En los próximos días veremos qué tan efectiva y real será la austeridad no sólo en el poder Ejecutivo, sino también en el Legislativo y Judicial, una vez que se presenten y se empiecen a analizar los presupuestos de egresos para el 2022 que siguen siendo un misterio, sobre todo porque serán los primeros planes financieros que elaborará el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros y los actuales diputados locales que muchos prometieron terminar con los excesos y los privilegios.
Por ejemplo, se desconoce si el presupuesto de la administración estatal incluirá o no la partida económica de 50 millones de pesos para garantizar la operación de la Procuraduría del Medio Ambiente, dependencia que se pretendía crear en estos días, pero que ha encontrado más trabas que apoyo por parte de los legisladores que no sencillamente no creyeron el burdo argumento de la diputada fifí morenista Marcela González Castillo, quien les aseguró que tal propuesta debía ser avalada porque era una instrucción de la gobernadora.
También se podrá saber cuánto costará a las tlaxcaltecas tener una Secretaría del Bienestar y cuánto del total del presupuesto estatal estimado en más de 22 mil millones de pesos se destinará a programas para combatir la pobreza en la entidad.
Las comparaciones estarán a la orden del día y sobre todo los análisis financieros tendientes a comparar si este nuevo gobierno con sello morenista invierte más en programas sociales y obras o la administración del priista Marco Antonio Mena Rodríguez destinaba más recursos en esos dos rubros. Habrá datos duros para verificar si la estructura burocrática ha aumentado, se mantiene la misma o ha disminuido con el propósito de lograr ahorros.
Al interior del Poder Ejecutivo se han detectado las áreas en donde es posible lograr ahorros y desde hace semanas se han aplicado las medidas administrativas para alcanzarlos, de ahí que ha trascendido que también se ha llevado a cabo un análisis de los recursos que dispone el Congreso del Estado con el propósito de sugerirle a ese poder bajo el mando del legislador morenista Rubén Terán Águila una política de austeridad que elimine los excesos que reciben los representantes populares.
Se dice que existe una propuesta que buscaría desaparecer del presupuesto de egresos del Poder Legislativo las partidas conocidas como las 240 y 720 que suelen repartirse los diputados locales y que les representa un ingreso extraordinario.
La partida 240 se entrega en dos meses y en cada uno los legisladores reciben un cheque de 120 mil pesos, es decir, ese dinero es adicional a lo que reciben por salario, apoyo para gestión y gasolina.
Adicionalmente, los 25 trabajadores legisladores tlaxcaltecas reciben la partida 720 que se distribuye en los primeros tres meses del año con un cheque mensual de 240 mil pesos hasta completar 720 mil pesos que se deben sumar a los ingresos antes mencionados.
Y para que los diputados no vean mermados sus ingresos y afectado su buen nivel de vida alcanzado sólo por llegar a una oficina del edificio de la calle Allende, existe otra partida de un millón de pesos que cada uno recibe durante siete meses en los cuales se embolsan un cheque de casi 142 mil 857 pesos.
La anterior partida financiera se asegura que la autorizó la administración del priista Marco Mena, quien siempre encontró complicidad y el respaldo de los anteriores diputados, sobre todo para sus iniciativas o asuntos de importancia.
Habrá que ver si los diputados locales (Morena, PT, Nueva Alianza y el Verde Ecologista) que forman parte de la Cuarta Transformación que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aceptan que esas partidas se cancelen y los recursos económicos se destinen a otras acciones a fin de hacer realidad sus discursos de austeridad y de acabar con los excesos del pasado.
Otro fondo que se pretende cancelar es el creado en la legislatura pasada por 500 millones de pesos que los diputados manejan para asignar recursos para obras en los 60 ayuntamientos de Tlaxcala, el cual según la postura de las nuevas autoridades estatales se presta para fomentar la corrupción.
Las negociaciones para el presupuesto serán complicadas y seguramente la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se tensará, sobre todo porque hay diputados como el neo petista Miguel Ángel Covarrubias Cervantes que no pierde la oportunidad para criticar la intromisión de la gobernadora Lorena Cuéllar en asuntos que, según él, sólo les corresponde tratar a ellos, postura que aunque no lo crea cada día gana más simpatías.
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