Si bien el nuevo gobierno de Tlaxcala ha sabido manejar y superar el problema de la salud y el de la pandemia de Covid-19, la realidad es que no ha pasado lo mismo con la inseguridad que conforme pasa el tiempo se agrava y, lo que es peor, no se visualiza que en esa materia las cosas vayan a mejorar en el corto plazo.

 

 

La administración de Lorena Cuéllar Cisneros decidió invertir y solucionar el desabasto de medicinas en clínicas y hospitales, mejorar la atención a los pacientes de Covid-19 tanto en los nosocomios como aquellos que decidían llevar a cabo su convalecencia en sus casas, pues desde hace unas semanas se ofrece a los enfermos tlaxcaltecas oxígeno gratuito.

 

La probable crisis que se pronosticaba en el sector salud de Tlaxcala se contuvo y hasta se superó. La vacunación de la población de mayores de 18 años contra el Covid-19 se ha cumplido y prácticamente se están generando las condiciones para normalizar las actividades en la entidad, las cuales han estado restringidas o limitadas desde marzo del 2020.

 

Hoy el regreso de las clases presenciales por parte de la mayoría de los estudiantes es casi un hecho y se espera que Tlaxcala se mantenga permanentemente en color verde del semáforo epidemiológico.

 

Sin embargo, no se puede hablar de resultados positivos en materia de seguridad pese a los esfuerzos y la inversión realizada en los últimos días por el gobierno del estado para tratar de frenar la ola delictiva en Tlaxcala.

 

Hechos violentos como el registrado al inicio de esta semana donde un comando armado ingresó a la vivienda del ex presidente municipal de Panotla, Eymard Grande Rodríguez, para tratar de cometer un atraco que tuvo un desenlace fatal con el asesinato de una persona han generado incertidumbre y miedo entre la población que se siente vulnerable e insegura.

 

El silencio y hasta la indiferencia mostrada por la procuradora de Justicia, Ernestina Carro Roldán, sobre ese lamentable suceso y otros crímenes de alto impacto ha resultado contraproducente, debido a que la percepción que se está generando entre los tlaxcaltecas es que ella y su limitado equipo de colaboradores no trae el control de la dependencia y que carece de la capacidad para resolver no sólo el anterior homicidio doloso, sino otros más que siguen impunes en Tlaxcala.

 

Y por si lo anterior no fuera suficiente, ahora hay que sumar el escándalo en el que se encuentra involucrado el secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, Alfredo Álvarez Valenzuela, quien desde agosto pasado enfrenta una acusación penal por un supuesto hostigamiento sexual agravado por parte de la abogada Erandy N. que trabajaba en la Secretaría de Seguridad federal.

 

La denuncia que es investigada por la Fiscalía General de la República está vigente y de acuerdo con la información disponible, el funcionario estatal deberá comparecer en próximos días en un juzgado federal a una audiencia donde se le imputa su probable comisión del delito de hostigamiento sexual agravado.

 

Ese funcionario seguramente está más preocupado en atender su problema legal que en supervisar y diseñar las estrategias de seguridad para el estado, pues es obvio que se encuentra distraído porque ningún tlaxcalteca ha percibido una mejoría en esa materia desde hace dos meses.

 

Los días pasan y nadie puede soslayar que la piedra en el zapato en el arranque del nuevo gobierno estatal es la seguridad que incide en la gobernabilidad de la entidad.

 

La gobernadora Lorena Cuéllar será la que finalmente decida si después de los primeros cien días de su administración realiza ajustes o mantiene al personal y el rumbo pensando que con el tiempo mejoraran las cosas, ya que el tema de la seguridad tarde o temprano empezará a influir en el ánimo de los tlaxcaltecas que podrían evaluar negativamente al gobierno.

 

En lo personal creo que en materia de seguridad se debe cambiar y corregir porque si estamos mal.

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