La percepción de que las condiciones económicas de las familias tlaxcaltecas se están complicando por el constante aumento de precios en diferentes productos de consumo generalizado es una realidad, por lo que no sería extraño que esa circunstancia empezará a afectar las simpatías que existen en la entidad hacia los gobiernos federal y estatal que encabezan el presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
Si a nivel nacional el asunto de la inseguridad es un tema que ya está afectando al gobierno federal, en las últimas semanas también se ha sumado el tema de la inflación, de ahí que por lógica estos dos asuntos seguramente están teniendo repercusiones en Tlaxcala y entre el imaginario colectivo.
El próximo lunes que se tiene previsto reactivar la actividad religiosa de La Bajada de la Virgen de Ocotlán, los transportistas del sur aprovecharán la ocasión para exigir al gobierno estatal un aumento de dos pesos a la tarifa del pasaje, manifestación que seguramente complicará la circulación vial y generará malestar entre los ciudadanos y las ciudadanas.
Si el tema de la inflación no es un asunto que haya permeado entre los habitantes de la entidad, no dude que poco a poco gane terreno mediático y se convierta en un asunto cotidiano de conversación, situación que tarde o temprano terminará afectando la imagen del presidente López Obrador y de la mandataria Lorena Cuéllar.
Tlaxcala forma parte de los estados del país donde el aumento de precios supera el promedio nacional que ronda el 7.7 por ciento. De acuerdo con la información proporcionada por el Inegi, nuestro estado reportó en abril una inflación del 8.3 por ciento.
Aunque los transportistas dedicados al traslado de pasajeros han padecido el aumento de precios de refacciones y en el mantenimiento de sus unidades, su petición de incrementar dos pesos la tarifa es desproporcionada y difícilmente será autorizada en estos momentos por la administración de Lorena Cuéllar y menos cuando tendría una repercusión inmediata en los indicadores que miden la inflación.
En el gobierno estatal se observa un trabajo permanente para multiplicar las acciones y programas asistencialistas en beneficio de los que menos tienen, pero hay áreas de la administración que se observan aletargadas o pérdidas como son las secretarías de Desarrollo Económico y del Trabajo y Competitividad, cuyos titulares Javier Marroquín Calderón ebrespectivamente, piensan que promoviendo eventos “pedorros” o “aldeanos” Tlaxcala tendrá un crecimiento económico.
Vamos para el noveno mes de la actual administración y no se habla de inversiones o de la llegada de nuevas empresas, así como tampoco se observa que haya una política pública encaminada a promover y a generar nuevos empleos ni a establecer un ambicioso programa de capacitación que ayude a formar en la entidad una fuerza laboral competitiva.
El actual gobierno se bien en unas áreas y acciones se ve fortalecido y pujante , en otras se muestra débil y aletargado.
Confirman la inoperancia del Sistema Estatal Anticorrupción
Muy mal cayeron las declaraciones de Rumel Hernández Avendaño, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Tlaxcala, quien reconoció en una entrevista que ese andamiaje que se puso en marcha en el gobierno del priista Marco Antonio Mena Rodríguez y que hoy se mantiene vigente en la administración de la morenista Lorena Cuéllar para combatir la corrupción es inoperante porque sencillamente nadie sabe que hacen las autoridades involucradas.
En esta espacio ya habíamos reiterado en varias ocasiones que el mentado Sistema Estatal Anticorrupción era una estructura que no funcionaba ni servía para nada, de ahí la importancia de los señalamientos de Rumel Hernández que aprovechó una entrevista colectiva para desacreditar el trabajo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la PGJE, el de la Secretaría de la Función Pública a cargo de la priista de clóset Eréndira Cova Brindis, el del Tribunal de Justicia Administrativa y el del Órgano de Fiscalización Superior.
Palabras más palabras menos, el integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción sostuvo que nadie sabe qué se ha hecho y el estado que guardan todas las acciones y procedimientos que se han iniciado o se debieron llevar a cabo para castigar posibles conductas relacionadas con la corrupción.
Se supone que se hace algo pero nadie sabe si en realidad se está trabajando o se mantiene la simulación que ha prevalecido en los últimos años.
Absurdo, pero esa es nuestra realidad.
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