Pronto se verá realmente la capacidad del actual secretario de Finanzas de gobierno de Tlaxcala, David Álvarez Ochoa, pues no sólo deberá elaborar un nuevo presupuesto de egresos que considere el gasto para las nuevas secretarías que empezarán a operar a partir del 1 de enero del 2022, sino que también tendrá que encontrar los recursos suficientes para financiar los programas sociales, pero lo más importante es que deberá mostrar pericia y experiencia para evitar que los diputados encuentren la forma de crear nuevamente el fondo de obras y acciones en los municipios.
La administración de Lorena Cuéllar Cisneros lejos de desaparecer y reducir la actual estructura del gobierno estatal optó por incrementarla, por lo que hasta ahora no se sabe con exactitud cómo se distribuirán los cerca de 22 mil millones de pesos que tiene pensado manejar durante el próximo año, sobre todo cuando iniciará operaciones la Secretaría del Bienestar que se encargará de los programas sociales y atenderá a los tlaxcaltecas en situación de pobreza.
La anterior legislatura aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que llevó una rápida adecuación de algunas dependencias que cambiarán de nombre o que en unas semanas dejarán de ser coordinaciones o institutos para convertirse en secretarías como la Coordinación General de Ecología que pasará a ser la Secretaría del Medio Ambiente y el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura que se transformará en la Secretaría de Cultura.
Hay dependencias estatales que ya no tienen razón de ser y que bien podrían desaparecer porque implican un gasto innecesario, como el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa que en los últimos dos años del gobierno del priista Marco Antonio Mena Rodríguez se convirtió en una figura decorativa o la Coordinación del Servicio Social de Instituciones de Educación Superior (Cossies) que sólo se dedica a firmar convenios.
Las funciones de ambas dependencias las podría absorber sin ningún problema la Secretaría de Educación Pública porque hoy en día los recursos para el mantenimiento y mejora de las escuelas los manejan y administran los propios padres de familia que se encargan de las obras. Por lo que toca a la asignación de los jóvenes que realizan su servicio social en las dependencias estatales y ayuntamientos no resulta una labor complicada que amerite mantener a un organismo para que sólo haga ese trabajo.
Han pasado tres quincenas desde que el nuevo gobierno asumió el control de los trabajadores estatales y es la fecha que algunas áreas de la administración tienen dificultades para cubrir el salario a los empleados, situación que está generando malestar y no se descarta que se registre una protesta por la falta de planeación y capacidad de David Álvarez.
Hasta ahora el nuevo secretario de Finanzas no ha informado y ni tampoco ha precisado de dónde sacará los fondos que deberá etiquetar para garantizar la operación de la Secretaría del Bienestar y cuánto dispondrá esa nueva área a partir del 2022, así como cuáles serán las partidas que manejará para financiar los programas sociales y de combate a la pobreza.
Se dice que en el siguiente año se buscará que los diputados locales no dispongan de los 500 millones de pesos que se venían etiquetando para el fondo de obras y acciones en los municipios, pues la intención es que el gobierno de Lorena Cuéllar concentre esos recursos y los distribuya a los 60 ayuntamientos sin que exista injerencia de los legisladores.
Ese fondo fue creado por la anterior legislatura que controlaba Morena y sus aliados del PT y el PEST, bancadas que impulsaron la creación de esa bolsa pese a la negativa que en su momento mostró el blandengue ex gobernador priista Marco Mena.
Hoy la mayoría de los diputados locales considera la posibilidad de mantener ese fondo y para lo cual tienen pensado revisar con lupa y a detalle el presupuesto de egresos que enviará el bisoño secretario de Finanzas, David Álvarez, quien podría llevarse una sorpresa si es que no amarra y justifica cada una de las partidas que proponga.
El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, el morenista Rubén Terán Águila, intentará que la instrucción de la mandataria Lorena Cuéllar se acate respecto a eliminar la mencionada bolsa, sin embargo esa tarea no será nada fácil porque el consenso interno de la mayoría de los legisladores es conservarla, aunque tal decisión implique tensar la relación con el Poder Ejecutivo.
Las negociaciones para el presupuesto de egresos no serán sencillas y las confrontaciones serán inevitables.
Y ya que hablamos de confrontaciones, deje contarle que esta semana podría ser clave para el rompimiento entre las actuales autoridades capitalinas y las que se fueron, pues las denuncias penales para castigar los presuntos malos manejos detectados en algunas áreas y organismos municipales se empezarán a presentar, lo que sin duda pondrá los nervios de punta a más de cinco ex funcionarios.
No se sabe si el primero en enfrentar la ley será el valemadrista ex secretario del ayuntamiento de Tlaxcala, Víctor Hugo Gutiérrez Morales, quien nunca concluyó la entrega recepción, o el ex director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, Antonio Robles Pineda, a quien ya le encontraron muchas transas que al parecer están bien documentadas.
Pronto se sabrá.
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