Hace unos días terminó el plazo para que los responsables de los diferentes entes fiscalizables de la entidad solventaran las observaciones recibidas y evitaran los procesos de cargos que el Órgano de Fiscalización Superior ya ha empezado a aplicar y que terminarán en denuncias ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
Lo que también está en revisión son las primeras cuentas públicas del primer cuatrimestre de las actuales administraciones municipales, proceso que está permitiendo detectar aviadores, los ediles que han recurrido a proveedores a modo, gastos superfluos, casos de nepotismo y otras anomalías que terminarán por exhibir a los alcaldes y alcaldesas.
De acuerdo con la información que se ha manejado en la inoperante Secretaría de la Función Pública a cargo de la ex priista Eréndira Cova Brindis, las anomalías estarían detectadas y documentadas en la Oficialía Mayor de Gobierno que en la administración pasada controló el marianista Luis Miguel Álvarez Landa, así como en la Secretaría de Seguridad Ciudadana bajo el mando de Eduardo Valiente Hernández.
También se encuentra la Secretaría de Educación Pública donde despachó Roberto Lima Morales, al igual que su hermano René Lima Morales que controló la Secretaría de Salud.
Esos ex colaboradores del entonces gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez muy probablemente tendrán que responder por esas irregularidades y si al final quieren evitarse conflictos con la ley deberán establecer acuerdos resarcitorios.
Uno de los funcionarios menistas que ha hecho todo posible por salvar su reputación y prestigio es Eduardo Valiente, sin embargo a la fecha no ha podido entregar ni mostrar cómo opera un programa tecnológico que adquirió para reforzar la seguridad en Tlaxcala.
El ex secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala autorizó un gasto de casi 10 millones de pesos en un programa que jamás se ha podido utilizar y que nadie ha operado porque sencillamente no está disponible en ninguna computadora de esa dependencia estatal.
En la Secretaría de Educación Pública que hoy dirige el maltratado y endeble Homero Meneses Hernández, se han empezado a ser tontos para cumplir con las resoluciones de auditorías federales y estatales, por lo que no existe la certeza de que en esa dependencia sea efectivo el combate a la corrupción.
El hoy cuatrotero funcionario estatal que antes de asumir el cargo gustaba de pronunciar discursos incendiarios para ganar votos a favor del proyecto de Lorena Cuéllar Cisneros y prometer que Morena y la futura gobernadora acabarían con la corrupción, sencillamente se olvidó de sus arengas y sus bravuconadas para encubrir y tolerar varias anomalías cometidas por priistas.
Hay una auditoría que ordena a Homero Meneses restituir a la Federación los recursos que la SEPE pagó a casi 100 maestros y trabajadores del sector educativo, quienes habrían recibido dos salarios cuando uno no está debidamente justificado.
Entre esos se encuentra Tomás Munive Osorno, el ex secretario de Educación en la administración de Mariano González Zarur, así como ex dirigentes del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
La estructura priista que aún está incrustada dentro de la administración pública estatal no ha dejado de operar en contra del gobierno de Lorena Cuéllar, sin embargo su exceso de confianza los llevó a cometer errores que pagarán muy caro, como fue el hecho de sustraer de manera ilegal más de 5 mil permisos para circular sin placas y que fueron comercializados irregularmente en algunas agencias automotrices.
A Luz María Vázquez Ávila, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte no le ha temblado la mano para actuar en consecuencia y lo mismo inició los procesos administrativos en la Secretaría de la Función Pública que las acciones penales en la Procuraduría General de Justicia en el Estado, por lo que habrá consecuencias por esas anomalías en las que están involucrados personal de la dependencias y particulares.
Pronto habrá noticias sobre los ex funcionarios estatales que piensan que son intocables.
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