Tuvieron que pasar tres meses para que la Procuraduría General de Justicia en el Estado decidiera aplicar la ley en el caso del linchamiento registrado en la comunidad de San Pedro Tlalcuapan del municipio de Chiautempan, pero su acción no sólo deja muchas dudas por ser selectiva y por recurrir a engaños para detener a presuntos responsables, sino que nadie va a creer que en ese homicidio sólo hay dos culpables.
El pasado 15 de abril una persona fue detenida y linchada en la mencionada comunidad, tras ser detectada por los vecinos intentando cometer un robo. Fue llevado a la presidencia de la comunidad donde fue golpeado y obligado a llegar a un arreglo económico para ser liberado, pero al negarse fue amarrado y trasladado a un lugar donde finalmente le rociaron gasolina y le prendieron fuego.
De acuerdo con fotografías, videos y versiones de los policías municipales y estatales que estuvieron presentes en el lugar, pero que nunca intervinieron pese a que eran evidentes y reales las amenazas de proceder a linchar al presunto ladrón, en la acción habrían participado más de 200 vecinos de San Pedro Tlalcuapan.
Y pese a todas las evidencias y a la supuesta investigación que en teoría realizó la PGJE, ayer agentes de Investigación detuvieron a Saúl N., presidente de la comunidad de Tlalcuapan, al salir de una sesión de Cabildo a la que fue convocado por el alcalde de Chiautempan Gustavo Jiménez Romero.
La acción molestó e irritó a los vecinos de esa población que se organizaron y por la noche acudieron a exigir a la PGJE la liberación de su presidente de comunidad, sin embargo lejos de ser atendidos o escuchados, la tramposa procuradora de Tlaxcala, Ernestina Carro Roldán, utilizó ese hecho para ejecutar con alevosía y ventaja una segunda orden de aprehensión por ese linchamiento en contra de Raymundo N. que acudió a la dependencia a preguntar por la situación legal de Saúl N., pues según las autoridades también participó en el linchamiento de Alfredo N.
La esposa del presidente de Comunidad que fue detenido al mediodía de ayer aseguró que su esposo era inocente y que no tuvo que ver en el linchamiento y lamentó que la PGJE no le haya notificado ni citado a declarar sobre esos hechos que se registraron el pasado 15 de abril.
Aunque la tramposa procuradora Ernestina Carro y el collón secretario de Gobierno Sergio González Hernández presumieron en una fugaz rueda de prensa la aprehensión de Saúl N. y su actuación apegada al Estado de Derecho, así como su profesionalismo y su trabajo científico para resolver el linchamiento de una persona en el municipio de Chiautempan, la realidad es que el proceder de ambos funcionarios deja mucho que desear porque está lejos de aclarar y resolver ese complicado caso.
Para empezar la PGJE debe aclarar qué participación tuvieron Saúl N. y Raymundo N. en los hechos. Fueron los que incitaron a los vecinos, fueron los que amarraron al presunto ladrón, fueron los que golpearon y rociaron de gasolina a la víctima o fueron los que prendieron fuego a Alfredo N.
Si es así habría que ver quién los señala o con base en qué la PGJE llega a la conclusión de que son los responsables de ese homicidio calificado.
Las mismas autoridades que dijeron haber llevado a cabo una investigación científica y profesional hablan en plural, es decir, describieron que la víctima fue detenida por personas, amarrada, golpeada y quemada, de ahí que resulta absurdo que por ahora sólo se proceda contra dos presuntos culpables cuando de acuerdo con los hechos por lo menos se debe aplicar la ley contra 20 o 50 personas que estuvieron involucradas directamente en ese linchamiento.
Y si hablan de actuar de acuerdo al Estado de Derecho y de ser profesionales, por qué no se incluyó en la investigación a los jefes de la policía municipal y estatal que fueron omisos e irresponsables por no intervenir para evitar el linchamiento, pues se encontraban en el lugar de los hechos y dejaron que los vecinos concretaran impunemente el homicidio de ese presunto ladrón.
Ernestina Carro es un fiasco como procuradora. No sabe ni hablar ni explicar adecuadamente la intervención de su dependencia en delitos de alto impacto, de ahí que eso explica claramente porqué tarda meses en aplicar la ley y porque sus investigaciones resultan tan poco creíbles.
Ojalá la cuadrada procuradora de Tlaxcala fuera como Gilberto Higuera Bernal, Fiscal General del Estado de Puebla, que resuelve y da resultados al gobernador Miguel Barbosa Huerta.
En la vecina entidad casi todos los delitos de alto impacto como ataques armados, secuestros, linchamientos y asesinatos terminan con personas detenidas, lo cual, por desgracia, no sucede en Tlaxcala.
Ahora habrá que esperar lo que pasa en Chiautempan y en la comunidad de San Pedro Tlalcuapan. De entrada dudo que a partir de anoche una patrulla o personas desconocidas puedan ingresar a esa población sin enfrentar el riesgo de ser detenidas y golpeadas. La Feria de ese municipio estará en riesgo porque los vecinos empezarán a protestar y no dude que el recinto donde se llevará a cabo ese evento sea tomado por los inconformes.
Si en el caso de Tlalcuapan las autoridades estatales están actuando tan mal, no quiero pensar que pasará si aplican la misma fórmula para esclarecer el homicidio doloso registrado en Xicohtzinco, el cual se cometió en medio de la disputa que sostienen dos grupos por el control de ese ayuntamiento.
Hoy confirmo una vez más que el equipo que trabaja al lado de la entregada gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros es de muy bajo perfil y que muchos de sus colaboradores nunca debieron asumir cargos importantes porque sencillamente no pueden con sus responsabilidades por ser incapaces.
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