Han pasado cuatro meses desde que las nuevas autoridades estatales y municipales asumieron el poder y éstas siguen lanzando promesas de grandes cambios y transformación, cuando en los hechos sus gobiernos se mantienen sin dar sorpresas porque vienen operando al igual que lo hacían las pasadas administraciones.
A nivel estatal se apresuró una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que salió más errores que hoy se tratarán de corregir con nuevos cambios que pronto se darán a conocer, sin embargo uno no se explica cuál era la urgencia de crear nuevas dependencias y anunciar su funcionamiento a partir de enero de este año si ni siquiera se sabe quiénes son los responsables de esas áreas.
Por ejemplo se da como un hecho que el nuevo responsable de la Secretaría de Cultura es el protagonista Antonio Martínez Velázquez y que como jefa de la Coordinación General de Comunicación seguirá Angélica Domínguez Hernández, pues ambos al parecer ya fueron ratificados por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
Sin embargo, hasta este día nadie sabe quiénes ocuparán las secretarías de Bienestar, de Ordenamiento Territorial y Vivienda, de Trabajo y Competitividad, así como la titularidad de la Procuraduría del Medio Ambiente.
La gobernadora tuvo varias semanas o hasta meses para pensar quiénes serían los nuevos funcionarios estatales, pero empezó enero y la designación de esos colaboradores sigue siendo un misterio.
Quizá el contagio de Covid-19 que reportó la mandataria Lorena Cuéllar vino a retrasar los nombramientos, sin embargo lo prudente sería saber quiénes son los nuevos funcionarios, en qué oficinas despachan y qué harán a partir de ahora.
Ayer se informó que ya se instaló la comisión que se encargará de coordinar la transferencia de atribuciones, asuntos y recursos a las nuevas dependencias estatales que entraron en operaciones a partir del 1 de enero de 2022 y que además tendrán un plazo de 120 días, contados a partir del nombramiento de su titular, para la elaboración, revisión, aprobación y expedición de su reglamento interior, en términos del Programa de Reingeniería Gubernamental del Estado de Tlaxcala y el Plan de Reestructura de la Administración Pública Estatal.
Con lo anterior queda claro que ni era tan urgente crear esas dependencias y que tampoco era tan necesaria su puesta en marcha en enero de este año. Total se puede gastar en más burocracia y esperar que los nuevos funcionarios y su estructura administrativa aprendan y tengan todos los elementos y equipos para ponerse a trabajar y después dar resultados.
No entiendo para qué hablar de un proceso de reingeniería gubernamental y apresurar los cambios cuando en los hechos se viene operando y haciendo lo mismo que hicieron los gobiernos priistas que encabezaron el hacendado Mariano González Zarur y el intermitente Marco Antonio Mena Rodríguez.
Pero no crea que sólo en la administración estatal vemos estas inconsistencias, porque ayer el limitado alcalde morenista de la capital tlaxcalteca, Jorge Corichi Fragoso, se aventó la puntada de prometer una mejor ciudad para vivir.
El iluso presidente municipal sigue ofreciendo las mismas promesas que hizo durante su campaña y que en los hechos ya quedó demostrado que no cumple. A través de un mensaje, el morenista dijo que la seguridad se mejorará y que los tlaxcaltecas podremos vivir más tranquilos, lo cual según él lo logrará porque contratará a más policías que estarán certificados y porque comprará más patrullas con tecnología moderna que tendrán radios de comunicación y cámaras para grabar toda su labor.
Es absurdo que el torpe Corichi hable de mejorar la seguridad cuando se esconde y no habla de los crímenes violentos registrados en la ciudad que gobierna y que tienen que ver con la aparición de dos cuerpos mutilados en la comunidad de Tizatlán. Tampoco quiere enfrentar la cruda realidad del imparable robo de automóviles y de autopartes por toda la ciudad.
Sencillamente el alcalde Jorge Corichi miente cuando asegura que el 2022 será un año en el que se privilegiará la seguridad de todas y todos. O no.
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