Las denuncias penales y procedimientos administrativos contra ex presidentes municipales, ex funcionarios estatales y ex diputados siguen siendo un tema marginal en los medios de comunicación y entre la clase política, pero que quizá en las próximas semanas gane mayor relevancia, sobre todo porque la intención es que realmente se investiguen los casos de corrupción y se pongan las sanciones legales que procedan.

 

 

La información del número de denuncias presentadas y de procedimientos administrativos iniciados es limitada y confusa, pero créame que tarde o temprano tendrán que comparecer ante la justicia políticos y políticas que quizá nunca imaginaron que enfrentarían esa situación y en circunstancias adversas porque, sus vínculos con la Cuarta Transformación, no les alcanzará para ser perdonados.

 

El caso más emblemático que existe para castigar la corrupción en las pasadas administraciones municipales es el de Panotla, pues la alcaldesa morenista Felicitas Vázquez Islas ordenó la presentación de 29 denuncias que incluyen al voraz ex edil perredista Eymard Grande Rodríguez y a su séquito de ex funcionarios que, al parecer, se despacharon con la cuchara grande.

 

No lo cuente en voz alta porque el presidente municipal de Tlaxcala, Jorge Corichi Fragoso, busca llevar con sigilo una denuncia que ya presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado contra la ex alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos Zempoalteca, quien deberá demostrar que ella no es la responsable de algunos presuntos malos manejos financieros del ayuntamiento.

 

Se desconocen las razones por las cuales Jorge Corichi ha mantenido en secreto ese procedimiento, cuando unas semanas atrás intentó montar un circo en la PGJE para presumir la denuncia contra el ex director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala (Capam), Antonio Robles Pineda, ex funcionario que se encuentra más que preocupado por el rumbo que han tomado las investigaciones, sobre todo porque cada vez queda más demostrado su culpabilidad es ciertos desvíos millonarios del organismo.

 

El silencio de Jorge Corichi a lo mejor se debe a que por alguna extraña razón ha percibido que para el caso de los ex funcionarios del ayuntamiento capitalino hay dos varas para medir y llevar a cabo los procedimientos sancionadores, porque mientras para unos ex colaboradores se les aplica a rajatabla los plazos establecidos por el Órgano de Fiscalización Superior a otros, como la priista Anabell Ávalos, se le da prórrogas que legalmente serían improcedentes.

 

El presidente municipal de Tlaxcala tarde o temprano tendrá que confirmar la denuncia que su administración presentó contra Anabell Ávalos y si es congruente se quejará públicamente de la supuesta protección que alguien está dando a la priista, porque hasta el momento lo hace sólo en privado.

 

En el caso del gobierno del estado se desconoce cuántos ex funcionarios menistas enfrentarán procedimientos penales y administrativos, pero seguramente serán varios porque algunos fueron voraces que no sólo gastaron recursos de meses que no les correspondía ejercer (septiembre a diciembre de este año), sino que desaparecieron materiales de oficina, equipos de cómputo, máquinas, cuadros de arte y otros objetos de valor.

 

Y entre los ex diputados que podrían ser llamados a cuentas, anote en primer lugar al morenista de ocasión y priista de corazón, Rafael Ortega Blancas, quien por tres años manejó discrecionalmente los fondos del Comité de Administración del Congreso del Estado.

 

Se especula que ya se han detectado varias anomalías financieras durante su administración que terminarán en la PGJE, por lo que no se descarta que el también matador de toros sea citado ante la justicia para que trate de justificar y explicar sus excesos.

 

El próximo año será clave para conocer hasta dónde será real y efectiva la lucha contra la corrupción, debido a que será en los primeros meses del 2022 cuando se tengan integrados los primeros expedientes que involucrarán a los ex funcionarios menistas, ex diputados locales, ex alcaldes, ex tesoreros y demás colaboradores que incurrieron en turbios manejos financieros que serán castigados.

 

Ojalá veamos que la promesa de castigar la corrupción sea una realidad, porque de promesas incumplidas ya estamos cansados los tlaxcaltecas.

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