El silencio de la Procuraduría General de Justicia en el Estado que controla la ex magistrada Ernestina Carro Roldán en torno al lamentable suceso violento registrado la madrugada del lunes en el municipio de Panotla, cuando un comando armado ingresó a la casa de los padres del ex alcalde Eymard Grande Rodríguez para llevar a cabo un supuesto atraco que terminó en el asesinato de Zenaido Grande, está generando confusión, incertidumbre, miedo y dudas porque pareciera que ante un hecho de tal magnitud la autoridad no hace absolutamente nada.
Han pasado las horas y el único que ha dado su versión es el propio ex presidente municipal perredista Eymard Grande, quien en una entrevista rechazó que ese hecho se tratara de un ajuste de cuentas o alguna otra situación, porque está seguro que la decena de hombres fuertemente armados que ingresó a la vivienda donde se encontraba iba por el dinero que según los maleantes se había “robado” en el tiempo que se desempeñó como edil de Panotla.
El asalto se salió de control, porque cuando mi padre intentó ayudarnos a mí y a mí hermano, los delincuentes se pusieron nerviosos y accionaron sus armas contra él, por lo que a los pocos minutos y después de no encontrar “el supuesto dinero en efectivo” procedieron a darse a la fuga, declaró el ex alcalde.
Si hubo un presidente municipal que estuvo involucrado en escándalos y acusaciones de desvíos de recursos públicos fue Eymard Grande.
En lo que fue la revisión de la cuenta pública del 2018 que fue aprobada pese a tener irregularidades financieras, los diputados locales detectaron un manejo financiero irregular por más de 18 millones de pesos, de los cuales el 50 por ciento se presumía que había sido utilizado de manera incorrecta porque estaba catalogado como daño patrimonial..
Pero los malos manejos de los recursos públicos siguieron, pues la cuenta pública del 2019 también observó anomalías arrojando un presunto daño patrimonial superior a los 13 millones de pesos, cantidad similar que por alguna extraña razón se repitió en el ejercicio fiscal del 2020, sólo que dentro de esas inconsistencias se detectó la utilización de fondos en fines distintos a los autorizados, así como pagos de gastos improcedentes y la inexistencia de obra pública, mismos que acumulaban más de 10 millones de pesos.
Llama la atención que Eymard Grande haya salido a declarar que el comando armado iba por dinero y que éste se fue porque no encontró nada. Es obvio que si los maleantes se llevaron algo, el ex alcalde no lo va a reconocer y menos a declarar porque sencillamente no tendría la manera de justificar y comprobar el origen de esos fondos.
Si el perredista buscaba exculpar al actual gobierno de la inseguridad que prevalece en Tlaxcala y bajar la presión ciudadana hacia las autoridades, se equivocó porque sus declaraciones generan muchas dudas y porque ahora cualquier político, ex servidor público o actual funcionario ya no podrá estar tranquilo ni en su casa debido a que en cualquier momento se puede presentar un comando armado para tratar de robarlos.
La procuradora Ernestina Carro debe hacer algo y tratar de detener urgentemente a ese grupo de delincuentes fuertemente armados que operan en Tlaxcala con total impunidad.
No ha pasado un año y nuevamente un tlaxcalteca es víctima de un comando. El pasado 24 de noviembre del 2020 se registró un hecho similar en la capital del estado que involucró a la presidenta municipal de Tlaxcala, la priista Anabell Ávalos Zempoalteca.
La noche de ese día, sujetos armados irrumpieron en el domicilio de la entonces alcaldesa que se ubicaba en la comunidad de Ixtulco, de donde sustrajeron objetos y los teléfonos celulares de 16 trabajadores del ayuntamiento que en ese momento se encontraban en el interior del inmueble preparando el cuarto informe de gobierno.
La aspirante a la candidatura al gobierno de Tlaxcala por el PRI reveló que el grupo de personas armadas también había amagado a su hijo y que los maleantes se fueron sin llevarse dinero.
En esa ocasión el intermitente gobernador Marco Mena lamentó el hecho y se comprometió a dar información sobre el avance de las investigaciones, lo cual nunca sucedió porque pese al aparatoso despliegue que hizo la Procuraduría General de Justicia del Estado a cargo del nefasto José Antonio Aquiahuatl Sánchez no tuvo ningún resultado sobre ese lamentable suceso.
De nada sirvió que se hubiera desplegado a peritos criminalistas, oficiales de la Policía de la Investigación y que la PGJE realizara tanto alarde de fuerza porque las diligencias e indagatorias para conocer la forma cronológica del intento de atraco de la casa de Anabell Ávalos y con ello trazar diferentes líneas de investigación no arrojaron ningún resultado y ese ilícito sigue impune y sin castigo.
Ernestina Carro tiene la obligación de dar resultados y romper con la inercia tan nefasta y negativa que hay en la PGJE, porque sería lamentable y decepcionante que este hecho registrado en Panotla en la casa de Eymard Grande quedará impune, como otros asesinatos que se han cometido en las últimas semanas.
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