Una soterrada pero despiadada lucha interna es la que se vive al interior del Poder Judicial a sólo seis días de que se conozca quién será el próximo presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado por los próximos dos años.
El lorenismo quiere imponer a una de las suyas en esa posición a través de la bisoña magistrada Fanny Margarita Amador Montes, quien su único mérito es ser esposa del ex orticista y ex consejero electoral Oscar Lobatón Corona, actual delegado de la Secretaría de Gobernación.
Los lorenistas de conveniencia como Héctor Maldonado Bonilla cuyo pasado marianista lo persigue, no descarta lograr la reelección una vez que ha mostrado disciplina y obediencia a la actual gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, pero por las dudas impulsa la llegada de la gris abogada y pésima ex consejera electoral que le debe su actual posición al PRI y al ex gobernador Mariano González Zarur, la farisea magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas.
Los otros cuatro magistrados restantes, las lorenistas como Marisol Barba Pérez y Anel Bañuelos Meneses tienen muy pocas posibilidades de acceder a esa posición. Lo mismo pasaría con Fernando Bernal Salazar y el chafa ex fiscal anticorrupción Pedro Sánchez Ortega.
Bernal Salazar carga un pesado estigma de corrupción y de deslealtad que le ha generado la rumorología, porque en la realidad no se le ha comprobado ninguna transa o alguna acusación concreta de traición. Sánchez Ortega representa los intereses del castrado ex gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y del obscuro ex procurador de Justicia de Tlaxcala, José Antonio Aquiahuatl Sánchez.
Las acusaciones y señalamientos para desacreditar a los actuales magistrados están a la orden del día y estos van desde tráfico de influencias, el agandalle de plazas y de ciertos privilegios económicos, hasta negocios realizados al amparo del poder y la venta de 12 puestos permanentes de trabajo en contubernio con el amañado “Sindicato 7 de Mayo”, negocio que habría representado una ganancia de más de 6 millones de pesos. Esa ilegal operación se dice que estaría documentada (existen pagarés firmados) y que no sería raro que se hiciera pública en los próximos días, situación que afectaría a un magistrado y a una influyente ex funcionaria del Poder Judicial de Tlaxcala.
A más tardar el próximo martes 1 de febrero se sabrá quién se hizo de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del control del Consejo de la Judicatura, donde por cierto el representante del Ejecutivo en ese organismo que administra los recursos y controla al personal, el abogado Rey David González González brilla por su inactividad porque lejos de reportar “las cosas raras” que se registran en el Poder Judicial sólo se limita a dar su aval y a disfrutar de la beca que obtuvo gracias a su cercanía con el hoy poderoso notario Antonio Flores Sánchez.
Se espera que el próximo presidente del Poder Judicial de Tlaxcala logre terminar su periodo de dos años, es decir, hasta el 31 de enero del 2024, ya que la inestabilidad es la constante desde hace algunos años.
En junio del 2019 los magistrados se unieron y destituyeron de la presidencia a Héctor Maldonado cuando le faltaban 8 meses para terminar su periodo como presidente del TSJE. En su lugar fue designado el magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, quien entregó la estafeta al jurista Fernando Bernal que también fue removido de ese encargo el pasado 13 de agosto del 2021.
El lugar de Fernando Bernal lo ocupó por segunda ocasión el magistrado Héctor Maldonado, quien fue designado como presidente para culminar el periodo de su compañero que legalmente vence el 31 de enero de este año.
Pronto se sabrá si el lorenismo tuvo o no la capacidad de lograr el control del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
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