere llame El Grinch, pero a mí no me deja satisfecho la operación política utilizada para llevar a cabo la Glosa del Primer Informe de Gobierno, pues me parece que lejos de dar buenos resultados resultará un ejercicio que terminará afectado la imagen de la mandataria Lorena Cuéllar y su administración y de la de los diputados y las diputadas que parece que le tienen miedo al debate e intercambio de ideas.
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