Pareciera que las largas horas dedicadas por la actual administración para atender y tratar de contener la ola de inseguridad que golpea en todo el estado no han sido suficientes para mejorar la seguridad en los últimos nueve meses, porque lo que quizá está fallando es la estrategia, los mandos, algunas decisiones, la excesiva austeridad y los nombramientos.

 

 

 

Al interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado el malestar contra la titular de esa dependencia, Ernestina Carro Roldán, va en aumento por las condiciones en que el personal debe laborar. Por un lado le exigen resultados y por el otro le dicen que no hay gasolina suficiente para los automóviles que tienen asignados las comandancias, lo cual impide no sólo realizar los operativos y las investigaciones, sino que lo anterior paraliza a la Policía de Investigación.

 

Lo curioso, es que la gasolina para el personal administrativo o el que realiza trabajo de escritorio nunca falta, de ahí que los criterios establecidos por la Oficialía Mayor de Gobierno para ahorrar combustible son absurdos y sólo están perjudicando el desempeño de áreas operativas de varias dependencias estatales.

 

La absurda austeridad aplicada tiene paralizada a la Procuraduría General de Justicia del Estado, pues hay órdenes de aprehensión en donde ya se logró ubicar a los homicidas en Baja California y en Cancún pero que sencillamente no se han podido ejecutar porque no hay recursos para ir por ellos.

 

Antes por prioridad y cumplir las órdenes de aprehensión estaban autorizados boletos de avión o los viáticos necesarios para llevar a cabo esa labor, sin embargo hoy si se desea concretar alguna detención fuera de la entidad tlaxcalteca es necesario que los gastos sean cubiertos por los interesados o que de plano los comandantes se arriesguen a ir en automóvil con una exagerada limitación en gasolina y en alimentos porque el área administrativa de la PGJE sólo autoriza esos recursos a cuenta gotas.

 

Y así como en la era del ex procurador de Justicia, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, se hablaba que en esa dependencia se negociaba que personas cercanas a ese ex funcionario la hicieran de defensores o asesores, hoy también se dice que ese modelo ya operaría a través del abogado José Galdino, quien hacía lo propio en el Tribunal Superior de Justicia en el Estado cuando Ernestina Carro se desempeñaba como juez y luego como magistrada.

 

Sólo bastaría con preguntar quién es el asesor de varios involucrados en diferentes carpetas abiertas en la Fiscalía Anticorrupción y comprobarán que el nombre del mencionado abogado litigante saldrá a relucir.

 

Otra dependencia en donde también va en aumento la inconformidad de los elementos, es en la Secretaría de Seguridad Ciudadana donde hace un mes llegó el ex militar Raúl Ruiz García, quien sigue sin hacer cambios y mantiene mandos que están provocando problemas como el secretario Técnico, Guadalupe Ballesteros Arellano y varios delegados que pertenecían al grupo del ex titular Alfredo Álvarez Valenzuela que se encuentra prófugo de la justicia.

 

Según los propios uniformados de la policía estatal, la llegada de Israel Montalbán a la Dirección de Seguridad es un rotundo fracaso al acumular diez muertos en una semana. En lugar de cambiar, reforzar o mejorar la estrategia de seguridad, ese jefe se la pasa gritando por radio a todo el personal sin motivo alguno y sólo quiere subirse al helicóptero para sentirse importante, cuando es obvio que no puede llevar a cabo su labor porque desconoce los municipios del estado y porque se rodeó de elementos foráneos que se ausentan hasta tres días sin que nadie les diga algo.

 

Entre ese personal se encuentran los delegados de la policía estatal adscritos a los municipios de Apizaco, Huamantla, Calpulalpan y Apetatitlán.

 

A Guadalupe Ballesteros la gente operativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya no lo soporta por su excesivo protagonismo y porque sólo mete en problemas legales al personal.

 

Los policías estatales hicieron evidente su rechazo el fin de semana y es cuestión de horas para que soliciten formalmente a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros el despido de ese funcionario.

 

Al igual que Javier Durán de Bernardo y los supervisores de la policía bancaria, pues los agentes de esa área ya están cansados del acoso laboral y el abuso que sufren en sus derechos humanos al ser obligados a trabajar jornada extras de más de dos días y luego tener que acudir a los cursos de la academia que se prolongan hasta las dos o tres de tarde, lo que implica que gasten más en pasaje y comidas.

 

Finalmente, también hay malestar contra Ángel Zamora director de Vialidad y brazo derecho de Álvarez Valenzuela, pues esa área de la Secretaría de Seguridad Ciudadana opera de manera prepotente y bajo criterios de corrupción.

 

El panorama que se observa en las áreas encargadas de prevenir y garantizar la seguridad en Tlaxcala no es nada alentador.

 

Urge que alguien meta mano y ponga orden en los mandos. Es indispensable establecer un límite a los excesos que se están viendo, porque de continuar las cosas no sería raro ver que las protestas vayan en aumento y se registren problemas que evidencien que el gobierno lorenista está fallando en un área tan sensible para los tlaxcaltecas.

 

Hace unos días le comentaba que los malos resultados alientan a la ingobernabilidad, lo cual ya se empieza a notar tanto en la Procuraduría General de Justicia del Estado como en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

 

Y a pesar de los nulos resultados que han dado esas dos dependencias estatales, no hay poder que las haga cambiar su ritmo de trabajo o actitud.

 

La PGJE confirmó que sí fue localizada una osamenta en un terreno de labor cerca de la carretera Xaloztoc-Terrenate, la cual se empezó a manejar que podría corresponder a parte de los restos de Ana Laura N. la joven de Huamantla que desapareció en abril y cuyo principal sospechoso de su ausencia fue asesinado por agentes de la Policía de Investigación durante un interrogatorio tras ser detenido.

 

Según la PGJE habrá que esperar 15 días para saber si los restos tienen alguna referencia con el banco genético de posibles víctimas que guarda la procuraduría.

 

Esperaremos y veremos si se confirma o no que los restos encontrados pertenecen a Ana Laura N.

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