La relación del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo difícilmente volverá a ser cordial y de sumisión del segundo con el primero y menos después de que los diputados ya comprobaron que son capaces de imponerse a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
La gobernadora no le quiere deber nada a los diputados locales y éstos saben que no lograran el fondo moches y aumentar sus beneficios económicos si se mantienen en la órbita e influencia de la mandataria morenista, de ahí que una vez revisado el Presupuesto de Egresos del 2022 empezarán a meter tijeras para realizar recortes y evidenciar que la nueva administración estatal no está justificando correctamente todos los gastos que pretende realizar el próximo año.
Por ejemplo, la Secretaría del Medio Ambiente tiene etiquetados más de 99 millones de pesos, de los cuales 61.1 millones son para gasto administrativo y sólo 27.3 millones de pesos se destinarán para el Parque Nacional Malinche.
Lo grave es que van tres meses de la actual administración y es la fecha que el responsable de esa dependencia, el morelense Luis Antonio Ramírez Hernández, no puede entregar ni resolver los dictámenes de impacto ambiental que requieren las empresas o establecimientos comerciales para operar.
No lo cuente pero en la Secretaría del Medio Ambiente nadie sabe del tema y sencillamente no saben resolver esos elementales asuntos burocráticos que tienen paralizada e funcionamiento de una gasolinería que no puede operar, por esa negligencia que también se registra en la Coordinador de Protección Civil a cargo de Juvencio Nieto Galicia, quien también debe emitir un dictamen.
Otro dato que no les gustó a los diputados que están llevando a cabo el análisis del presupuesto, fue la determinación de aumentar exponencialmente el gasto de la extinta Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana hoy Coordinación General de Planeación e Inversión de Tlaxcala que de 8 millones de pesos pasará a disponer de más de 50 millones de pesos, cuando su titular, Gimena Lara Pérez, tiene, según dicen, una presencia intermitente en su oficina y su trabajo sencillamente no se ve por ningún lado.
Tampoco les resultó muy agradable ver que el nuevo gobierno de Lorena Cuéllar tenga previsto etiquetar a la recién creada Secretaría del Bienestar del estado un presupuesto por más de 465 millones de pesos, cuando una cantidad similar era la que se ejercía en la administración priista de Marco Antonio Mena Rodríguez para atender la pobreza extrema a través del Programa Supérate, lo cual se hacía utilizando el mismo aparato burocrático del gobierno.
Los legisladores y las legisladoras han elaborado un resumen ejecutivo en donde al parecer todos están en contra de que Lorena Cuéllar y sus hijas Mariana Espinoza de los Monteros Cuéllar (DIF Estatal) y María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar (Secretaría del Bienestar) dispongan de más de 13 mil millones de pesos que el gobierno morenista pretende destinar en programas sociales en Tlaxcala durante el 2022.
Esa enorme cantidad representa en términos reales más del 50 por ciento del presupuesto total que tendrá Tlaxcala para el siguiente año y que se estima en más de 22 mil millones de pesos.
Se dice que la oficina de la gobernadora de Tlaxcala también dispone de una partida superior a los mil millones de pesos al año y que se ejerce discrecionalmente, la cual podría ser sometida a una revisión a fin de garantizar que haya certeza y transparencia en su aplicación.
El jaloneo por el presupuesto de egresos del 2022 ya comenzó y no se descarta que los diputados manden a citar al secretario de Finanzas, mejor conocido como “El Clavillazo”, David Álvarez Ochoa, para que explique y justifique las partidas porque sencillamente hay gastos que no están debidamente sustentados y no terminan por convencer a los legisladores.
Desde ahora hay quienes aseguran que al interior del Congreso de Estado ya existen los votos necesarios para realizar recortes y ajustes en el presupuesto, mismos que permitirá la creación del llamado “fondo moches” que se integra con una bolsa de 500 millones de pesos que son distribuidos por los 25 diputados locales que terminan por etiquetar 20 millones de pesos a proyectos que hayan recibido por parte de los 60 presidentes municipales de Tlaxcala.
La ausencia de operadores efectivos del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo es evidente, de ahí que la relación entre ambos será tensa, complicada y hasta de confrontación.
Veremos en qué termina la novela del presupuesto de egresos del 2022.